CON LA COMPLACENCIA DE JAVIER DUARTE, DESPOJAN
VIOLENTAMENTE POR MEDIO DEL ENGAÑO, HOSTIGAMIENTO E INTIMIDACIÓN A LOS
PROPIETARIOS PARA QUE EMPRESAS DEL SECTOR ENERGÉTICO DE LA FAMILIA GONZÁLEZ
GUAJARDO….
En fechas recientes organizaciones de derechos humanos denunciaron ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la reforma neoliberal
energética, hoy hecha Ley, violenta de manera flagrante los derechos humanos de
quienes se ven afectados por la imposición de proyectos hidroeléctricos,
mineros, gasoductos, extracción de hidrocarburos, entre otros.
Un claro ejemplo de lo que se ha denunciado en el ámbito internacional
somos los afectados por la imposición de la hidroeléctrica “El Naranjal” en el
Municipio de Cuichapa, que denunciamos:
En el caso particular de la hidroeléctrica “El Naranjal”, la
manipulación de información por parte de los representantes de la empresa y la
aquiescencia del Estado en beneficio de ésta, han generado incertidumbre en las
comunidades afectadas pues somos constantemente hostigados, intimidados y
amenazados para obligarnos a vender nuestras tierras por un precio miserable
que no tiene comparación con el lucro que obtendrán los empresarios del
proyecto, que además traerá como consecuencia el desplazamiento forzado de
cientos de familias, por afectar indudablemente nuestro estilo de vida al
despojarnos de la tierra como nuestro medio de sustento.
Así por ejemplo, aprovechándose de las necesidades de la región, Isidro
Javier Tobias de la Rosa, representante de la empresa promotora, ha realizado
diversos contratos de arrendamiento, compra-venta y promesa de compra-venta con
campesinos de la comunidad indígena de Zapoapita del municipio de Fortín de las
Flores y Zapoapan del municipio de Ixtaczoquitlan. Contratos ventajosos en los
cuales se establecen precios muy devaluados, respecto de los cuales haciendo la
operación aritmética correspondiente, indican un costo de .40 centavos
mensuales por metro cuadrado en arrendamiento, precisando que el total del
precio es único y definitivo, e incluso al concretarse la compra-venta, este se
señala como valor final. Compras de terreno que no corresponden al 70% del
territorio necesario para la hidroeléctrica, como lo ha hecho creer la empresa.
Estas son algunas de las razones por las que el Ejido de Cuichapa
solicitó la protección y justicia federal mediante juicio de amparo número
904/2014, radicado en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito del Séptimo
Circuito con residencia en Córdoba, Veracruz. Amparo que fue resuelto el pasado
cuatro de marzo de dos mil quince, decretando el sobreseimiento; esto es, que el
Juez de Distrito no analizó las violaciones planteadas por considerar que no
acreditamos interés legitimo, es decir, no acreditamos que dicho proyecto
afecte nuestro territorio. Omite el juzgador considerar que, consta en el
propio informe rendido por la Comisión Reguladora de Energía, una de las
autoridades responsables por la emisión de la autorización para generación de
energía eléctrica, las constancias en que se indica que la casa de maquinas del
proyecto “el Naranjal” se instalará en predio de propiedad social perteneciente
al Ejido Cuichapa.Resolución que hemos impugnado, por lo que exhortamos al
Tribunal Colegiado en materia administrativa competente para resolver
ponderando la protección de los derechos humanos y no en favor de los intereses
de la oligarquía.
Si bien la empresa cuenta con una aprobación de manifestación de impacto
ambiental y la autorización para la generación de energía eléctrica,NO es
suficiente para la construcción del proyecto hidroeléctrico. Ya que estas
fueron otorgadas de manera condicionada y además requiere acreditar que cuenta
con la autorización para uso de aguas nacionales, el derecho de uso de suelo,
propiedad y posesión del territorio, concesión para la ocupación de terrenos
federales. Trámites con los que no cuenta hasta al momento. Cabe hacer mención
que la aprobación de la MIA, ya no es vigente, por lo que todo permiso o
licencia derivado de la misma resulta nulo.
De acuerdo a la información obtenida, nos queda claro que la
hidroeléctrica “El Naranjal” es una empresa de la oligarquía trasnacional
representada en la familia González Guajardo, cuyo patriarca es Claudio X.
González Laporte, mismo que con Carlos Salinas de Gortari fue nombrado
"asesor para asuntos empresariales" del mismo presidente de la
República, cargo que ocupó durante todo el sexenio. En 2003 fue el principal
cabildero para que el gobierno mexicano con Vicente Fox dieran su voto a favor
en el Consejo de Seguridad de la ONU para la intervención militar de EEUU a
Irak, esto a pesar de ir en contra de los principios del artículo 89 de nuestra
Constitución. En 2009 fue uno de los principales promotores del cierre de Luz Y
fuerza del Centro, fuente de empleo de miles de trabajadores del SME.
Actualmente preside el Consejo de Administración de Kimberly Clark de México
(en la misma empresa su hijo Pablo González Guajardo es el Director General) y
el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), al que pertenecen directivos de Grupo
Posadas, Industrias Peñoles, FEMSA, Alfa, Bachoco, Banamex, Bimbo, entre otras.
González Laporte es o ha sido miembro de los consejos de administración de
Grupo Carso, América Móvil, General Electric, Unilever, Home Depot, Kellogg’s
Company, Televisa renuncio el año pasado por supuesto conflicto de interés, ya
que su hijo Pablo González se unió al Comité Estratégico de América Movil.
Otros de sus hijos, Claudio X. González Guajardo, ex vicepresidente
corporativo de Televisa, es Presidente de Mexicanos Primero, este personaje de
la oligarquía incidió en la imposición de los lineamientos de la reforma
neoliberal educativa hoy hecha ley. Coordinador de asesores de Luis Téllez
durante la campaña presidencial de Ernesto Zedillo, en 1994, fue el jefe de
unidad de prospectiva y proyectos especiales de la Presidencia. Junto a
Fernando Landeros fundó organizaciones filantrópicas como Teletón, Lazos,
México Unido y Únete. Como filántropo modelo, su ambición no tiene límites, en
julio de 2004, el diputado Omar Ortega Álvarez denunció en tribuna la donación
irregular de 44.7 millones de pesos que la Lotería Nacional hizo a la Unión de
Empresarios para la Tecnología en la Educación (Unete), una de las
organizaciones que González Guajardo preside. Reconocido por las instituciones
de los legionarios de Cristo, orden fundada por Marcial Maciel, acusado de abuso
sexual a menores, en 2006 le dieron la Medalla Anáhuac en Educación, y seis
años después el premio Impulsa al Emprendedor Social de 2012. Consejero de
diversas asociaciones educativas de claro corte conservador, como la Fundación
Carolina, formada por el Partido Popular español, dedicada a formar a las
élites de la derecha de América Latina. En junio de 2011 llamó a cerrar las
escuelas normales, según él “porque hay muchas muy mediocres y unas que son un
hervidero de política y de grilla”; y advirtió: “Se va a requerir de mucha
voluntad y de mucho valor y de que nos aguantemos la turbulencia, porque sin
turbulencia no hay cambio”. El 12 de diciembre de 2011 fueron asesinados por la
policía, en Chilpancingo, Guerrero, los jóvenes normalistas rurales de Ayotzinapa
Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera, cuando defendían su escuela.
Otro vástago y además gerente de “El Naranjal”, es Guillermo X González
Guajardo, quien tiene a su cargo una red de empresas dedicadas al sector
energético, entre ellas Protama, S.A. de C.V, Agroetanol de Veracruz
S.R.L. de C.V, Taller de Empresa, SC, por la texana TexMex Energy, y las
mexicanas Energía Azteca X, Gasoducto de la Huasteca, Hidroeléctrica Moctezuma,
Hidroeléctrica Moctezuma II, Hidroeléctrica Moctezuma III, Hidrorizaba (en
sociedad con los municipios de Boca del Río y Rafael Delgado), Hidrorizaba II,
Micase y el gasoducto Tamazunchale.
Parte de los socios en esta hidroeléctrica “El Naranjal” es: Joseph
María Córdoba Montoya, quien en su momento como jefe de la Oficina de la
Presidencia, fue el principal asesor y consejero de Carlos Salinas de Gortari
en su sexenio. Para el 2013 se convirtió en asesor de Luis Tellez Kuenzler,
Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Cordoba Montoya actualmente se
mueve en los negocios de materia energética, por medio de la empresa Proveedora
de Servicios de Energía, S.A. de C.V. de la cual es propietario, además ha
estado asesorando y cabildeando en favor de empresas como Tractebel, la Sempra
Energy, ésta última investigada en EEUU por corrupción y crimen organizado. No
es de dudarse que resultará favorecido por la reforma neoliberal energética.
Como vemos, la imposición de la hidroeléctrica “El Naranjal” nada tiene
que ver con beneficiar a las comunidades afectadas. Y sí mucho, con generar un
lucrativo negocio de “autoabastecimiento” para sus socios: Guillermo Jesús
González Guajardo, Crisoba Industrial s.a de c.v (con sede en San Martín
Texmelucan, Puebla), kimberly clark y Joseph María Córdoba Montoya.
Las empresas de Guillermo González Guajardo son un claro ejemplo del
negocio redondo de este puñado de explotadores que con la complacencia
administrativa de gobiernos Federal y estatales, como en este caso con Javier
Duarte, despojan violentamente por medio del engaño, hostigamiento e
intimidación a los propietarios para que empresas del sector energético de la
familia González Guajardo como TexMex Energy se dediquen a la importación de
energía eléctrica (la cual venden a la CFE y a municipios como Saltillo,
Coahuila, y Monclova, Sonora), y el resto de sus empresas tienen por objetivo
la generación de energía eléctrica en México para “autoconsumo del sector
privado”; aunque sus excedentes de producción son susceptibles de ser vendidos
a la propia Comisión Federal de Electricidad.
Finalmente hacemos un llamado a todas las comunidades afectadas por la
imposición de estos proyectos hidroeléctricos a iniciar un proceso de
coordinación y alianzas con el objetivo de hacer valer nuestro derecho a la
autodeterminación que como comunidades indígenas y campesinas tenemos; no
dudamos que ante nuestra determinación de no vender nuestras propiedades se
incrementen modalidades de violencia en contra de quienes nos estamos
organizando para defender nuestros recursos sociambientales. Por ello, hacemos
responsables a la familia González Guajardo, así como al Estado mexicano representado
por Enrique Peña Nieto, Javier Duarte de Ochoa, de la integridad física,
psicológica y moral de quienes exigimos la cancelación de la hidroeléctrica “El
Naranjal”, así como de las personas solidarias con nuestras demandas.
Combativamente
¡Por la defensa de la tierra y los
derechos del pueblos!
¡La tierra no se vende se trabaja y
se defiende!
¡Por la unidad obrero campesino!
¡Venceremos!
Ejido de Cuichapa del Municipio de Cuichapa,
Veracruz.
Colectivo “Defensa Verde Naturaleza para Siempre”
Timocepanotoke Noche Altepeme Macehualme, Unión de
Todos los Pobres de la Sierra (TINAM), Centro de Derechos Humanos y las Voces de Altas
Montañas, Frente Democrático Oriental de México Emiliano
zapata (FEDOMEZ), Unión de Ejidatarios y Comuneros del Valle de
Tuxpango (UECVT), Comité de Acción Proletaria, Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos
(RENDHH), Red de defensa de los Derechos Humanos (REDDH), Pueblos Unidos de la Cuencua de la Antigua por Ríos
Libres (PLUCAR), La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa
Ambiental (LA VIDA), Unión de Residentes del Fraccionamiento de Puente
Moreno URFRAPUM A.C. (Medellín), Justicia y Conciencia Ciudadana A.C., Pobladores A.C., Alianza Internacional de
Habitantes.
COMUNICADO DE PRENSA.
