Por Mussio Cárdenas Arellano/ Informe Rojo
Rubén Espinosa se fue por miedo. Huyó de Veracruz el fotoperiodista, colaborador de Proceso, alertado del peligro, espiado y amenazado. Llegó al DF, confiado en que la distancia le salvaría la vida. Hoy está muerto.
Jorge Carrasco Araizaga, reportero de Proceso, fue advertido del riesgo, un presunto operativo para ultimarlo, en 2013, surgido de los sótanos del poder en Veracruz. Irían por él al DF.
Jorge Carrasco era coadyuvante en la investigación ministerial por el crimen de la entonces corresponsal en Veracruz, Regina Martínez Pérez. Atendía el caso, sus avances y rezagos, el sesgo que daba la Procuraduría duartista, desde aquella aciaga tarde del 28 de abril de 2012, cuando el cuerpo de la periodista fue hallado sin vida en su hogar, en Xalapa.
Informaba puntual Jorge Carrasco. Detallaba el manejo que el gobierno de Javier Duarte daba a las pesquisas del crimen. Advertía la intención de desvincular la actividad periodística de Regina Martínez de las causas por las que fue ejecutada.
Tenía el reportero una condición de privilegio, al acceder al
expediente del caso. Así pudo constatar la intención de fabricar un chivo
expiatorio en la persona de Jorge
Antonio Hernández Silva, alias “El Silva”. Y así fue.
El
14 de abril de 2013, Proceso publicó el reportaje de Jorge Carrasco en que
informó sobre la sentencia condenatoria contra “El Silva” a 38 años. Sin embargo, precisó que la juez
Beatriz Rivera Hernández no tomó en cuenta que en la casa de Regina Martínez no
se halló ni huellas dactilares ni pruebas para exámenes de ADN
que pudieran acreditar que el sospechoso era culpable del asesinato o que
hubiera estado ahí. Escribió Carrasco:
La
juez sólo siguió la “verdad jurídica” construida por la PGJ a partir de la
confesión del condenado y de acusaciones de María del Rosario Morales Zárate, su
hermana de crianza y esposa de Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, a quien
la dependencia señala como el autor principal del homicidio. Tanto a la PGJ
como a la juez le bastaron esos dichos. No hubo ninguna prueba
pericial que demostrara esa verdad legal, ni huellas o muestras de ADN que
inculparan a Silva.
Rivera
Hernández dictó la condena sin ser informada por la PGJ de que no se encontró
ni una sola huella del Silva en la casa donde la periodista de 49 años fue
asesinada el 28 de abril de 2012, en la ciudad de Xalapa.
Un
dictamen pericial de la PGJ elaborado el 29 de octubre de ese año, casi un mes
después de consignarlo ante la juez, concluye contundente: “Los fragmentos
dactilares latentes (dubitable) y los decadactilares del C. Jorge Antonio
Hernández Silva, alias El Silva (indubitable), no corresponden en ubicación,
situación, relación, forma y dirección”.
Esa
información detonó la amenaza contra su integridad. El 16 de abril, Proceso dio
a conocer que se habían activado protocolos de protección y que hacía
responsable al gobernador Javier Duarte de lo que pudiera ocurrirle a Jorge
Carrasco y al corresponsal Noé Zavaleta.
La
información fue la siguiente:
El
semanario Proceso informa a la opinión pública que a raíz de la cobertura
periodística y la coadyuvancia en las investigaciones ministeriales llevadas a
cabo por nuestro reportero Jorge Carrasco Araizaga en el caso del asesinato de
nuestra corresponsal en Veracruz, Regina Martínez Pérez, hemos
recibido información sobre la presunta intención de funcionarios y
exfuncionarios del estado de Veracruz de atentar contra la integridad personal
del periodista.
Desde
el pasado domingo por la noche, Proceso empezó a recibir informes acerca de una
reunión entre exfuncionarios y funcionarios de gobierno, de seguridad pública y
de la Procuraduría veracruzana cuyo propósito era acordar acciones hostiles en
contra del reportero en respuesta a su publicación más reciente en torno el
caso de Regina Martínez, que comenzó a circular en todo el país el mismo
domingo 14.
La
cita habría tenido lugar en el
fraccionamiento Las Ánimas, en Xalapa, con la pretensión de ordenar la búsqueda
de información personal del periodista en todas las bases de datos nacionales,
además de dar con su paradero. Este semanario pudo averiguar que en esa reunión
se acordó el traslado de agentes del gobierno veracruzano al Distrito Federal,
así como a los estados de México, Morelos y Querétaro, para recabar datos
relativos al periodista.
Este
martes 16, la información más reciente obtenida por Proceso indicó que ayer
lunes se realizó una nueva junta, en la cual se decidió la captura del
reportero y la decisión de hacerle daño en caso de que se resista.
Los
asistentes a dicha reunión, según este informe, fueron enfáticos en “tener
cuidado con las cámaras” de seguridad pública instaladas en el Distrito
Federal, donde ya se encuentra “gente” del estado de Veracruz.
La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la
República y la Secretaría de Gobernación fueron puestas al tanto por
este semanario de todos los detalles relativos a esas juntas y sus supuestos
participantes. Desde la noche del lunes, estas autoridades activaron el
mecanismo de protección a periodistas en favor del reportero.
Proceso
responsabiliza al gobierno del estado de Veracruz de cualquier agresión que
pudieran sufrir a partir de estos hechos Jorge Carrasco Araizaga y su familia,
el actual corresponsal de la revista en la entidad, Noé Zavaleta, y todo el
personal que colabora con este semanario en todo el país.
En el curso de hoy martes, tanto el
gobernador Javier Duarte como el mayor José Nabor Nava Holguín, subsecretario
de Seguridad Pública del estado, y Mario Delfín, director de la Agencia
Veracruzana de Investigación, negaron de
manera tajante haber tomado parte en las reuniones mencionadas y de las
amenazas vertidas en ellas.
En
declaraciones a Proceso, el mandatario y sus colaboradores se comprometieron
explícitamente a respetar el trabajo periodístico de la revista, de sus
reporteros y del corresponsal con sede en Xalapa, Noé Zavaleta. Duarte,
adicionalmente, se comprometió a que habría un respeto absoluto a la integridad
física de Jorge Carrasco.
Jorge
Carrasco fue objeto de protección y se salvaguardó su integridad. Pudo
continuar su actividad como reportero de Proceso en el DF, crítico en todo
sentido.
Contundente,
Proceso hizo responsable
a Javier Duarte. Detectó el operativo en el que participaban “funcionarios y ex
funcionarios” de seguridad y de la Procuraduría, hoy Fiscalía, que tramaban
acciones “hostiles” contra Carrasco Araizaga.
Señaló
que en la reunión más reciente “se decidió la captura del reportero y la
decisión de hacerle daño en caso de que se resista”. ¿Acaso tramaban un
levantón como el de Goyo Jiménez o Moisés Sánchez Cerezo?
Encrespa
a Javier Duarte la línea
de Proceso. Es su catalizador, el espejo de su desgobierno, el desastre
financiero, la deuda descomunal, la violencia, la inseguridad, el baño de
sangre, mutilados por doquier y 14 periodistas muertos en el ejercicio de su
profesión, la mayoría críticos indomables.
Proceso
lo desnuda y paga la factura. Primero fue Regina, asesinada; luego Carrasco,
amagado con acciones “hostiles” para capturarlo, y ahora Rubén, ejecutado.
¿Quién sigue?
Vaya
similitud. En ambos casos se habla de envío de matones al DF. A Jorge Carrasco
se le pudo proteger; a Rubén no. En los dos se advierte la irritación del
gobierno duartista por su trabajo periodístico. En los dos está el factor
“cámaras de seguridad”; que se cuidaran de no ser grabados al levantar a
Carrasco y las que no funcionaban en el edificio donde mataron a Rubén aunque
los supuestos asesinos aparecen en un video de vigilancia del gobierno del DF.
En el caso Regina, el detenido está señalado de robo, no de asesinato; en el
caso Rubén, el detenido presuntamente participó en el robo, pero no admite que
mató a nadie.
Rubén
Espinosa sentía el
asedio de los agentes del duartismo que le seguían los pasos, que lo
acompañaban a todas partes, que lo veían y llegaron a hablarle, que dejaban su
mensaje intimidatorio.
Salió de Veracruz el 9 de junio. Se fue al DF. Un día, en un
café, un tipo se acercó y lo llamó por su
nombre. Le expresó que él, Rubén, era el periodista que había tenido que irse
de Veracruz.
Se
supo inerme. Lo habían ubicado. Sabían sus movimientos. Planeaba regresar y
enfrentar lo que fuera. Cuando lo comentó, le aconsejaron que aguardara, que el
peligro no había pasado.
Su
exilio terminó el 31 de julio. Ese día le arrancaron la vida.
Archivo muerto
Ironía
mediática: difunde Televisa que el fotoperiodista
Rubén Espinosa da positivo para cocaína y marihuana y Nadia Vera positivo para
marihuana. Lo
festinan los duartistas, sus bots, sus textoservidores, como si en el gobierno
de Javier Duarte no hubiera adictos o ebrios consumados. Recuérdese aquella
entrevista mañanera del gobernador, aún bajo los efectos del alcohol, donde describía la autopista
México-Tuxpan como “pa-drí-shi-mo”, o el día de la mega parranda, beso
incluido, con Romero Deschamps en Coatzacoalcos. Cierto o no, consumidores o
no, nada justifica la saña con que fueron asesinados Rubén y Nadia. Horas
después, un ex reportero de Telever, filial de Televisa, Juan Heriberto Santos
Cabrera, es asesinado en el interior de un bar en Orizaba.
Presuntamente departía con el jefe de plaza de Los Zetas. Mueren seis personas.
Dos reporteros del periódico El Buen Tono, que también se habrían hallado en la
mesa del capo, resultaron ilesos. Los despidió el propietario del rotativo,
José Abella, porque afirma que ahí no estarían hablando de periodismo ni de
libertad de expresión. Según información de los periodistas de El Buen
Tono, difundida por Radio Fórmula, Juan Heriberto Santos Cabrera sería
quien pagaba a los reporteros asignados a la fuente policíaca para que
ocultaran información relacionada con los zetas. ¿Desde cuándo era el
planchador del crimen organizado entre la prensa? ¿De dos meses a la fecha o
cuando fungía como corresponsal de Televisa? O simplemente este también es
montaje, llevándose al baile a la empresa de Azcárraga… Quienes saben contar,
que no cuenten con Erick Lagos. No será
candidato a gobernador de dos años en 2016. No es su proyecto. Irá, eso sí, por
la de seis, en 2018. Usará su condición de líder de la bancada priísta
veracruzana para posicionarse, para revitalizar al fidelismo, para hacer
amarres, comprar conciencias, someter inercias, torcerle la mano al rival.
Tiene definido el ex secretario de Gobierno y ex líder del PRI estatal
que al minigobierno irán Héctor Yunes Landa o Pepe Yunes Zorrilla. Pero si el
PRI se fractura, se divide y Pepe Yunes cumple su promesa de apoyar “al
candidato de otro partido”, el próximo gobernador será Miguel Ángel Yunes
Linares. Y en ese escenario habrá persecución, denuncias, cacería de brujas y
cárcel para fidelistas y duartistas. Y entonces tampoco habrá sexenio en 2018.
Por lo pronto, Erick Lagos asumirá su diputación federal en septiembre y será
el pastor de los legisladores priístas veracruzanos… Si los astros se alinean,
si del Movimiento Territorial Víctor Rodríguez Gallegos brinca a la
candidatura del PRI a la diputación local, en 2016, habrá cancelado toda
posibilidad de que el marcelismo pueda disputar la alcaldía de Coatzacoalcos en
2017. Colmados de espacios, de cargos, de reflectores, a las huestes de Marcelo
Montiel no se les cumpliría el capricho de seguir ostentando la presidencia
municipal. De ahí la condescendencia de Mónica Robles, Iván Hillman, el Partido
Verde, el Clan de la Succión, para que pasen los marcelistas, se alleguen la diputación
local y le dejen al camino libre hacia la alcaldía a la hoy diputada local por
Coatzacoalcos. O sea, Víctor Rodríguez cerrando la puerta a su grupo político y
abriéndosela a la inefable Mónica… Esta vez sí. Tan mal quedó Javier Duarte con
el Partido de la Revolución Democrática, con los Chuchos y Nueva Izquierda, que
la alianza con el Partido Acción Nacional es un hecho. Será avalada en el
próximo congreso nacional del PRD, donde elegirán nuevo líder tras el retiro de
Carlos Navarrete de la dirigencia nacional. En Veracruz, el consejo estatal lo
dominan Nueva Izquierda y el ex diputado local y federal, Rogelio Franco
Castán. Sacarán el acuerdo con sus consejeros, sin pactos ni enredos, sin los
Condado de Acayucan, sin Romero Aquino, sin Moreno Brizuela, sin la corriente
de Amalia García. Esa alianza PAN-PRD, en este momento, sin trabajo electoral,
se llevaría por lo menos 15 de los 30 distritos. O sea, partiría al Congreso de
Veracruz. Falta el trabajo político. Una vez que se desarrolle, amarillos y
azules estarían a centímetros de controlar la Legislatura, traer a cuentas al
gobernador Javier Duarte, encarcelar a su pandilla duartista y cancelar toda
posibilidad de que el PRI pueda ganar la elección en 2018. Dicen los
perredistas que nada de lo que ofrezca Javier Duarte para frustrar la alianza,
se compara con lo que tendrán en sus manos si llegan al gobierno de Veracruz…
Ericka Corona fue por muchos años editora y factor clave en TV Azteca
Coatzacoalcos. Ya no lo es. A su relevo llega Katia
Carrillo Cervantes, ex conductora de noticiarios en Olmeca TV y DI Noticias.
Ericka Corona tenía en el pulso de la noticia, editaba y detentaba la jefatura
de información. Katia es imagen, ángel y simpatía. La belleza tiene lo suyo. Es
la línea de TV Azteca nacional…
twitter:
@mussiocardenas
