Los diputados federales Tarek Abdalá Saad y Edgar Spinoso Carrera,
así como los secretarios de Infraestructura, Tomás Ruiz González; del Trabajo y
Previsión Social, Gabriel Deantes Ramos y el director de Patrimonio del Estado,
Antonio Ferrari Cazarín se encuentran dentro del listado de funcionarios y ex
funcionarios estatales investigados por la Procuraduría General de la República
(PGR), derivado de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF).
Así lo estableció el Instituto Nacional de Acceso a la Información
(Inai) quien luego de hacer una búsqueda al respecto de dicha información
confirmó tales nombres y ordenó a la PGR dar a conocer a éstos y todos aquellos
funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Veracruz que fueron denunciados
por la ASF por presuntos desvíos de recursos en las cuentas públicas 2010, 2011
y 2012 o que se encuentran involucrados.
Los comisionados del Inai resolvieron por unanimidad el expediente
RDA 3627/15 en el que revocaron la respuesta original de la PGR, en la que
consideraba tal información como confidencial por establecer que podría
causarse un daño moral a los involucrados.
En dicho expediente los comisionados resaltaron que luego de una
búsqueda de información oficial, se encontró la relacionada al nombre en contra
de quienes fueron presentadas las denuncias penales por parte de la ASF en
noviembre de 2014.
Derivado de ello, el Instituto Nacional de Acceso a la Información
estableció que entre los ex funcionarios públicos denuncias por la ASF se
encuentran los actuales diputados federales por Cosamaloapan y Martínez de la
Torre, Antonio Tarek Abdalá Saad y Edgar Spinoso Carrera, respectivamente.
De igual forma el actual secretario de Infraestructura y Obras
Públicas, Tomás Ruiz González; el secretario de Trabajo y Previsión Social,
Gabriel Deantes Ramos y el director de Patrimonio del Estado, Antonio Ferrari
Cazarín.
Ahora, además de los nombres anteriores, la Procuraduría General
de la República deberá dar a conocer la lista completa de los funcionarios y ex
funcionarios denunciados por la Auditoría Superior de la Federación en
noviembre del año pasado, además del número de las averiguaciones previas, el
avance de las investigaciones, así como aquellas dependencias estatales
involucradas en las averiguaciones.
El Inai desechó el argumento dado por la PGR en el sentido de que
dar a conocer el nombre de los funcionarios denunciados podría afectar su
derecho a la presunción de inocencia, su honor y su intimidad en razón de que
terceras personas podrían presuponer su culpabilidad, sin que éstas hayan sido
demostrada en juicio, afectado su prestigio y su buen nombre.
Los comisionados indicaron que el honor de una persona es un tema
subjetivo, por lo que no puede establecerse que haya un daño hacia ésta si se
da a conocer su nombre y si se encuentra involucrado en una denuncia penal.
En cuanto a la negativa de la PGR de no querer transparentar el
número de la averiguación previa, el Inai estableció que resulta improcedente
tal argumento, pues dicha información es posible obtenerla a través del Sistema
Informático de Procuraduría de Justicia Federal y por tanto es de carácter público.
