“Hoy la ciudadanía demanda conductas
más responsables de todos los entes políticos, un sistema moderno que castigue
la corrupción y dé transparencia en el ejercicio público. Eso es lo que la
ciudadanía quiere y lo que los servidores públicos les debemos a todos los
ciudadanos de Veracruz”, dijo el gobernador Javier Duarte de Ochoa al presentar
a los medios su propuesta de Sistema Estatal Anticorrupción.
Si hubiese que concederle el
beneficio de la duda a la sinceridad de sus palabras y pretensiones, entonces
el gobernador Duarte tendría en este momento una gran oportunidad para
demostrar que la lucha contra la corrupción en Veracruz va en serio.
En la entrega de este espacio del
pasado 24 de noviembre, dimos cuenta de una denuncia interpuesta ante la
Procuraduría General de la República (PGR) por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) apenas el pasado 21 de octubre de 2015 en contra del ex
tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación y actual diputado federal
del PRI por Cosamaloapan, Antonio Tarek Abdalá Saad, como presunto responsable
de daño patrimonial por mil 580 millones 503 mil 156 pesos provenientes de la
Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal del Régimen Estatal de
Protección Social en Salud, el Seguro Popular, de 2013.
Pues bien. Resulta que en lo que va
de 2015, la ASF ha presentado ya otras tres denuncias ante la PGR en contra de
varios integrantes y ex integrantes de la administración del “justiciero”
gobernador Javier Duarte de Ochoa.
El pasado 25 de agosto, la ASF
presentó la denuncia número DGJ/C1/1926/2015 en la que señala que de las
auditorías realizadas al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)
en los ejercicios fiscales 2009 y 2010, se determinaron irregularidades que
ascendieron a un monto de dos mil 326 millones 575 mil 100 pesos. Pero en el
oficio número TES/2294/2010, el entonces tesorero estatal Carlos Aguirre
Morales “acreditó el reintegro de los recursos” a la cuenta bancaria habilitada
para ese propósito, lo cual no fue sino una simulación.
“Del análisis de las circunstancias
referidas se desprende que servidores públicos del Gobierno del Estado de
Veracruz realizaron movimientos bancarios con el fin de simular la solventación
de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación,
para luego retirar los recursos a cuentas diferentes a las específicas para el
manejo y administración del FAEB.
“Es decir, se depositaron recursos en
las cuentas destino, únicamente para obtener los documentos comprobatorios de
los reintegros y presentarlos a la Auditoría Superior de la Federación para
solventar las irregularidades determinadas. Hecho lo anterior, se retiraron los
recursos públicos de las cuentas destino, por lo que no se pudo identificar la
aplicación del numerario a los fines y objetivos del Fondo o, en su caso, que
éste haya regresado a la cuenta específica, donde se debieron de haber
ejercido”. Una práctica recurrente de este gobierno, denunciada por la ASF
desde 2014.
El 18 de septiembre de 2015, la ASF
presentó la denuncia número DGJ/C1/2227/2015, en la que se describen
operaciones idénticas de simulación de solventación de irregularidades por 96
millones 789 mil 860 pesos del programa federal Seguro Popular en los
ejercicios fiscales 2009 y 2010. Y en el Dictamen Técnico DGARFT-B/DH/037/2015
señala como responsables de conductas ilícitas, por acción u omisión, al ex
secretario de Salud Pablo Anaya Rivera; al ex director del Seguro Popular
Leonel Bustos Solís; al ex contralor Iván López Fernández; al ex secretario de
Finanzas y hoy titular de Infraestructura y Obras Públicas Tomás Ruiz González;
al ex subsecretario de Finanzas Antonio Ferrari Cazarín; y al ex contralor y ex
secretario de Finanzas Mauricio Audirac Murillo.
La más reciente denuncia de la ASF
–hasta ahora– es la número DGJ/C1/2551/2015. Y la causa es la misma: simulación
de reintegro de recursos federales, también del Seguro Popular, pero del
ejercicio fiscal 2011, por mil 602 millones 185 mil 792 pesos en perjuicio de
la Hacienda Pública Federal.
El Dictamen Técnico
DGARFT-B/DH/047/2015 señala como presuntos responsables del quebranto
nuevamente a Pablo Anaya, a Leonel Bustos, a Tomás Ruiz, a Iván López, así como
al ex subsecretario de Finanzas y hoy secretario de Trabajo Gabriel Deantes
Ramos; al ex secretario de Finanzas Fernando Charleston Hernández; y a Hugo
Odón Flores Lira, ex director administrativo del Seguro Popular en
Veracruz.
Ahí están, perfectamente soportados
en las denuncias –de las que este reportero cuenta con una copia– los actos de
corrupción que el gobierno de Veracruz simula combatir, pero que en la
realidad, solapa descaradamente.
