OAXACA, Oax. (apro).- Como en el porfiriato, a quienes se ponen al gobierno no sólo se
les castiga con cárcel, sino que con el pretexto de la seguridad nacional y por
su “alta peligrosidad” se les recluye en penales de “exterminio”, como el del
Altiplano, en el Estado de México.
Muestra
de ello es que el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”
se ha convertido, en sus 25 años, en el “infierno” para 38 oaxaqueños que, por
participar en movimientos sociales o magisteriales, han sido recluidos en ese
penal para mandar el mensaje de que toda “rebeldía” será sofocada con crudeza.
No hay que ir a
prisiones de exterminio como Guantánamo, en Cuba, o a Irak para confirmar las
graves violaciones a los derechos humanos y a las garantías individuales, basta
con ser recluido en este penal de máxima seguridad para constatar que la
tortura y la represión es algo que se sigue imperando en México.
En sus celdas han
padecido 27 indígenas zapotecos de la región Loxicha, acusados de pertenecer al
Ejército Popular Revolucionario (EPR), así como el comandante Antonio, fundador
del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), y el exrector de la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Felipe Martínez Soriano,
vinculado a grupos insurgentes.
Ya en el 2006, por la
revuelta sociopolítica, fueron detenidos e internados en el peal Altiplano
Flavio Sosa Villavicencio y su hermano Horacio, así como el dirigente del
Comité de Defensa Ciudadana, Catarino Torres Pereda, por su participación en la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Nueve
años después, ahora con la resistencia magisterial que se opone a la reforma
educativa del presidente Enrique Peña Nieto, fueron detenidos e internados en
ese penal de máxima seguridad los dirigentes de la sección 22 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), Othón Nazariega Segura,
Efraín Picazo Pérez, Roberto Abel Jiménez García y Juan Carlos Orozco Matus.
El defensor de 152
indígenas zapotecos de la región Loxicha procesados en tribunales federales y
del fuero común, acusados de pertenecer al EPR, Israel Ochoa Lara, consideró
que el traslado de los maestros y otros luchadores sociales a penales de máxima
seguridad es “ilegal e inconstitucional”.
En
realidad no hay razón para que se lleve a los detenidos a Almoloya con el
pretexto de la seguridad nacional y el criterio de “alta peligrosidad”, porque
ni siquiera hay pruebas de su culpabilidad, son probables responsables,
sostuvo. El hecho de mandarlos a esos lugares, advirtió Ochoa Lara, viola ese
principio constitucional y viola la convivencia con la familia porque para
reinsertarse debe estar con su familia y no aislarlo del entorno social.
También destacó que las
condiciones en que fueron trasladados los maestros vulneraron una serie de
disposiciones legales y podría proceder un amparo en contra de ese traslado
para que los regresen a sus lugares de origen, ya que a través de ese recurso,
recordó, se logró que a 27 presuntos eperristas los devolvieran a Oaxaca.
Tras la irrupción del
EPR, el 28 de agosto de 1996, el Estado mexicano desplegó fuerzas federales a
la región Loxicha, considerada el bastión del grupo guerrillero, y detuvo a 152
indígenas, de los que 27 fueron enviados al penal de Almoloya.
Entre ellos se
encontraban Amadeo Valencia Juárez, Gerardo Ramírez Hernández, Roberto Antonio
Juárez, Santiago Pérez Almaraz, Laureano Ramírez García, Virgilio Cruz Luna,
Prisciliano Enríquez Luna, Alfredo García Antonio, Januario Crispín Almaraz
Silva, José Pacheco Contreras, Jordán Almaraz Silva, Genaro López Ruiz, Silvano
Pacheco Pacheco, Arnulfo Almaraz Valencia, Guillermo Pacheco Pacheco, Benito
Almaraz Enríquez, Eleno Hernández Almaraz, Agustín Pacheco Hernández, Paladio
Luna Pacheco, Felipe de Jesús Antonio Santiago y Juan Sosa Maldonado.
Entonces, agregó, en el
caso de los maestros procedería un juicio de amparo porque este internamiento
es inconstitucional, debido a que se busca alejarlos de su entorno social.
Con ello, el gobierno de
Peña Nieto repite lo que en su época hizo Porfirio Díaz, quien mandaba a los
rebeldes a San Juan de Ulúa o a Valle Nacional.
El objetivo es dar un
castigo ejemplar y dificultarle la defensa, “porque si no tienes recursos,
tendrás que quedarte con defensores de oficio, lo que confirma que si hay un
proceso represivo”, acotó Ochoa Lara.
Además, si bien las
órdenes de aprehensión que se libraron son por presuntos excesos cometidos
durante las manifestaciones magisteriales, existe un problema para acreditar la
responsabilidad directa de cada uno de ellos, “porque el hecho de ir a la
marcha no es delito”.
A casi 20 años de la
represión de los Loxicha, el responsable del Bufete Jurídico Popular sostuvo
que el Estado se ha ido afinando más su estrategia en cuanto a la forma de
control y represión social.
También
mencionó que a los maestros como a los desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero,
se les vincula o trata de ligar con el crimen organizado y, al meterlos en esa
dinámica, la acción deriva en una especie de “guerra de baja intensidad”, donde
se busca sofocar todas las expresiones de inconformidad y rebelión social que
se puedan dar y para eso el concepto de delincuencia organizada les funciona
bien a las autoridades de los tres niveles.
A su vez, Maurilio
Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos
Indígenas, reforzó que Almoloya fue construido como un penal para delincuentes
peligrosos, sin embargo, al recluir a luchadores sociales se manda el mensaje de
que también sirve para sofocar cualquier acto de rebeldía.
“Estamos viviendo una
situación como en tiempos de la dictadura militar en Chile, donde si no te
desaparecen, como a los normalistas de Ayotzinapa, entonces llenas los penales
de presos políticos”, puntualizó.
A su vez, el exrector de
la UABJO, Felipe Martínez Soriano, a sus 88 años, alertó que, en lugar de
disminuir la represión, ésta va en aumento, “y eso es grave porque habla de la
desestabilización del país y de un gobierno que no sabe cómo enfrentar las
cosas y entonces utiliza la represión”.
Además consideró que
“esa medida (de enviarlos a penales de máxima seguridad), no ha servido de
nada; al contrario, va aumentar la violencia porque en lugar de resolverse,
crece la inestabilidad del país”.
También recordó su paso
por el penal de Almoloya: “La cárcel siempre es triste, está uno aislado
totalmente, es la mayor tortura, es el aislamiento, lejos de las cuestiones
físicas y morales, es el aislamiento. Hay gente que no aguanta”.
Martínez Soriano,
señalado de ser el fundador del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión
del Pueblo (PROCUP), fue detenido el 26 de junio de 1990 por su participación
en el presunto asesinato de uno de los vigilantes del periódico La Jornada,
cometido en abril de ese mismo año.
Antes, el 12 y 14 de
junio de 1990 fueron detenidos David Cabañas Barrientos y el oaxaqueño Felipe
Edgardo Canseco Ruiz, a quienes se señaló como militantes del PROCUP.
Y fue en septiembre de
1996, tras la irrupción del EPR, que autoridades de seguridad nacional lo
trasladaron al penal de Almoloya.
Ahí permaneció tres
meses en aislamiento y luego le permitieron ir y venir por módulos de control,
donde logró observar a Raúl Salinas de Gortari, a algunos narcotraficantes y
presos clasificados como altamente peligrosos.
“Ahí estuve dos años,
vigilado por dos o tres oficiales, como les llamaban, aunque en realidad son
militares en “servicio social” que mandan a cumplir su sentencia. La mayoría
son torturadores profesionales que se ensañan con los presos del fuero común,
no así con los del fuero federal o político”, confiesa el exrector en su libro
“Movimiento democrático universitario y testimonios de la cárcel”.
A ese penal también
llevaron a Jacobo Silva Nogales, conocido como el comandante Antonio del ERPI.
Aunque nació en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por diferencias políticas
y estratégicas relacionadas con la conducción de la guerrilla en México se
separó del EPR y fundó el ERPI en la localidad de El Charco, en el estado de
Guerrero.
Fue detenido por la
Policía Federal en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1999 y, el 24 de ese
mismo mes, lo ingresaron junto con su esposa Gloria Arenas Agis y dos personas
más, a ese penal mexiquense.
Y fue liberado el 29 de
octubre de 2009 del penal federal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit,
conocido como “El Rincón”, tras haber ganado jurídicamente el segundo proceso
de amparo directo interpuesto el 8 de octubre de 2008.
Ya en el 2006, el
dirigente del Comité de Defensa Ciudadana, Catarino Torres Pereda, narró a
Proceso que “fui detenido el 6 de agosto como a las cuatro y media de la tarde.
Los seis agentes que me secuestraron me llevaron cubierto de la cara, me
golpearon con sus puños y sus armas. Me torturaron hasta dejarme en estado de
desmayo para llevarme a una casa de seguridad en Matías Romero”.
Añadió: “De ahí, el 7 de
agosto, me sacaron como a las once de la mañana para ser trasladado, en
helicóptero, a El Altiplano. Ingresé al penal de máxima seguridad, según el
expediente penal 35/2006, por los delitos de robo calificado, daños en
propiedad ajena, motín, sedición y privación ilegal de la libertad.
“Curiosamente, los
ofendidos eran los agentes ministeriales y de la Agencia Federal de
Investigaciones, encabezado por el delegado de la PGR Javier Dovala Molina, lo
que confirma que hay una consigna, un amasiato, un grado de complicidad entre
los funcionarios federales y estatales”, añadió.
Abundó: “En el
Altiplano, desde el momento en que llegas, la tortura es permanente, segundo a
segundo, minuto a minuto, hora por hora; es un infierno. Desde que llegas te
sientan con la cabeza boca abajo, las manos hacia atrás.
“Dos perros adiestrados
olfatean para revisarte de cabo a rabo. Te desnudan. Hay gritos, empujones.
Luego de pasar la primera aduana, te llevan arrastrando a un área conocida como
el Centro de Observación y Clasificación. Ahí te mantienen sin dormir las
primeras 48 horas frente a una cámara que te está vigilando.
“No hay posibilidad de
tener acceso a tu defensa o a familiares. A mí, la toma de declaración
preparatoria se dio el 10 de agosto; es decir, cuatro días después de la fecha
de mi detención y con delitos prefabricados”.
Además, “no se puede
hablar a nadie porque el solo hecho de pronunciar una palabra frente a un
oficial, implica una sanción 15 días, lo que significa padecer frío o dormir en
el piso. Aparte, sólo te dan tres minutos para comer. Uno no tiene oportunidad
de asearse; el castigo es permanente. Te convierten en un zombi”.
Torres Pereda dijo que
vivió un “infierno” los ocho meses y tres días de estuvo recluido en el penal
del Altiplano. El dirigente salió libre el 8 de marzo de 2007, tras el pago de
una fianza de 17 mil pesos, sin embargo, el 22 de octubre de 2010 fue
asesinado.
Por su parte, el líder
de la APPO, Flavio Sosa Villavicencio, fue detenido el 4 de diciembre de 2006
al término de la conferencia que ofreció esa tarde en el Centro de Comunicación
Social (Cencos) y enviado al penal de Almoloya, donde permaneció hasta el 16 de
agosto de 2007.
Además, fueron detenidos
Horacio Sosa (hermano de Flavio), Ignacio García y Marcelino Coache, miembros
de la comisión política de la APPO, en la avenida Insurgentes Sur.
A Flavio Sosa se le
acusó de sedición, ataques a las vías generales de comunicación e incitación a
la violencia.
Después de casi año y
medio en prisión, Sosa Villavicencio recuperó su libertad, luego de que jueces
del fuero común consideraron que el entonces gobierno de Ulises Ruiz Ortiz no
aportó pruebas suficientes para que fuera procesado como responsable de los
delitos de robo con violencia y daños, secuestro, lesiones y despojo agravado.
Al narrar sus 10 meses
de infierno en Almoloya, Sosa Villavicencio coincidió en que es “un penal
infrahumano que pretende acabar con las personas, acabarlas moralmente, donde
no se respetan los derechos humanos. Es un penal de exterminio”.
Luego
consideró que es terrible lo que pasa en el país y particularmente en Oaxaca,
donde la “justicia apesta”, ya que mientras el exgobernador del PRI Ulises Ruiz
Ortiz y sus colaboradores Jorge Franco, Miguel Ángel Ortega Habib, Lizbeth Caña
Cadeza, Bulmaro Rito Salinas gozan de total impunidad a pesar de los crímenes
que cometieron en 2006 y 2007, y el mega saqueo de más de 4 mil millones de
pesos, a los maestros se les acusa de robar libros y se les castiga con
enviarlos a El Altiplano, “eso es aberrante”.
Al gobierno no le
interesa la educación, acusó, “lo que le importa es imponer una reforma laboral
y, sembrando el terror, es como quiere doblegar a un sindicato”, finalizó.
