Por
Aurelio Contreras Moreno
“El Departamento de Comunicación Social de la Fiscalía,
partiendo de todos los rumores, comentarios en redes, algunas notas que incluso
podemos consultarlas, daban por hecho ese escenario. Incluso hay algunos medios
de comunicación que a partir de esa nota y de esos comentarios en redes se
desmarcaron de algunas relaciones laborales que tuvieron. La Fiscalía, el área
de Comunicación, por lo destacada que estaba ya esa información y para no
diluir todas las posibilidades de las arterias de investigación, fue que
consignó que se indagan todas. Y ésa, que ya era materia de nota de lo que
todos conocemos.”
Lo anterior fue lo que declaró la tarde de este miércoles 10 de febrero el
fiscal General del Estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, a la
periodista Denise Maerker en su noticiero para justificar la inmediata
criminalización que la dependencia a su cargo hizo de la reportera Anabel
Flores Salazar, a través de un comunicado oficial, apenas unas horas después de
que había sido plagiada por un comando armado que finalmente le daría muerte.
El encargado de la procuración de justicia en el estado de Veracruz admitió al
aire que vincularon con la delincuencia a la periodista secuestrada a partir de
“rumores, comentarios en redes, algunas notas”. Y le echó la “culpa” a su
Departamento de Comunicación Social. Como si él no fuera el responsable último
de lo que da a conocer una instancia cuyas tareas son tan delicadas, pues
implican la libertad, el buen nombre y la vida de los ciudadanos de esta entidad.
No es una actitud que le extrañe a nadie en Veracruz. En todos los casos de
asesinatos y crímenes en el estado, sean o no de periodistas, la reacción casi
inmediata de la autoridad durante este sexenio ha sido idéntica: buscar culpar
a las víctimas de su destino, sin que para llegar a emitir temerarias
conclusiones como la citada, medie investigación alguna. Con “rumores,
comentarios en redes, algunas notas”, les basta y sobra. Y si se trata de
periodistas, con mucho mayor razón.
Esta “metodología” para cerrar casos ha perpetuado la impunidad en un estado
donde la muerte y la violencia han adquirido carta de naturalización. Así como
la aplican en el caso de Anabel Flores, quieren hacerlo con los jóvenes
desaparecidos en Tierra Blanca. Así hicieron con Regina, con Gregorio, con
Moisés, con Rubén, con Nadia.
El presunto vínculo de Anabel Flores con la delincuencia ha sido rechazado por
su familia. Y hasta el momento la autoridad no ha podido acreditarlo ni probar
que participara en actividades ilícitas. Pero como de lo que se trata es de
ensuciar a como dé lugar para evitarse la “molestia” de investigar de verdad,
ya hizo circular correos electrónicos apócrifos, la “estrategia” de
“comunicación” preferida de este gobierno, en los que intenta evidenciar una supuesta
vida de lujos de la reportera, que ni siquiera vivía en la principal ciudad de
la región, Orizaba, sino en el conurbado municipio de Mariano Escobedo, que se
caracteriza por alojar complejos habitacionales de interés social.
Pero eso no importa. Con “rumores, comentarios en redes, algunas notas” es
suficiente para criminalizar a quien sea. Así se “hace justicia” en Veracruz.
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Twitter: @yeyocontreras
