En casi 700 de las 950 denuncias por desaparición de personas que dice
tener la Fiscalía General de Veracruz, las víctimas tienen entre 15 y 29 años,
y en muchos casos se ha comprobado que los responsables de los levantones,
secuestros y asesinatos son policías de corporaciones estatales y municipales.
Ante el grave problema, el gobernador Javier Duarte sigue reduciendo cifras
para el discurso, tratando de convertir el enorme rezago de las investigaciones
en un éxito. El resultado: la insultante impunidad.
La Fiscalía General del Estado (FGE) tiene registradas 950 denuncias por
desaparición, entre ellas 699 correspondientes a jóvenes de entre 15 y 29 años
cuyos casos no han sido resueltos en los cinco años que van del gobierno del
priista Javier Duarte.
De hecho, la Procuraduría General de la República ubica a Veracruz como
el primer lugar nacional en desapariciones forzadas, por encima de Guerrero,
Tamaulipas, Coahuila y Sinaloa.
El oficio FGE/UAI/074/2016 da cuenta de que han sido localizados los
cadáveres de otros 119 jóvenes, sin contar los de Bernardo Benítez Arroniz y
Alfredo González Díaz, dos de los cinco jóvenes levantados por policías
estatales el 11 de enero en Tierra Blanca y entregados a una célula del Cártel
de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los restos óseos fueron hallados en el
rancho El Limón, ubicado en Tlalixcoyan, por efectivos de la Gendarmería
Nacional, la Policía Federal y la Policía Ministerial.
Escándalo nacional, el caso de esos jóvenes oriundos de Playa Vicente
exhibió la forma en que policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
sirven al narcotráfico y no a los ciudadanos, manifestó en un comunicado la
organización civil Causa en Común, que acusó a los cuerpos policiacos de ser
los “responsables morales” de las desapariciones de jóvenes.
Al cierre de esta edición, aún se ignora el paradero de José Benítez de
la O, de 24 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27, y Susana Tapia, de 16, de
quienes no se hallaron indicios en El Limón.
A 10 meses de concluir el mandato de Duarte –las precampañas electorales
arrancaron hace una semana–, la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales
continúa buscando a los casi 700 jóvenes cuya denuncia de desaparición sigue
vigente. Esa institución admite que en lo que va del sexenio (del 30 de
noviembre de 2010 a la misma fecha de 2015) han tenido que abrir en total 2 mil
68 averiguaciones previas por igual número de jóvenes desaparecidos, de los
cuales localizaron vivos a mil 250.
Datos obtenidos en la plataforma Infomex-Veracruz bajo el folio
FGE/UAI/556 /2015 indican que la FGE mantiene abiertas averiguaciones sobre 950
personas desaparecidas, oriundas del estado.
El documento, del que este semanario tiene copia, detalla que en el
periodo mencionado se han activado 53 alertas Amber, pero en de ellas los
menores no fueron localizados.
Sin embargo, el gobernador insiste en minimizar el problema en sus
ruedas de prensa de los lunes: admite sólo 500 casos y aclara que varios de
ellos ya fueron resueltos.
Una gota como prueba
Los padres de los muchachos levantados por policías en Tierra Blanca y
entregados al CJNG se atrincheraron más de un mes en la Fiscalía Regional del
Estado con el fin de exigir justicia para Benítez Arroniz y González Díaz,
además de que las autoridades agilicen la búsqueda de los tres jóvenes aún no
localizados.
El martes 9 arribaron a Veracruz los restos que, según la PF y la FGE,
pertenecen a dos de los jóvenes levantados el 11 de enero. Los enviaron a sus
padres en cajas de cartón con etiquetas blancas y folios ininteligibles, que
también contenían ropa de las víctimas.
Tras escuchar a los enviados de los gobiernos federal y estatal,
Bernardo Benítez Herrera –padre de Benítez Arroniz y quien a su vez perdió a su
progenitor en un secuestro nunca solucionado– decidió rechazar las actas de
defunción y las cajas con los restos. Él y la familia de González Díaz
decidieron pedir un segundo peritaje, de preferencia realizado por el Equipo
Argentino de Antropología Forense, que colaboró en el caso de la desaparición
forzada de los normalistas de Ayotzinapa.
La razón: a su hijo sólo pudieron identificarlo por el ADN extraído de
una tibia, mientras que a González Díaz sólo por una gota de sangre.
“En la reunión en la Ciudad de México nos dijeron que había muchísimos
cuerpos más… todos calcinados. No supieron especificar cuántos”, narra por
teléfono Benítez.
Al día siguiente se difundió que desde el 26 de enero las fuerzas
estatales y federales detectaron que en el rancho El Limón había contenedores
con “cientos de elementos humanos”, varios de ellos “diminutos” y
pertenecientes a 14 personas distintas.
“Sólo quiero constatar que son los restos de mi hijo y así poder darle
cristiana sepultura –expone Benítez Herrera–. Vamos a seguir luchando hasta
llegar a las últimas consecuencias. Ayer nos dieron el resultado de la
investigación. Nos dicen que se encontraron fosas con muchos cuerpos
calcinados. No se pudo hacer (la prueba de) ADN con restos calcinados”, agrega.
A su vez, Gobernación informó el lunes 8 mediante un comunicado que
perros de la Policía Federal encontraron en El Limón restos óseos y manchas de
sangre, que fueron sometidos a un riguroso análisis genético.
“Al efectuar la confronta de las muestras tomadas en el rancho con los
perfiles genéticos proporcionados por los familiares de las víctimas, se
determinó la coincidencia con dos de los jóvenes desaparecidos”, se asienta en
el documento oficial.
De acuerdo con el texto, en el rancho El Limón se levantaron indicios de
que se manipulaban drogas y se manejaban equipos para alterar vehículos, además
de entre otros ilícitos, como almacenamiento clandestino de hidrocarburos.
Empezar de cero
Aunque en Tierra Blanca han ocurrido decenas de desapariciones y
hallazgos de narcofosas, tuvo que difundirse en los medios de comunicación
nacionales el levantón videograbado de los cinco jóvenes de Playa Vicente para
que personal de la Gendarmería Nacional viniera a “reabrir casos” de
desapariciones forzadas.
Los federales empezaron de cero. Empezaron a recabar datos con familiares
de desaparecidos en mesas de trabajo improvisadas en los pasillos de la
Fiscalía Regional. Preguntaban por sus amigos, si llevaban celular u otros
dispositivos electrónicos la última vez que los vieron; características como
tatuajes, lunares, cicatrices, cicatrices quirúrgicas, problemas vecinales o
laborales, antecedentes penales y hasta sospecha de que tuvieran amante.
Al final los analistas elaboraron unos cuadros sinópticos y pidieron
números telefónicos de los familiares para consultas posteriores.
Desde el primer día concurrieron a esas mesas los allegados de Miguel
Ángel Pulido (18 años), José Abraham Barrera (21) y Hugo Trujillo Hernández
(36), desaparecidos en 2015.
El reportero Miguel León, del periódico digital Blog Expediente y quien
lleva un mes acampando en la Fiscalía Regional junto con las familias afectadas
de Playa Vicente, ha documentado 23 desapariciones forzadas únicamente en el
municipio de Tierra Blanca.
Y la PGR reporta que en Veracruz se concentran 17% de las desapariciones
forzadas atraídas por esa dependencia federal, con 183 casos, con lo que supera
a otras entidades con altos índices de violencia, como Guerrero (92) y
Tamaulipas (173). Entre Coahuila y Sinaloa concentran 12% de los casos
atraídos, resume el oficio SJAI/DGAJ/01491/2016, obtenido mediante una
solicitud a la plataforma Infomex.
En el mismo documento, la PGR informa que la Subprocuraduría de Derechos
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad ofrece recompensas de
entre 500 mil y 1 millón 500 mil pesos por quien otorgue datos por el paradero
de 28 personas desaparecidas en el país. De esos casos 10 corresponden a
Veracruz (35.7%) y todos desaparecieron entre 2011 y 2013.
De acuerdo con el oficio FGE/UAI/08 8/2016, fechado el martes 2, con el
cual la fiscalía del estado responde a la solicitud de información folio
CI14/15 del reportero, durante ese periodo se han cometido 43.87 homicidios
dolosos por mes.
Jóvenes, el objetivo
El oficio FGE/UAI/074/2016 da cuenta de la desaparición de 12 jovencitas
y un adolescente en la capital del estado el 30 de noviembre de 2011. Algunos
conocidos dijeron que iban a la discoteca Closet o a La Cantinita; otros, que a
una fiesta en Actopan. Pese a que existen 12 denuncias, no se tiene mayor
información sobre las víctimas.
En un vehículo Peugeot 2005, número de serie VF39DXFX35S501362, viajaban
Karla Nallely Saldaña, Jesús Alberto Estrada y otra amiga. El vehículo fue
localizado meses después. Lo tenía el expolicía intermunicipal Issac Moreno,
quien dijo que el policía Filiberto Rojano se lo había dado a reparar. Ninguno
pudo explicar a la entonces Procuraduría de Justicia del Estado qué pasó con
los tres jóvenes, según consta en el expediente 2009/11/3ª/ Xal-12. Carlos
Saldaña, padre de Karla Nayelly, y Jesús Estrada, padre de Jesús Alberto,
continúan buscándolos. Aquel día desparecieron al menos otros 10 muchachos.
El expediente AP-045E-2014*13 contiene otro caso. Tres jóvenes fueron
sacados por siete integrantes de la Policía Estatal Acreditable de un
departamento en Xalapa, entre ellos el cantante del concurso La Voz México,
Gibrán Martiz. Dos semanas después, Martiz y su amigo Sergio Hernández
aparecieron muertos. Se desconoce el paradero del tercero, Connys Carlín. Por
dicho caso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una
recomendación y el gobierno de Duarte tuvo que indemnizar a las víctimas.
La causa penal 27/2013, interpuesta en el municipio de Úrsulo Galván, se
abrió por la denuncia del levantón a ocho policías intermunicipales a manos de
la Policía Estatal en la comunidad El Arenal, el 11 de enero de 2013. Tres años
después, se desconoce su paradero. Hace dos semanas, esposas y madres de los
intermunicipales acudieron con otros familiares de desaparecidos a clausurar
las instalaciones de la FGE para agilizar las investigaciones.
La causa penal 785/2012 y sus acumulados se refieren a otro levantón: el
que sufrieron ocho jóvenes en Puente Nacional, en la comunidad de El Modelo, el
1 de diciembre de 2012. Sus familiares sospechan de una requisa de policías
estatales.
Además, en la denuncia penal 234/2015 interpuesta en la Fiscalía
Regional de Coatzacoalcos se establece que cinco jóvenes desaparecieron el 2 de
septiembre luego de pasar un retén policiaco entre Minatitlán y Cosoleacaque.
Tres aparecieron sin vida y dos continúan desaparecidos. En el mismo municipio,
elementos de la Fuerza Civil detuvieron a cinco muchachos el 11 de mayo de 2015
y hasta hoy se desconoce su paradero.
Gangrena policiaca
En la rueda de prensa del 25 de enero, cuando un periodista cuestionó a Javier
Duarte sobre la actuación de los policías en el levantón de Tierra Blanca, el
gobernador replicó que los “policías no se compran en la tienda”. Agregó que
durante su sexenio se han forjado 12 generaciones de policías capacitados,
honorables y dispuestos a brindar seguridad a los veracruzanos.
Sin embargo, en el registro periodístico que lleva este semanario
destacan 13 detenciones masivas de policías estatales y municipales por
presuntos vínculos con el crimen organizado.
Por ejemplo, en Coatepec –municipio conurbado a Xalapa–, en abril de
2013 un grupo de 10 policías fue detenido en flagrancia por marinos: a bordo de
dos camionetas oficiales vendían y compraban droga en horarios de trabajo. Ahí
mismo, en octubre de 2014, la FGE consignó a tres policías por ser los
presuntos asesinos del tesorero municipal, Guillermo Pozos.
El 22 de enero se dictó auto de formal prisión a siete agentes
estatales, entre ellos el delegado de la SSP Marcos Conde, por la desaparición
forzada de los cinco jóvenes en Tierra Blanca. Antes de ese caso, el 16 de
marzo de 2012, cuatro elementos de la misma SSP fueron detenidos en ese
municipio por efectivos de la Marina y llevados a la Ciudad de México.
Ahí mismo, el 16 de marzo de 2010, los militares detuvieron a 98
policías, 13 de los cuales quedaron arraigados por vínculos con la delincuencia
organizada.
Cerca de Tierra Blanca, en Tres Valles, el 27 de abril de 2012 la Marina
aprehendió a nueve policías municipales.
El entonces alcalde priista, Nelson Cano, se quejó de que a principios
de 2014 la Secretaría de la Defensa Nacional envió un oficio para informarle
que los 35 efectivos asignados al combate del narcotráfico y de la inseguridad
en la región (Tres Valles, Tierra Blanca, Playa Vicente y Loma Bonita y
Tuxtepec, los dos últimos pertenecientes a Oaxaca) serían enviados a Michoacán
para “reforzar las acciones de combate allá” (Proceso 1964).
El alcalde advirtió que, con la salida de las fuerzas castrenses, la
delincuencia organizada volvería a “hacer de las suyas” en la Cuenca del
Papaloapan.
En Xalapa, el 22 de septiembre de 2012, fuerzas federales detuvieron a
35 policías estatales de la Conurbación Xalapa en el cuartel San José; la mitad
del grupo fue llevada a instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO).
Posteriormente, el 21 de enero de 2014, la FGE consignó a siete policías
por la desaparición forzada del cantante de La Voz México, Gibrán Martiz,
asesinado días antes.
En el puerto de Veracruz, el 21 de diciembre del 2011, la Marina se hizo
cargo de la seguridad y se declaró extinta la Policía Intermunicipal
Veracruz-Boca del Río porque decenas de sus elementos estaban en la nómina de
Los Zetas.
En Cosamaloapan, el 25 de septiembre de 2011, los federales aprehendieron
a 17 policías del municipio. En Córdoba y Fortín de las Flores, el 12 de julio
de 2012, la SIEDO se llevó en requisa a 35 elementos de ambas corporaciones.
En Orizaba, el 28 de diciembre de 2015, se cumplió la aprehensión del
octavo policía municipal involucrado en el delito de entregar a sus detenidos a
Los Zetas. Cerca de ahí, en Acultzingo, el 1 de septiembre de 2014 agentes
municipales de Maltrata y Acultzingo fueron capturados por militares al
desmantelar el rancho San Pedro, donde se adiestraban futuros “estacas” de Los
Zetas. l
14/02/2016
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