Por: Edgar Rosas
(16 de febrero, 2016. Revolución
TRESPUNTOCERO).- Ante el asesinato de la periodista veracruzana, Anabel Flores Salazar, diversas organizaciones de la
sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos-en particular la
libertad de expresión-manifestaron su repudio por el crimen y exigieron a las
autoridades emprender una investigación profunda y apegada al derecho, para
castigar a los responsables materiales e intelectuales.
Las organizaciones-entre ellas Artículo
19, Cencos, Serapaz, CDH Tlachinollan- demandaron que se tome como principal
línea de investigación la labor periodística de Flores Salazar. Cabe recordar
que Anabel cubría la fuente policíaca para el periódico El Sol de
Orizaba; además de colaborar para El Mundo de Orizaba y el Buen
Tono.
La petición de la OSC se da en un
contexto donde las agresiones contra periodistas quedan en la impunidad, sobre
todo en el estado de Veracruz, lugar en el que el número de asesinatos contra periodistas asciende a 17, tan sólo
durante el gobierno de Javier Duarte.
En su posicionamiento, las diversas organizaciones exigieron justicia en
el caso, así como la reparación integral del daño para proteger a los hijos de
la periodista, recordaron que Anabel Flores cumplió 15 días de haber dado a luz
a su segundo hijo al momento de ser asesinada.
De igual forma pidieron a la Fiscalía Especial para la Atención de
Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) asuma su
responsabilidad y no simule una investigación “al abrir sólo un Acta
Circunstanciada” de lo ocurrido.
“El pasado lunes 8 de febrero alrededor de las 2:00 de la madrugada
Anabel fue sacada de su domicilio en el municipio de Orizaba por un grupo de
hombres armados. Horas después su cuerpo fue localizado en la carretera de
Cuacnolapan, en el municipio de Tehuacán, Puebla”, recordaron en su texto.
Luego de los intentos que se han visto por tratar de relacionar a la
periodista con el crimen, las organizaciones pidieron la no criminalización y
revictimización de Anabel Flores. Subrayaron que el crimen se configura como un
feminicidio; además pidieron desechar “los fundamentos sexistas para determinar
el móvil del crimen”, mismo que criminaliza a la víctima.
“Exigimos a los medios de comunicación no revictimizar a la periodista
por medio de imágenes que vulneran su dignidad y las de sus familiares. Es
necesario, un proceso claro con investigación fidedigna pero también un seguimiento
en los medios que tome en cuenta el contexto de violencia contra las y los
periodistas en el país y la violencia contra las mujeres, por lo que es
necesario que se desechen fundamentos sexistas para determinar móviles que
terminan criminalizando a las víctimas”, señalaron.
De acuerdo con datos proporcionados por Comunicación e Información de la
Mujer, AC (CIMAC), entre 2001 y 2015 se documentaron 331 casos de agresión en
contra de mujeres periodistas. En este contexto, 49 casos se han presentado en
el estado de Veracruz durante la administración de Javier Duarte.
Por otro lado calificaron como intolerante que a pesar de haberse
activado la Alerta Temprana en Veracruz por el contexto de constantes
agresiones en contra de periodistas, las autoridades no han podido implementar
mecanismos eficaces para proteger a la prensa.
“Durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa se han documentado 49 hechos
violentos contra mujeres periodistas, entre los que hay tres casos de
feminicidio, colocando así a Veracruz como la entidad más peligrosa para las
comunicadoras.
“Es intolerable que a cuatro meses que se haya declarado la Alerta
Temprana en Veracruz, debido a las amenazas constantes y asesinatos contra
periodistas en dicha entidad, tanto el Mecanismo Federal de Protección para
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas responsabilidad de la
Secretaría de Gobernación, como el gobierno de Duarte sean incapaces de
implementar medidas de prevención y de protección de manera urgente, además de
garantizar a quienes ejercen la labor de comunicación no sean agredidas y
perseguidas”, apuntaron .
Reiteraron que es responsabilidad de las autoridades que el caso no
quede en la impunidad y haya un acceso efectivo a la justicia, además
subrayaron la importancia de la reparación integral del daño.
Recordaron las recomendaciones emitidas por Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, en donde se exhorta al gobierno “adopte
medidas concretas, adecuadas y efectivas para prevenir e investigar los ataques
y otras formas de abuso perpetrados contra mujeres periodistas y defensoras de
los derechos humanos y para enjuiciar y castigar a sus autores, y adopte
medidas eficaces para luchar contra la impunidad”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario