De los mil 80 casos de desaparición que
investiga la Procuraduría General de la República (PGR), 183 ocurrieron
en Veracruz,
y existen 3 mil 682 casos denunciados en los últimos 10 años, situación
de violencia e inseguridad que ha obligado a las familias de las
víctimas en la entidad
a demandar a senadores para que se considere en la ley en la materia, la
creación de una base de datos y una Fiscalía especializada autónoma que
concentre los casos.
Durante
el foro regional para la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de
Personas y Desaparición de Personas por parte de Particulares, realizado por
las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado, donde asistieron
colectivos, especialistas y familiares de desaparecidos de Puebla, Chiapas,
Tabasco y Veracruz, se reconoció que la entidad gobernada por Duarte es la que
concentra más casos de desaparecidos por lo que se exigió la localización de
las víctimas y la inclusión de propuestas para lograr el objetivo.
La madre
de la desaparecida Fernanda Rubí, Araceli Salcedo, denunció que en la entidad
gobernada de Duarte se requiere un compromiso de búsqueda ya que la
mayoría de los casos permanecen impunes.
“Tan responsable es el gobernador Javier Duarte como todos los diputados, porque por
llevarse el dinero del narco venden a sus ciudadanos, cuando son representantes
de la comunidad, pero sus voces están calladas”, declaró.
Añadió que la Ley General de Víctimas “está
hecha con muchos candados”, por lo que es necesaria que ley sea adecuada a las
necesidades de los familiares de las víctimas de desaparición; y que se
consideré la creación de un grupo de investigación para la búsqueda conformado
por expertos, detalló Sara Rodríguez quien busca a su hijo
desaparecido desde
2013 e integrante del colectivo Solecito de Xalapa.
“No es
posible que las mismas autoridades sean las que nos desaparezcan a nuestros
hijos, al no estar los casos integrados en un solo padrón, pues además la
Fiscalía General del Estado (de Veracruz) no tiene filiaciones de los restos de
personas que son encontrados abandonados”, dijo.
Por su
parte Zita Loyo de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en
México, manifestó que se necesita que las autoridades en verdad los escuchen
porque la sociedad y principalmente los familiares de las víctimas necesitan de
la Ley de Desaparición Forzada sin importar la nacionalidad.
Con
información de
Reforma
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