El
pasado 11 de enero, cinco jóvenes, entre ellos una joven de 16 años,
desaparecieron después de que policías se los llevaron en la región de Tierra
Blanca cuando cargaban gasolina. Los jóvenes habían ido a la ciudad de Veracruz
a divertirse y regresaban por carretera a su pueblo, Playa Vicente.
Posteriormente,
la Secretaría de Gobernación (Segob) informó el pasado 8 de febrero que los
restos hallados en el rancho “El Limón”, en el municipio de Tlalixcoyan,
correspondían a dos de los cinco jóvenes: Bernardo Benítez Arroniz, de 25 años
de edad, y de José Alfredo González Díaz, de 25 años.
Por
este caso, que empieza a ser llamado el Ayotzinapa de Veracruz, han sido
detenidos hasta el momento siete policías como probables responsables.
Durante
el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa –de acuerdo con un recuento de los casos
expuestos en la prensa veracruzana, documentados con denuncias ante el
Ministerio Público– hay al menos 42 casos de desaparición forzada en los cuales
los señalados son policías.
Más del
90 por ciento de esos ausentes no han recibido ni una pizca de la atención que
la Fiscalía de Luis Ángel Bravo Contreras ha dado al caso de los cinco de Playa
Vicente llevados de Tierra Blanca.
De la
larga lista de acusaciones contra Javier Duarte de Ochoa destacan las
agresiones a los periodistas, los encargados de informar la realidad que
acontece en el estado han sido censurados por parte del gobierno estatal y por
parte de la delincuencia han sido golpeados, amenazados y asesinados.
El
pasado 9 de febrero, Anabel Flores Salazar, periodista veracruzana de 32 años y
madre de dos niños que había sido reportada como desaparecida, fue asesinada y
su cuerpo lanzado en la cuneta de una carretera, confirmó la Fiscalía de
Veracruz.
Flores
Salazar se convirtió en la periodista número 19 en ser asesinada en Veracruz
durante el Gobierno de Duarte de Ochoa, de acuerdo con datos de la organización
internacional Artículo 19.
En
2015, la organización documentó 67 agresiones en Veracruz; de las cuales
sobresalen tres asesinatos y el desplazamiento forzado de cuatro periodistas.
El
asesinato de Anabel Flores confirmó las alertas de organizaciones
internacionales que ubican a Veracruz como la más violenta contra la prensa en
México.
Para
Carlos Lauría, director de Programa y coordinador senior del programa de las
Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), el Gobernador
Duarte ostenta un registro deplorable en materia de investigación de los
crímenes contra periodistas.
Nada ha cambiado. Veracruz sigue siendo una entidad donde ser
periodista es un riesgo y donde los asesinatos quedan impunes.
“El Gobierno de Veracruz que encabeza Javier Duarte de Ochoa está permeado por
la delincuencia (…) Queremos estar en paz, vivir en ambiente sano, si no es
demasiado pedir”, expusieron 43 periodistas de Córdoba en una carta abierta en
repudio por la muerte de Anabel.
D.R
unomásuno, unomásuno Televisión 2016.
Enlace de la información:
http://www.unomasuno.com.mx/muerte-pobreza-y-deuda-legados-de-javier-duarte/
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