Por Beatriz Pagés
Si a esta hora, el
gobernador de Veracruz, Javier Duarte, sigue en el cargo es porque quien, o
quienes tienen la facultad de pedirle la renuncia, no está haciendo un cálculo
político correcto de lo que significa y va a significar a mediano y largo plazo
mantenerlo en el poder.
Duarte se ha convertido
en un emblema del cinismo y la corrupción en el servicio público. Y esta
afirmación nada tiene que ver con el “folclor veracruzano” al que se refirió el
mandatario para minimizar las versiones cada vez más frecuentes sobre su salida.
Este personaje debe irse
y ser juzgado porque representa a ese tipo de político que ya no quiere ni
merece tener México.
Duarte significa el
fracaso, la derrota de todo ese intento por construir la nueva cultura de
administración pública basada en la lucha contra la impunidad, a favor de la
transparencia y rendición de cuentas.
Es incomprensible que a
pesar de tantos y frecuentes señalamientos por parte de la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) sobre el mal uso y desvío de recursos por parte del gobierno
de Duarte, el “señor” siga viviendo en el paraíso de la impunidad.
Juan Manuel Portal,
titular de la ASF, fue excepcionalmente claro al decir que está impresionado
por el monto de denuncias que se han presentado en contra del estado de
Veracruz y que el gobernador no haya podido, hasta hoy, demostrar en qué gastó
todo ese dinero que no se ve ni aparece reflejado en ninguna parte.
La ASF hizo 17
observaciones a la aplicación de programas y fondos federales en el estado de
Veracruz, y uno de los casos más escandalosos tiene que ver con los mil 100
millones de pesos que fueron destinados por la federación para el
financiamiento de los Juegos Panamericanos en 2014 y cuyo destino se desconoce.
El gobernador del mal
chiste y la ocurrencia tropical se “comió” también los recursos para atender la
infraestructura y a las comunidades, niños, mujeres y ancianos víctimas de
desastres naturales. Es decir, el gordito no tiene llenadero y la gula lo lleva
a quitarle de la boca el alimento, incluso a los más pobres del estado que dice
gobernar.
A Duarte tampoco se le
ha dado la gana aclarar por qué no entrega a la Universidad Veracruzana los más
de 2 mil millones de pesos por concepto de subsidios que por ley debe recibir
esa casa de estudios. La rectora Sara Ladrón de Guevara, desesperada por la
falta de recursos, acaba de presentar hace apenas unas semanas dos demandas en
contra del gobierno local, recibiendo por respuesta: “la Universidad le debe
más dinero al gobierno que nosotros a ella”.
Se trata, en síntesis,
de un gobernador “modelo” que sintetiza la podredumbre de un sistema que debe
llegar a su fin.
A nadie beneficia la
permanencia de Duarte en el poder. Por supuesto no al pueblo veracruzano, pero
tampoco al gobierno federal y menos, claro está, al PRI.
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