En palabras de Duarte las críticas y “rumores” en su contra se
suscitan por los “tiempos electorales”, en la voz de la sociedad veracruzana y
nacional, la injusticia, la corrupción, la violencia, las constantes
violaciones a los derechos humanos en la entidad durante el gobierno del
priista no son problemáticas no resueltas de una temporada específica, ni
tienen que ver con un juego político por las próximas elecciones; las
exigencias y denuncias contra el “gobernador” han sido persistentes por años,
ya que las cochinadas tan acostumbradas que hacen políticos como los del
tricolor no deben quedar impunes.
Emanado
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Javier Duarte de Ochoa llegó a
la gubernatura de Veracruz en 2010, tras ser destapado como el candidato de
“unidad” del tricolor y ser el “delfín” del priista y ex gobernador de la
entidad, Fidel Herrera, acusado por el desvío de millones de pesos durante su
gestión y sus nexos con el crimen organizado.
Duarte de
Ochoa seguió los mismos pasos de su antecesor e incluso se atrevió a superarlo,
pues no conforme con las acciones de Fidel, posicionó a Veracruz como la
entidad más peligrosa en México para el ejercicio periodístico; también se ha
empeñado en aumentar los índices de violencia e inseguridad,
provocada por la concesión al crimen organizado, cuyos grupos escindidos se
disputan la entidad como un botín.
Aunque
durante los primeros dos años de su gestión Duarte maquilló cifras para
demostrar que Veracruz era un centro de formación de empleos, a partir de 2013
comenzaron a revelarse los verdaderos números rojos que trataba de ocultar.
El
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval) reveló
que en el gobierno de Duarte incrementó el número de personas con escasos
recursos, ya que se registró con esas condiciones al 63 por ciento de la
población estatal, cifra que superó a la de su antecesor Fidel Herrera, cuyo
mandato registró un índice del 60 por ciento de pobres.
En
septiembre de 2011, aparecieron en la ciudad de Boca del Río, 35 cuerpos de
hombres y mujeres arrojados al edificio donde se realizaba XI Encuentro
Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, Procuradores y
Fiscales Generales de Justicia.
Duarte
aseguró que los cadáveres eran de integrantes del crimen organizado y atribuyó
la múltiple ejecución a los llamados “Mata Zetas”, a quienes se les conoce como
el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que mantiene un enfrentamiento
constante con Los Zetas en Veracruz.
Posteriormente,
en enero de 2012 Veracruz volvió a ser ojo del huracán mediático cuando
elementos de la Policía Federal detuvieron a funcionarios del gobierno de
Duarte en el Aeropuerto de Toluca con 25 millones de pesos en efectivo, los
cuales torpemente se aseguró que se destinarían para la organización de varias
fiestas patronales, sin embargo, la realidad se encaminaba en atribuir los recursos
en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Además,
nunca se conoció el origen de dichos recursos, por lo que la prensa crítica
aseguró que provenían del crimen organizado.
Duarte no
sólo ocultó los desvíos de recursos que incurrió Fidel Herrera, sino que
también se dio tiempo de “jalar para su molino”, pues la Auditoría Superior de
la Federación (ASF) informó que en la cuenta pública de 2014, hay
irregularidades por casi 3 mil millones de pesos que no fueron empleados para
los programas sociales.
El
priista, graduado como abogado de la Universidad Iberoamericana, no ha sabido
abogar ni responder a los cuestionamientos por las desapariciones, ejecuciones,
secuestros y extorsiones que se presentan en el estado.
Veracruz
también es célebre por el homicidio de 17 periodistas en la gestión de Javier
Duarte, entre ellos destacan Regina Martínez, Rubén Espinosa, Moisés Jiménez,
Gregorio Jiménez y Anabel Flores, cuyos casos aún no han sido esclarecidos, las
líneas de investigación no incluyen su trabajo periodístico y los homicidios
siguen impunes.
Asimismo,
el pasado 11 de enero cinco jóvenes fueron desparecidos en Tierra Blanca por
elementos de la policía estatal, cuyo paradero se desconoce, sin embargo, el
gobierno federal ha señalado que fueron ejecutados y derretidos en ácido en un
rancho conocido como “El Limón”, donde presuntamente integrantes del CJNG los
eliminaron.
Con el
abanico de casos de violencia y corrupción en estado de impunidad en la
entidad, generados por el gobierno priista, y con las próximas elecciones en
junio de 2016 para las minigubernaturas, no sería raro que el mismo PRI como
estrategia política y con el afán de limpiar desesperadamente su nombre en el
estado, quisiera actuar “contra” Duarte de Ochoa, a meses de finalizar su mandato.
Si es
cierto que desde tiempo atrás era necesaria la destitución de Duarte, en los
últimos días dicho proceso se ha quedado en rumores, pero lo que sí es cierto
es que el propio dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, comentó el pasado
23 de febrero que “Javier Duarte deberá estar presentando, obviamente, cuentas
concretas y verdaderas a los veracruzanos”; declaración que al día siguiente
tuvo que arreglar y dijo que los medios se han ocupado de criticar al gobierno
priista de Veracruz debido a los tiempos electorales.
Por su
parte el precandidato priista al gobierno de Veracruz, Héctor Yunes Landa,
declaró que de convertirse en gobernador de la entidad “meterá a la cárcel a
Duarte por el desvío de miles de millones de pesos de la cuenta pública de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Dichas
declaraciones sólo muestran que Duarte es una mancha más de porquería del PRI y
que aunque el partido quiera mostrar su interés por hacer “justicia” con el fin
de mejorar su imagen, las exigencias y promesas sólo se quedarán en palabras
hasta que pase el 5 de junio de 2016, ya que ellos son los que actúan de tal
forma por los “tiempos electorales”.
No hay
que olvidar que el gobierno priista se ha encargado de convertir famoso al
estado… con todas las noticias negativas que se comunican día a día.
