Las últimas semanas han sido de vértigo
para el gobernador Javier Duarte. El jueves 4 removió al secretario de
Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, quien según el propio mandatario era
“inamovible”. Pero, lejos de atender los reclamos de sus proveedores o
justificar los pasivos de su gobierno, Duarte está obsesionado en su guerra
contra Miguel Ángel Yunes Linares.
XALAPA, Ver.
(Proceso).– El gobierno de Javier Duarte sigue en caída libre. El jueves 4, el
titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita, Capitán Tormenta, renunció luego de que fueron
exhibidas sus cinco residencias de The Woodlands, valuadas en 2.4 millones de
dólares.
Tres semanas antes, el gobernador
electo, Miguel Ángel Yunes Linares, reveló que Bermúdez, “el inmovible”, era un
próspero empresario hotelero y poseía un corporativo de seguridad privada.
Varios excolaboradores de Duarte
–quien dejará el poder a Yunes el 30 de noviembre inmerso en el escándalo–
decidieron ampararse para evitar ser detenidos por las autoridades federales.
El exsecretario de Finanzas y
Planeación (Sefiplan), Salvador Manzur Díaz, actual delegado federal del Banco
Nacional de Obras; el exsubsecretario de Sefiplan Gabriel Deantes Ramos, hasta
hace unos días secretario del Trabajo y Previsión Social, y el exsubsecretario
de Egresos de la misma dependencia, Carlos Aguirre Morales, tramitaron los amparos
ante Miguel Ángel González Limón, juez segundo de Distrito del Poder Judicial
de la Federación (PJF).
Tomas Ruiz González, extitular de
Sefiplan, también lo hizo pero recurrió a la Ley de Protección de Datos
Personales para evitar ser exhibido en la página oficial del Consejo de la
Judicatura Federal o en los estrados del inmueble judicial, según comprobó el
reportero.
El mismo jueves 4, el excontralor
general Iván López acudió a declarar a la delegación de la PGR en Veracruz.
Abordado por los reporteros, respondió atropelladamente que en el gobierno de
Duarte hubo una “simulación de responsabilidades administrativas”.
Días antes, el lunes 1, cuando
interpuso una denuncia contra Yunes Linares por presunto enriquecimiento
ilícito, López declaró: “Apenas en abril pasado la ASF (Auditoría Superior de
la Federación) hizo público, a propósito de la Cuenta Pública Consolidada 2014,
que el gobierno de Duarte acumuló desvíos presupuestales por más de 35 mil
millones de pesos de 2011 a 2014.
“Tan sólo en el último informe los
funcionarios priistas de Veracruz fueron incapaces de solventar más de 14 mil
millones de pesos. En ese lapso, el jurídico del ente fiscalizador federal ha
presentado 28 denuncias por presunto peculado y uso indebido de atribuciones y
facultades.”
Y agregó que los exfuncionarios
“están en todo su derecho de ampararse. Yo meto las manos al fuego sólo por
Javier Duarte y mi familia”.
Fragmento del reportaje que se publica en la
edición 2075, ya en circulación
