El
Che vive, porque lo hacen vivir los revolucionarios del mundo.
Hace 49 años un vil asesino a sueldo,
un terrorista, dirigido por la Agencia Central de Inteligencia de Estados
Unidos, creyó que había matado a un hombre en Bolivia. Pero eso era entonces ya
imposible, lo que no sabía ni sabe el sanguinario verdugo Félix Rodríguez
Mendigutía es que con su crimen acabó por inmortalizarlo. El Che sigue siendo
un reto, un desafío, un valladar infranqueable para el imperialismo.
No
se puede matar a un ejemplo, no se puede asesinar a las ideas. El Che vive,
porque lo hacen vivir los revolucionarios del mundo. Lo hace presente esta Cuba
socialista de 58 años antimperialistas.
«Si
queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes
revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin
vacilación de ninguna índole: ¡Que sean como el Che! Si queremos expresar cómo
queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir: ¡Que
sean como el Che! Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros
niños, debemos decir sin vacilación: ¡Queremos que se eduquen en el espíritu
del Che! Si queremos un modelo de hombre, un modelo de hombre que no pertenece
a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece al futuro, ¡de corazón digo
que ese modelo sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su
actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che! Si queremos
expresar cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el
corazón de vehementes revolucionarios: ¡Queremos que sean como el Che!».
Así
dijo Fidel el 18 de octubre de 1967, en la velada solemne en su memoria, en la
Plaza de la Revolución. Así lo repiten los pioneros en nuestras escuelas. Pero
que el Guerrillero Heroico viva no solo pasa por evocarlo, sino por llevarlo
hoy a las aulas, a las fábricas, a nuestras relaciones humanas, a la sociedad
que construimos, a los procesos que dirigimos.
El
Comandante en Jefe al hablar de sus cualidades como conductor, expresó entonces
«Che era un insuperable soldado; Che era un insuperable jefe». En la actualidad,
Cuba perfecciona su modelo económico y social, con la participación de todo el
pueblo y eso exige de directivos con atributos de guía como los que él dejó
explicados en un artículo, El cuadro, columna vertebral de la revolución,
publicado en 1962, en la revista Cuba Socialista.
«Un
dirigente es un individuo de disciplina ideológica y administrativa, que conoce
y practica el centralismo democrático y sabe valorar las contradicciones
existentes en el método para aprovechar al máximo sus múltiples facetas; que
sabe practicar en la producción el principio de la discusión colectiva y
decisión y responsabilidad únicas, cuya fidelidad está probada», dijo en ese
texto.
Muchas
veces en cualquier análisis invocamos el debate y nos cuesta trabajo escuchar
o reconocer la opinión del otro. El Che afirmaba que una de las cualidades que
debía tener el que dirige, es la de «estar dispuesto siempre a afrontar
cualquier debate». Para eso el cuadro, debe tener entre sus rasgos distintivos
dos que Fidel dijo de él: «Che era un hombre extraordinariamente humano,
extraordinariamente sensible».
Raúl,
que al decir del propio Comandante en Jefe, fue junto al Che uno de los dos
primeros expedicionarios que tuvo el Granma, también ha insistido en ese
franco intercambio de criterios. El 18 de diciembre del 2010, en la clausura
del Sexto Periodo Ordinario de Sesiones de la Séptima Legislatura de la
Asamblea Nacional del Poder Popular, en alusión a la discusión del entonces
proyecto de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y
la Revolución, expresó: «No hay que temerle a las discrepancias de criterios y
esta orientación, que no es nueva, no debe interpretarse como circunscrita al
debate sobre los Lineamientos; las diferencias de opiniones, expresadas preferiblemente
en lugar, tiempo y forma, o sea, en el lugar adecuado, en el momento oportuno y
de forma correcta, siempre serán más deseables a la falsa unanimidad basada en
la simulación y el oportunismo. Es por demás un derecho del que no se debe privar
a nadie. Mientras más ideas seamos capaces de provocar en el análisis de un
problema, más cerca estaremos de su solución apropiada».
Pero
no solo en los cuadros ha de vivir el argentino, cubano por derecho y
convicción. Si el estudiante, el obrero, el militar, el científico, el
intelectual, obra con la misma sensibilidad que él les expresó a sus hijos al
decirles «crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho para poder
dominar la técnica que permite dominar la naturaleza.
Acuérdense
que la revolución es lo importante y que cada uno de nosotros, solo, no vale
nada. Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier
injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo…», el Che
seguirá siendo un desafío para el imperialismo, el hombre más temido. Y ya no
lo podrán matar, porque su ejemplo es inmortal.
Los que suscribimos, un grupo de internos del penal de mediana
seguridad de La Toma, ubicado en el municipio de Amatlán de Los Reyes, Ver.,
nos dirigimos a ustedes para manifestarle lo siguiente:
1.- El pasado sábado 8 del presente al filo de las 20:30 horas,
más de 30 custodios comandados por la recién llegada directora Cecilia Tejeda
Ortega armados con palos y tubos arribaron a las áreas de procesados en los
módulos A, B, C, y D y sin mediar palabra alguna comenzaron a golpear en forma
despiadada a los internos que se encontraban en sus estancias e incluso lastimando
a los familiares de éstos que se encontraban de visita.
2.- Es rotundamente falso lo que se manejó en las redes sociales
de que se había realizado una requizia de rutina cuando en realidad hubo cerca
de cuarenta lesionados, mientras la directora dice que no hubo problema alguno.
3.- Lo que verdaderamente hubo la noche del sábado fue un motín
provocado por la directora del penal ya que muchos internos salieron a tratar
de defender a los golpeados, lo que originó un fuerte enfrentamiento e incluso
algunos reos tuvieron que improvisar pequeñas bombas molotov para alejar a los
custodios que enardecidos golpeaban a gente inocente que ya se encontraba
descansando y señoras trataban de defender a sus maridos de dicha agresión.
4.- Las cosas se lograron controlar hasta las primeras horas de
la madrugada de este domingo gracias a la oportuna intervención de los
elementos del Ejército Mexicano, Seguridad Pública y la Armada de México o de
lo contrario, algunos reclusos hubieran resultado muertos sino logran llegar a
tiempo para intervenir.
5.- Señor Director Jorge Israel Ponce de León Borquez, los
internos exigimos que se abra una investigación a la directora del penal
Cecilia Tejeda Ortega y de a conocer los verdaderos motivos de esta agresión en
donde existen muchos lesionados, mientras que por otra parte vamos a solicitar
la inmediata intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para
que tome cartas en el asunto y se proceda conforme a derecho.
6.- Le solicitamos Señor Director la destitución de la directora
Cecilia Tejeda Ortega por considerarla nociva en agravio de los mil cien
internos que permanecen en este penal, ya que muchos tenemos la experiencia de
cuando estuvo la vez anterior después de la primera salida de Enrique Muñoz
Sánchez, siempre trató a los internos de manera déspota y prepotente y en nada
contribuye a la readaptación social que la gente necesita cuando ella con sus
actitudes hace todo lo contrario.
7.- Queremos que tengan conocimiento de que en caso de no actuar
para frenar los abusos de la directora del penal, los internos también se
organizarán para tomar otras medidas y las consecuencias podrían ser fatales.
Coahuila es uno de los
estados que ha sufrido por los casos de desaparición de personas.
Redacción Animal Político
Las autoridades estatales dicen que han sido ubicados 3,488 fragmentos óseos en el ejido Patrocinio, y que la quema de los cuerpos pudo ser obra de Los Zetas; sin embargo descartaron que haya sido un campo de exterminio.
Familiares de personas desaparecidas han reportado el
hallazgo de cientos de fragmentos óseos carbonizados, casquillos de bala y
ropa en un ejido llamado Patrocinio, del estado de Coahuila, en el norte de
México.
Silvia Ortiz, representante del Grupo Vida, incluso
ha señalado que ese sitio -en el municipio de San Pedro- pudo ser un “campo de
exterminio”, donde grupos criminales
mataron a personas para luego dejar ahí sus restos.
Desde 2015 realizan
búsquedas en la zona, con la expectativa de encontrar respuestas sobre qué le
pasó a sus parientes, con pruebas de ADN y de otro tipo.
“Es una extensión
grande pero fue de exterminio, esa es la palabra por las condiciones de los
restos, es lo que nos indica. Le pregunté a los forenses el motivo por el
que los restos eran tan pequeños y una de sus hipótesis apunta a que se trata
de cuerpos calcinados, que eran partidos en pedazos, como con palas”, ha
declarado Ortiz, de acuerdo con un reporte de Milenio, publicado el pasado 6 de
octubre.
El gobierno estatal,
en un comunicado el pasado sábado 8 de octubre, negó que haya
elementos para determinar que Patrocinio haya sido un “campo de exterminio”.
Indicó que desde el
año pasado se han realizado al menos seis operativos de búsqueda,
con la participación de asociaciones como Grupo Vida, y esas acciones han
llevado al hallazgo de 3,488 fragmentos óseos.
“Al hablar de los
3488 fragmentos óseos, a los que varias notas periodísticas pasadas hacen
mención, con diverso grado de carbonización y calcinación, encontrados en el
ejido Patrocinio, en dos lugares distintos, separados por 20 metros, no se hace
referencia a 3488 personas”, apuntó el gobierno estatal en su boletín.
“Pues de hecho, de
estos fragmentos se logró determinar que pertenecían a tres personas distintas, gracias
a las secuencias anatómicas identificadas por expertos forenses”, agregó.
Los restos
encontrados, según autoridades estatales, tenían “un alto grado de
carbonización y calcinación”, y según expertos forenses, “tienen varios años de
antigüedad”.
La fragmentación,
agregaron, “es resultado de una descalcificación en el hueso, originada por la
exposición a altas temperaturas inducidas por el uso de hidrocarburos, así como
a factores ambientales”.
En otro punto de su
comunicado el gobierno estatal señaló que la quema de cuerpos con
combustible es una “práctica ampliamente utilizada por el grupo delictivo
denominado como los Zetas”, para hacer más complicado el proceso de
identificación de víctimas.
También rechazó el
gobierno local que se trate de un caso de una fosa clandestina, ya que los
restos fueron hallados a nivel superficial.
“La investigación de
los hallazgos y de los crímenes llevados a cabo en Patrocinio sigue abierta”,
indicaron las autoridades locales.
“También se
han planificado futuros operativos de búsqueda en el lugar mencionado
y en otros cercanos que abarquen mayor terreno”, agregaron.
El procurador de
Coahuila, Homero Ramos, fue citado a comparecer por el Congreso estatal, para
que informe sobre las indagatorias en torno al ejido Patrocinio, indicó Reforma.
CIUDAD
DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Los Colectivos de Familias de Desaparecidos en
México condenaron el asesinato de los tres jóvenes Génesis Deyanira, Leobardo
Arroyo y Octavio García, ocurrido en Veracruz, y exigieron justicia para las
víctimas y sus familias.
“Ya basta de tanta omisión de parte de las autoridades y de la
ciudadanía, debemos unirnos como pueblo, frenar esta situación exigir seguridad
para ti, para nuestros hijos e hijas, para todos y todas para cada uno de los
que vivimos en este estado”, repudió en un comunicado la organización nacional.
Y
agrega:
“Asumimos una clara postura en favor a las víctimas de los
delitos atroces y sistemáticos, los cuales para la autoridad sólo son hechos
aislados, sólo un número más a las estadísticas quienes después tratan de
minimizar y de justificarse criminalizando a las víctimas”.
Por
ello reprocharon la actitud del gobernador priista Javier Duarte de Ochoa ante
este tipo de hechos y lo acusaron de ser omiso ante la inseguridad que prevalece
en Veracruz.
Consideraron que la ola de violencia no discrimina a niños,
adolescentes y jóvenes en este país, pues “todos estamos expuestos a ser
víctimas de un delito y de violaciones a los derechos humanos.
“En este México que te criminaliza y te revictimiza”, destaca el
comunicado de Colectivos de Familias de Desaparecidos, “las familias de los
jóvenes desaparecidos identificaron a sus hijos e hija teniendo un desenlace
triste, desgarrador y repugnante”.
Por este triple asesinato Colectivos de Familias de
Desaparecidos exigió una clara y precisa investigación que lleve a la detención
y castigo de él o los perpetradores de tan atroces crímenes.
“Las familias de víctimas tenemos y exigimos el derecho a la
justicia y la verdad”, afirmaron.
Por último, en solidaridad y apoyo, hicieron un llamado a todos
los organismos que deben estar implícitos en la procuración de justicia para
que se aplique la ley, respetando el debido proceso.
El estudio, coordinado por el doctor Sergio Aguayo, académico de El
Colmex, pide buscar la verdad en estos casos de graves violaciones a los
derechos humanos, para que se entiendan las lecciones dejadas y que no se
vuelvan a repetir este tipo de tragedias
Autoridades bajo el mando de los ‘Zetas’, en San Fernando y Allende.
Las policías municipales de San Fernando, Tamaulipas, y de Allende, Coahuila, estaban bajo el mando de “Los Zetas” cuando integrantes de esa organización criminal cometieron las masacres y desapariciones multitudinarias registradas en esos municipios durante los años 2010 y 2011, destaca un informe elaborado por El Colegio de México con apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
El reporte “En el desamparo: los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011)”, agrega que los alcaldes de ambos ayuntamientos eran figuras prácticamente decorativas o inexistentes, puesto que ninguna autoridad municipal alzó la voz o presentó algún tipo de denuncia para tratar de contrarrestar el control que ejercían “Los Zetas” sobre sus cuerpos policiacos.
El estudio fue coordinado por el académico Sergio Aguayo. A lo largo de un resumen ejecutivo y ocho anexos o reportes complementarios se reconstruye la actuación que tuvieron las diferentes autoridades antes y después de dos tragedias: 72 migrantes asesinados en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, y la desaparición de al menos 42 personas en la localidad de Allende, Coahuila.
El documento exhibe principalmente las complicidades y debilidades de las autoridades municipales, pero también demuestra omisiones e indiferencia de los gobiernos estatales hacías las víctimas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no salen mejor parados, ya sea por la discrecionalidad del anterior ombudsman o por los graves conflictos internos que marcan la operación del segundo organismo autónomo.
El informe es muy claro en cuanto a la complicidad de las policías municipales en el caso de los 72 migrantes que fueron ejecutados en San Fernando por negarse a engrosar las filas de Los Zetas o en el caso de las 34 casas y fincas que fueron arrasadas en Allende por las disputas internas al interior de ese grupo delictivo. El secuestro y desaparición de familias enteras incluyó a mujeres y menores de edad. que llevaban el apellido Garza.
“En 2010 y 2011, los Zetas tenían a su servicio a los 36 policías de San Fernando y a los 20 de Allende. Sin embargo, los agentes de involucraron de diferente manera con los criminales. Algunos se hicieron entusiastas cómplices; otros pusieron distancia sin confrontar o combatir a los delincuentes”, apunta el informe.
En el documento también se advierte que los funcionarios municipales de ambas localidades incumplieron con su obligación de denunciar de forma inmediata los secuestros y desapariciones de decenas de personas dentro de sus territorios, dejando en el desamparo a las víctimas y a sus familias.
Los alcaldes de San Fernando y Allende argumentaron por separado que no contaban con ninguna información de las tragedias ocurridas dentro de los territorios que gobernaban en ese momento.
Foto: ZUMApress/Xinhua
Omisiones e indiferencia de los gobernadores
El reporte elaborado por el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México también hace señalamientos concretos sobre losgobernadores en funciones al momento de la tragedia: Egidio Torre Cantú en Tamaulipas y Jorge Juan Torres López en Coahuila.
Por lo que respecta a San Fernando, Tamaulipas, se indica que el entonces gobernador,Egidio Torre Cantú, se negó a reconocer la gravedad del problema y y evadió cualquier responsabilidad de su gobierno, por lo que dejó la investigación en manos de la Federación y ya no realizó ninguna acción de prevención o de combate a la célula criminal de “Los Zetas” que operaba en ese lugar.
En el caso de Coahuila, el informe señala que el gobernador interino en 2011, Jorge Juan Torres López, actualmente prófugo por acusaciones de lavado de dinero en Estados Unidos de América, ocultó la desaparición masiva de personas ocurrida en Allende entre enero del 2011 y agosto del 2012, lo que ha dificultado la investigación y alimentado la especulación sobre el número total de víctimas.
La Procuraduría General de Justicia de Coahuila solo ha dado por desaparecidas a 42 personas en Allende, pero una cifra extraoficial sobre este evento, proporcionada por un sicario que se convirtió en testigo protegido de la justicia norteamericana, habla de 300 víctimas, cantidad que incluiría a residentes de municipios colindantes como Piedras Negras, Múzquiz, Nava y Zaragoza en Coahuila.
El reporte agrega que la actuación del gobierno de Coahuila se modificó sustancialmente con la llegada a la gubernatura de Rubén Moreira Valdéz, quién se comprometió con las familias de las víctimas a investigar el caso.
La indiferencia de los ex gobernadores Egidio Torre y Jorge López para actuar en ambos eventos lleva al informe a cuestionar sobre la incompetencia o vinculación de sus respectivas administraciones con el crimen organizado, situación que se agrava por la falta de investigación de las procuradurías locales y las instancias federales que han intervenido.
Procuradurías omisas, descuidadas, lentas
El informe sobre el desamparo de las víctimas añade que las Procuradurías de Tamaulipas y Coahuila casi no han desarrollado labores de investigación para llegar a la verdad de los hechos, debido a que los fiscales se limitan a construir imputaciones en contra de los involucrados con el apoyo de pruebas testimoniales y confesiones autoinculpatorias.
Las omisiones de la procuraduría tamaulipeca incluyen un descuido evidente al momento de levantar y resguardar los cuerpos de los 72 migrantes asesinados en un rancho de San Fernando, lo que dificultó la identificación de las víctimas y provocó errores al momento de entregar los restos a sus familiares.
Foto: ZUMAPRESS.com
Por lo que se refiere a la tragedia de Allende, el documento confirma que la Procuraduría de Coahuila no investigó de manera inmediata por la desaparición masiva de personas. En los días y semanas posteriores al hecho ocurrido entre el 18 y 20 de marzo del 2011, cuando se llevaron al mayor número de víctimas, las autoridades solo realizaron una visita ocular y recabaron un testimonio entre la población.
Las primeras declaraciones ministeriales y diligencias formales sobre este evento, se realizaron hasta el año 2014, es decir, tres años después.
La ineficiencia y falta de actuación no se limita sólo a los gobiernos municipales y estatales, puesto que en el caso de San Fernando, Tamaulipas, la comisión local de derechos humanos se negó a investigar los hechos de manera independiente. En el caso de Allende, fue la CNDH quien se negó a intervenir a favor de las víctimas, por lo que nunca ejerció su facultad de atracción para revisar posibles violaciones a los derechos humanos de las víctimas.
Debido a la deficiente actuación de gobernadores, organismos de derechos humanos y procuradurías, el reporte concluye que las víctimas de San Fernando, Tamaulipas, y las de Allende, Coahuila, no han recibido un trato adecuado a nivel municipal y estatal.
La pasividad del gobierno federal en Allende y San Fernando
Las tragedias de San Fernando, Tamaulipas, y Allende, Coahuila, tuvieron lugar en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, cuyo nombre apenas aparece en el reporte del Colegio de México. Sin embargo, el documento sí advierte que la presencia del crimen organizado en ambas regiones fue producto de la omisión y pasividad de dependencias federales.
A pesar de esta primera conclusión, el estudio reconoce que existe un gran vacío sobre el papel que desempeñaron instancias federales como el Instituto Nacional de Migración (INM), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y el Ejército Mexicano, por lo que el Colegio de México planea una segunda etapa de la investigación para tratar de entender la pasividad del gobierno federal frente al dominio de “Los Zetas” en Coahuila y Tamaulipas.
La CNDH tampoco sale bien librada en el informe, derivado de que si titular al momento de ambas tragedias, Raúl Plascencia, tardó tres años en emitir una recomendación para el caso San Fernando, excluyendo decenas de pruebas y autocensurando el alcance de su señalamientos; mientras que en el caso de las desapariciones forzadas de Allende hasta la fecha no ha iniciado una investigación sobre la violación a los derechos humanos de las víctimas.
“La CNDH no cumplió con su obligación de prevenir las violaciones a los derechos humanos y de investigarlas para contribuir a que hubiera justicia y reparaciones. Es cierto que se involucró inmediatamente en la masacre de San Fernando, pero se tardó casi tres años en presentar la Recomendación 80/2013”, detalla el informe.
Una de las principales debilidades en el trabajo de la CNDH es que no se interesó en los vínculos del crimen organizado con la policía municipal de San Fernando, pese a que existen documentos y declaraciones de que al menos 16 agentes locales participaron en la masacre de los 72 migrantes, señala el reporte.
Por lo que respecta a Allende, se resalta que el organismo ni siquiera inició una investigación de oficio como ocurrió en San Fernando. La responsabilidad principal de las omisiones en que incurrió la CNDH se atribuye a su anterior titular, Raúl Plascencia, quien llegó al cargo muy cuestionado por diversos actores. El análisis añade que su sucesor en el cargo, Luis Raúl Gónzalez Pérez, tampoco ha dado continuidad a estas investigaciones.
Pero más allá de sus titulares, el informe cuestiona que la CNDH no haya ejercido su facultad de calificar como graves las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en San Fernando y Allende, decisión que habría dado a las víctimas y a la sociedad mayores recursos para exigir la verdad y obtener la reparación del daño a las víctimas.
“Nos parece ilógico que ni Raúl Plascencia ni Luis Raúl González hayan calificado como graves a San Fernando y a Allende. Lo hecho por los Zetas elevó el listón de las barbaries. El Estado ni previno ni actuó con la celeridad que se merecían ambos casos”, enfatiza el reporte.
Sobre el trabajo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se concluye que ha sido incapaz de dar buena atención positiva a las víctimas de San Fernando, mientras que a las de Allende ni siquiera las considera, puesto que no tienen ningún expediente sobre el segundo caso. Uno de sus problemas principales es la confrontación y división entre los comisionados, situación que se reconoce al interior del organismo.
Pese a todos los hallazgos negativos, el reporte concluye con tres recomendaciones básicas para mejorar la atención a las víctimas en el país: reestructurar a profundidad los organismos destinados a este fin como la propia CEAV, mejorar los canales de comunicación entre el Estado y la sociedad para que haya mayor empatía entre las partes y favorecer la búsqueda de la verdad en todos lo casos de violaciones a derechos humanos.
Sólo con el cumplimiento de estos enunciados, señala el reporte, se podrán entender las lecciones dejadas por los casos de San Fernando y Allende, desde la penetración del crimen organizado en todos los sectores de la sociedad como ocurrió con Los Zetas, hasta la autonomía aparente de los alcaldes que responden más a los grupos delictivos que a los gobernadores de sus propios estados.
Nombre: “LOS DEMONIOS DEL EDEN”. El poder detrás de
la pornografía
Autora: Lydia Cacho
Editorial: Grijalvo
Si en su primera novela Lidia Cacho nos plasmó con
absoluta crudeza los sentimientos y el drama de una mujer infectada de SIDA por
su esposo. Lidia Cacho presenta ahora este nuevo libro en el que narra el caso
real de decenas de niñas obligadas a tener sexo y ser grabadas.
PORNOGRAFÍA INFANTIL
Los demonios del Edén
Advertencia: no es un tema fácil. Habla de una sociedad adormilada que
no mueve un dedo. Involucra a decenas de niños de hasta 5 años
(mayoritariamente mujercitas); a policías y políticos corrompidos, y a redes de
narcotráfico y pornografía infantil. Pero no es la trama de una película en
cartelera. Es un relato de la vida real. Decenas de pequeñas fueron obligadas a
tener sexo y a ser videograbadas por un enfermo, nada tonto, que, parece, hizo
parte de su fortuna con esta atrocidad. Pasó en Cancún, México. Con
autorización de la autora y de su casa editorial, Día Siete presenta este
adelanto de un libro valiente que expone al público escenas de un infierno que,
paradójicamente, se debe conocer: de otra manera está condenado a repetirse (en
este instante), ahora en su ciudad, ahora en su manzana, ahora tras la puerta
del vecino. TEXTO: LYDIA CACHO
Gabriela, ahora de 29 años de edad, casada y con dos niños, asegura que
fue víctima de Succar hace 14 años. Que la llevó una amiguita de la escuela,
junto con otras ocho niñas. De esas ocho algunas se quedaron y fueron forzadas
por Succar a llevar a otras niñas y niños. Ante la pregunta expresa de cuántos
menores creen que Jean Succar y Gloria Pita llegaron a fotografiar, y a forzar
a tener sexo para grabar videos en esos tiempos, Gabriela, con los0 ojos
arrasados de lágrimas, calcula que quizá se trate de cientos de criaturas.
Gabriela se niega a hablar con las autoridades; ahora es una mujer
casada, vive en una bella casa de la zona hotelera de Cancún y sus padres, quienes
pertenecen a la alta sociedad cancunense yucateca, nunca supieron nada. Está
convencida de que Succar es intocable. Luego de haber visto la tortura pública
a la que la Procuraduría de Justicia sometió a Emma y las otras niñas y sus
mamás, ella se conforma con ir a consultar a su terapeuta a Mérida una vez al
mes. Reza para olvidar y cuida a su hijo y a su hija de extraños y conocidos
por igual. Según ella, nadie merece vivir lo que todas estas niñas y niños han
pasado, pero el tema se considera tabú. Por eso ella rompió la tradición
familiar y a sus criaturas les ha explicado lo que es el sexo y lo que es el
abuso.
Escribir o leer un libro sobre el abuso y comercio de menores no es ni
fácil ni agradable. Sin embargo resulta más peligroso para la sociedad guardar
silencio sobre este fenómeno. Ante la muda complicidad de la sociedad y el
Estado, miles de menores son víctimas de comerciantes que les convierten en
objetos sexuales para la compraventa y disfrute de millones de hombres, quienes
encuentran en el abuso sexual infantil y en la pornografía, un deleite personal
sin cuestionamientos éticos.
Esta no es una historia de un viejo sucio que descubre que le gusta
tener sexo con niñas hasta de cinco años de edad. Y aunque algunos fragmentos
en voz de las víctimas son profundamente dolorosos, la valentía y claridad de
testigos y especialistas, nos permiten ver la luz al final del camino y
comprender más a fondo las implicaciones de la complicidad del silencio en el
tema de la violencia y la explotación sexual.
El reto del periodismo es recontar historias humanas para comprender
mejor el mundo que nos rodea; en ese sentido Los demonios del edén, cumple ese
propósito: mostrar el mundo de las sombras al que diariamente, y sin saberlo,
se enfrentan cientos de madres, padres e infantes que jamás creyeron que ellos
o ellas pudiesen caer víctimas de un pederasta, de un experto en pornografía o
de un violador.
La corrupción e ineficacia de las autoridades son responsables de que
miles de víctimas y testigos de delitos graves en este país prefieran guardar
silencio, antes de enfrentarse a la torpe maquinaria de la policía judicial. El
caso Succar es muestra fehaciente de ello. El testimonio de más de una veintena
de mujeres y niñas que se acercaron a las organizaciones no gubernamentales, e
incluso a periodistas, podría facilitar el encarcelamiento de delincuentes de
la talla de Succar Kuri y las mafias que lo protegen. Pero la estigmatización y
revictimización sistemática de las y los denunciantes son ejemplares; los delincuentes
aprovechan esta inseguridad y desconfianza como elemento de inhibición de las
víctimas, en pocas palabras, como alimento de la impunidad.
Después de la
tormenta
Jean Succar Kuri asegura de voz propia en el video grabado que siempre
ha tenido sexo con niñas aun de cinco años de edad. A Gloria, su esposa actual,
la conoció en Acapulco cuando tenía 15. Succar vivía dos semanas del mes en
Cancún desde hace 20 años. El resto del tiempo viajaba a Los Ángeles,
California, a Las Vegas, Nevada, a Hong Kong, y a donde sus negocios lo
llevaran para traer consigo cuantiosas sumas de dinero en efectivo.
Jean Thouma Hannah Succar Kuri nació en Becharré, Líbano, el 19 de
septiembre de 1944. En su adolescencia viajó a México y arribó a Guanajuato a
hospedarse en casa de sus tíos. En 1985 llegó a Cancún.
Comenzó con una fuente de sodas en el aeropuerto de Cancún y un par de
tiendas de playeras baratas para turistas. Años después era propietario de 50
villas y operador del Hotel Solymar. Tenía a su nombre tres tiendas de
artesanías en el aeropuerto de Cancún y hasta la fecha es dueño del restaurante
central del mismo aeropuerto, concesión que consiguió por medio de su amigo
Alejandro Góngora. Asimismo, es propietario de un restaurante en Los Ángeles y
de una mansión en esa misma ciudad norteamericana. Desde mediados del 2004 fue
detenido en Chandler Arizona, a petición de la PGR y la INTERPOL; sigue
esperando juicio de extradición para ser juzgado en México.
El 26 de marzo del 2005 el juez federal Amado Chiñas, denegó al
mexico-libanés Jean Succar Kuri el amparo solicitado por sus abogados
norteamericanos para liberar sus cuentas bancarias por más de 20 millones de
dólares. ¿Cómo pudo este empresario cancunense amasar esa fortuna? El lavado de
dinero, la pornografía infantil y la protección política de este pederasta
develan un secreto hasta hace poco tiempo muy bien guardado; un secreto que
incluye la protección de hombres de poder y explica cómo surge un grupo de
crimen organizado, sin que la sociedad se entere hasta que es demasiado tarde.
Turismo sexual
La nueva era empresarial presenta la explotación sexual como un negocio
sumamente lucrativo para las mafias que lo controlan. Se dice que el turismo es
la empresa del siglo XX, a la cual acompaña la venta, desde sitios de Internet
de fácil acceso, de tours paradisíacos con sexo pagado incluido para el viajero
con mujeres exóticas, jóvenes y dispuestas. Casi nadie escapa de esta lacerante
realidad: América Latina, Asia, Estados Unidos y Europa, África, Canadá, Oceanía.
Según el Unicef, más de un millón de niñas y niños son robados al año para
insertarles en el negocio del turismo sexual con infantes.
Según declaraciones del propio general Rafael Macedo de la Concha, la
PGR investiga a Succar Kuri por ofrecer a sus niñas por vía cibernética para
tender una red de turismo sexual infantil. A pesar de todo, las autoridades,
muchos medios, e incluso especialistas de la sociedad civil organizada, llaman
aún a este fenómeno “prostitución infantil”, lo que implica, de manera falsa
pero inconsciente, que hay un intercambio de dinero y de voluntades entre un
adulto que paga por tener sexo con una niña de 13, 14 o 15 años, quien es
forzada a aceptarlo para que su explotador cobre.
La industria de la pornografía infantil, directamente relacionada con el
abuso sexual, el secuestro (secuestro para fines sexuales) y la explotación
infantil, genera ganancias multimillonarias y, al igual que la del cine
pornográfico ya mencionado, se entrelaza cada vez con mayor desenfado con las
industrias formales. Todo ello no sería posible sin tres elementos: la
protección de hombres de poder al crimen organizado que sustenta estos males
sociales, la corrupción del Estado y la visión androcéntrica que protege los
intereses masculinos (se calcula que más de trescientos millones de hombres
adultos en América Latina pagan por tener sexo con mujeres jóvenes [Agencia de
las Naciones Unidas para la Mujer: UNIFEM]).
En algunos países árabes y del sudeste asiático, donde el patriarcado es
notoriamente fuerte, la venta, utilización y castigo de niñas y mujeres son
vistos con naturalidad. En el video grabado sin que él lo supiera, Jean Succar
afirma que no es muy malo lo que hace. Durante una conferencia de prensa un
agente de la PGR lanzó al aire un: “¿Y si en el Líbano es normal que se metan
con niñitas?”, a lo cual nadie respondió.o
Lydia Cacho
Mexico, D.F., 1963. Es periodista y activista social. Dirige en Cancún
un centro integral para mujeres víctimas de la violencia, CIAM, en el cual se atendió
a varias de las víctimas del caso Succar. Es autora de la novela Las provincias
del Alma (Demac 2003). Columnista política de La Voz del Caribe. Directora
editorial de la revista Esta boca es mía: apuntes de equidad y género y
conductora del programa de TV con el mismo nombre. Colaboradora de opinión en
el noticiero Detrás de la Noticia con Ricardo Rocha. Especialista en temas de
violencia y género para la Agencia de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM). Ha publicado más de dos centenares de artículos en diversos diarios y
revistas del país. Es Consejera de la Universidad del Caribe. Cofundadora de la
Red de Periodistas de México, Centroamérica y el Caribe y corresponsal de la
agencia de noticias CIMAC.
