José
Luis Ortega Vidal/ Claroscuros
(1)
Un enfoque poco o nulamente abordado en torno al caso Javier Duarte de
Ochoa es el relativo a los nexos de su fallida gestión gubernamental con el
narcotráfico.
Pruebas hay -y muchas- de que áreas del gobierno estatal duartista se
vincularon con uno u otro cártel de los tres principales que operan en suelo
veracruzano: el del Golfo, Los Zetas y Jalisco Nueva Generación, más
los grupos menores que surgen de sus escisiones.
Durante la visita de Miguel Angel Osorio Chong a Coatzacoalcos el pasado
lunes 17 de octubre un discreto Roberto Campa Ciprián se deslizó por los
pasillos del hotel Terranova.
Su jefe -el Secretario de Gobernación- encabezaba sendas reuniones con
empresarios locales y cuerpos de seguridad federales, estatales y municipales.
Con alcaldes del sur y el gobernador interino Flavino Ríos como
testigos el Secretario de Gobernación anunció que la Secretaría de Marina se
haría cargo de la seguridad en la entidad veracruzana a partir de ayer: lunes
24 de octubre.
Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, el ex priísta Campa
Ciprián ha atendido directamente casos como el de los jóvenes “levantados y
entregados” por la policía estatal emplazada en Tierra Blanca al Cártel
de Jalisco Nueva Generación el 11 de enero y el hallazgo de unas 105 fosas
clandestinas en la ciudad y puerto de Veracruz, entre otros.
Respecto a la desaparición de 5 jóvenes en Tierra Blanca y de acuerdo
a testimonios de policías involucrados y detenidos, sicarios del CJNG habrían
asesinado a todos en el rancho “El limón” ubicado en Tlalixcoyan, municipio cercano
a donde fueron levantados.
A la fecha sólo hay pruebas de ADN que comprueban la presencia en el
rancho “El limón” de dos de los cinco jóvenes del caso Tierra Blanca.
No obstante las versiones de varios involucrados inclinan la
investigación a la dramática hipótesis de que los cinco muchachos nativos de
Playa Vicente que estaban de paso en Tierra Blanca tras un viaje de
paseo a Veracruz murieron en “El limón” donde también se hallaron cientos de
restos humanos sin identificar.
De esta historia se desprenden datos clave que describen parte
del rostro del narcotráfico en la gestión de Javier Duarte y que nos hablan de
la impunidad con que se mueve el aparato del corrupto poder político-electoral
de Veracruz y de México.
Los policías que “levantaron” a los muchachos de Tierra Blanca estaban
al mando de la SSP, cuyo titular era Arturo Bermúdez Zurita.
Podrida la SSP, socavada hasta las entrañas por el narcotráfico,
cómplices sus delegados en varios puntos clave de la geografía Veracruzana
-Tierra Blanca y Cardel son dos casos evidenciados por ejecuciones y
señalamientos directos contra mandos de alto nivel- Bermúdez fue responsable de
una seguridad inexistente para los veracruzanos con la venia de Javier Duarte
de Ochoa.
“Primero me voy yo que él”, declaró Duarte de Ochoa cuando ciudadanos,
organizaciones sociales, gremios empresariales, periodistas, mostraban pruebas
sobre cientos de muertes inocentes derivadas del asalto a la dependencia
estatal de seguridad.
Vivíamos y vivimos los veracruzanos una guerra con muchos frentes.
Uno de ellos es entre cárteles pero atraviesa organismos oficiales
cómplices como la SSP.
Finalmente Arturo Bermúdez Zurita tuvo una salida a modo, una
renuncia oportuna para salir de Veracruz sin ser denunciado, investigado, ni
siquiera citado por la Fiscalía de su amigo y protector Luis Angel Bravo.
No se requieren denuncias al respecto. Los asesinatos se investigan de
oficio y entre ellos hay ejecuciones de mandos policiacos y existen videos
donde éstos son torturados y dan detalles de presuntos vínculos de sus jefes
con el crimen organizado.
Determinar si esto es cierto o falso es obligación de la Fiscalía, lo
mismo que buscar y detener a los asesinos.
El 4 de agosto Bermúdez Zurita renunció a la SSP luego de que medios
de comunicación como Aristegui Noticias y Reforma dieran a conocer que junto
con su familia posee 5 residencias en Texas, Estados Unidos, así como otras 9
en la Ciudad de México, 5 en Xalapa, 1 en el puerto de Veracruz y 2 en Quintana
Roo.
A lo anterior se suma la sociedad que el ex titular de la SSP mantiene
en 24 empresas de diversos giros.
Una de ellas ligada al rubro alimenticio que se agenció contratos con la
propia SSP. Es decir Bermúdez Zurita era proveedor de la dependencia a su
cargo, protagonizaba un conflicto de interés, actuaba corruptamente mientras su
jefe el gobernador declaraba: “primero me voy yo que él”.
De hecho una lista de adeudos del gobierno con proveedores ubicó a
empresas de Bermúdez Zurita como acreedores de 70 millones de pesos.
Ahora bien el caso de SSP/Tierra Blanca/5 jóvenes levantados por
policías y entregados al CJNG/Arturo Bermúdez Zurita protegido por Javier
Duarte/la renuncia oportuna del corrupto Secretario de Seguridad señalado por
subalternos ejecutados por la mafia como vínculo del gobierno con el crimen
organizado es sólo uno.
Hay más.
“El limón”, rancho donde se encontraron huellas de 2 de los 5 jóvenes
de Tierra Blanca, así como restos de cientos de seres humanos ejecutados
bestialmente, es propiedad de Francisco Navarrete Serna (a) “El Ingeniero”.
Preso por el caso de los jóvenes de Tierra Blanca, Navarrete Serna
cuenta con un historial de operador político y se le señala como presunto jefe
de plaza del CJNG en el violento Tierra Blanca.
Una fotografía suya junto al hoy diputado federal Antonio Tarek Abdala
lo ubica como presunto financiador y operador de su campaña política en el
2015, aunque el legislador niega la especie.
Tarek Abdala fue tesorero en la Secretaría de Finanzas de
Veracruz y representa en la Cámara de Diputados a la zona de la Cuenca del
Papaloapan, incluyendo al municipio terrablanquense.
Por otra parte el cuenqueño es uno de los cuatro diputados federales
veracruzanos vinculados al fraude de las empresas fantasma que ha dado pie a
las órdenes de aprehensión contra su ex jefe Javier Duarte de Ochoa.
Los otros tres diputados fantasmagóricos son Adolfo Mota, Edgar Spinoso
y Nohemí Lagunes.
(2)
En el hotel Terranova de Coatzacoalcos Roberto Campa Ciprián acercó a
los padres de los 5 muchachos “levantados” por policías-narcos en Tierra Blanca
a Miguel Angel Osorio Chong y dialogaron sobre un tema substancial ligado a su
tragedia: la aplicación de justicia.
Los padres de los 5 muchachos de caso Tierra Blanca son José
Benítez de la O, Bernardo Benítez Arróniz, Alfredo González Díaz, Mario Arturo
Orozco Sánchez y Susana Tapia Garibo quienes el 13 de octubre presentaron una
denuncia contra Arturo Bermúdez Zurita, el ex titular de la SSP de triste
memoria.
Las pruebas de videos y testimonios son irrefutables: fueron policías
estatales en la nómina del narcotráfico quienes “levantaron” a los muchachos
“por sospechosos” y los entregaron al CJNG por órdenes de Marcos Conde
Hernández, subalterno de Arturo Bermúdez Zurita.
“Según lo revelado por las investigaciones los policías entregaron los
jóvenes a la Delincuencia Organizada que opera en esa zona, posteriormente
fueron detenidos los policías implicados, y a decir del octavo detenido en la
investigación a cargo de la Policía Federal (PF) y la Fiscalía veracruzana, el
policía Rubén Pérez Andrade, todas las víctimas fueron golpeadas,
asesinadas y sus cuerpos destruidos o triturados.
Cuatro de los policías responsables no habían pasado las pruebas de
confiabilidad, incluyendo a su propio jefe, el comandante Marco Conde
Hernández, (hoy detenido), asignado a la coordinación de la policía estatal
en la zona de Tierra Blanca.
El articulo 139 de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, fracción cuarta, señala que se sancionará con
prisión a quien asigne nombramiento de policía, ministerio público o perito
oficial a persona que no haya sido certificada y registrada en los términos de
esta Ley.
Por lo cual se interpreta que las autoridades encargadas en su momento
de realizar dicha certificación incurrieron en un delito federal,
es por ello que el abogado de las cinco familias, Celestino Espinosa
Rivera, comentó que fue puesta una denuncia penal ante la Procuraduría
General de la República (PGR) en contra de Arturo Bermúdez Zurita que
en ese entonces fungía como Secretario de Seguridad Pública del estado de
Veracruz, y según lo estipulado por la misma SSP es el secretario el único
responsable de las certificaciones.
El abogado detalló que la denuncia fue puesta el jueves 13 de
octubre en la PGR en la Unidad Especializada en los Delitos por
Servidores Públicos, en la Ciudad de México.” *
Junto a las interpretaciones jurídicas y el destino de la denuncia
contra Arturo Bermúdez Zurita los muertos de Veracruz hablan y el polifacético
rostro de Javier Duarte de Ochoa aparece una vez más, en esta ocasión
relacionado directa o indirectamente al crimen organizado.
Por acción u omisión el gobernador con licencia y prófugo también debe
enfrentar la Ley por casos de asesinato y narcotráfico.
