Alejandro
Saldaña Rosas
Sociólogo. Profesor Investigador de la Universidad Veracruzana
Uno de los principales operadores del cártel de Veracruz se ha
dado a la fuga: Javier Duarte es prófugo de la justicia, acusado de
delincuencia organizada, defraudación fiscal, desvío de recursos y lavado de
dinero, cuando menos. Lo cierto es que el montaje de la fuga ha salido bastante
mal puesto que resulta evidente que entre el veracruzano y el gobierno federal
hay un pacto, no un real esfuerzo por impartir justicia. El costo político de
mantener a Duarte en el gobierno del estado se elevó tanto que Peña optó mejor
por obligarlo a dejar el cargo. La licencia solicitada y otorgada es la
concreción del pacto mafioso entre Duarte, el congreso veracruzano y el
gobierno federal.
Dice la PGR que solicitará a la Interpol la emisión de la ficha roja para que
el exgobernador sea buscado en 190 países y, a la postre, aprehendido. Búsqueda
que parece inútil puesto que es inverosímil que el gobierno mexicano con todas
sus estructuras de seguridad e inteligencia (CISEN, PGR, C4, Ejército, Marina,
etc.) no conozca la ubicación precisa de Duarte. Por eso, cada día, cada minuto
que Javier Duarte permanece en libertad es la evidencia palmaria del arreglo de
mutua conveniencia establecido con Peña Nieto, Osorio Chong, el Ejército, la
Marina, en una palabra, con la clase política en su conjunto y con no pocos
empresarios involucrados en negocios ilegales en Veracruz.
Sin negar el peso de Duarte de Ochoa en la estructura del cártel de Veracruz,
no es el único y quizás tampoco el capo mayor. Fidel Herrera Beltrán, el
flamante cónsul de México en Barcelona, es figura señera en esta organización.
Y si Fidel ocupa ese cargo es porque Peña Nieto lo colocó allí, a pesar de las
evidencias de sus nexos con narcotraficantes y lavadores de dinero, como Pancho
Colorado (actualmente encarcelado en los Estados Unidos), contratista de Pemex
y operador financiero de los Zetas. Durante la campaña electoral de 2012, Peña
fue beneficiado por Duarte con al menos 2,500 millones de pesos que ilegalmente
fueron desviados de Veracruz hacia la candidatura del mexiquense. Recordemos
que en 2012 en el aeropuerto de Toluca fueron decomisados 25 millones de pesos
que transportaban en maletas dos colaboradores del entonces secretario de
Finanzas de Veracruz, Vicente Benítez González. Como podemos observar, la trama
de negocios del cártel de Veracruz es intrincada, densa y por mucho rebasa los
límites del estado: llega hasta Los Pinos, de ahí el evidente encubrimiento de
Javier Duarte.
Los economistas denominan cártel a una asociación de empresas para defender sus
intereses. Eso es lo que hay en Veracruz (y en todo el país). El primer y
último interés de las empresas del cártel es hacer dinero, por vía legal,
ilegal o una combinación de negocios lícitos con otros turbios, como sucede en
el caso veracruzano. En esta perspectiva, las demandas judiciales contra Duarte
son apenas la punta de la madeja de las operaciones del amplio y extendido
cártel de Veracruz. Cártel con cientos, miles de integrantes: diputados
locales, diputados federales, senadores, presidentes municipales,
“periodistas”, contadores, sicarios, halcones, jefes de plaza, empresarios,
jueces, taxistas, ministerios públicos, policías, médicos, agentes de
inmigración, petroleros, fiscales, secuestradores, líderes populares, oficiales
y tropa del Ejército y la Marina, dirigentes sindicales, extorsionadores,
inversionistas nacionales y extranjeros, sacerdotes, etc. Y muchas veces sus
familiares también pertenecen al cártel, como la esposa de Duarte, Karime
Macías, o sus hermanos, cuñados, etc.
El funcionamiento del cártel de Veracruz ha sido devastador para el estado por
la imbricación de las operaciones y el encadenamiento de sus consecuencias. El
desvío y saqueo de las finanzas públicas ha provocado que los recursos
destinados a detonar la economía de las diferentes regiones de Veracruz no haya
sido aplicado con atingencia en el campo, la pesca, la ganadería, el turismo,
la industria; tampoco los hospitales y clínicas han sido dotados con
medicamentos ni con personal suficiente; la obra pública (que genera miles de
empleos directos e indirectos) ha sido mínima y profundamente lesionada por la
corrupción (precios inflados, compra de materiales innecesarios, simulación de
licitaciones, etc.); las escuelas se encuentran en una situación de precariedad
que raya en la indigencia. No hablamos de números pequeños, sino de inmensas
cantidades de dinero. Tan solo en el año 2015 se estima que el desfalco
financiero a la entidad asciende a más de 14 mil millones de pesos, recursos
que en vez de llegar a los programas de desarrollo social, inversión e
infraestructura quedaron en poder del cártel de Veracruz:http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/dano-patrimonial-en-veracruz-alcanza-los-14-mil-mdp-diputado-local.html
En pocas palabras: la corrupta administración de Duarte de Ochoa se ha
traducido en pobreza y marginación para Veracruz. Pobreza y marginación que a
su vez facilitan la degradación ambiental y la cooptación de jóvenes, e incluso
niños, por las bandas delincuenciales que azotan la entidad.
Prácticamente toda la sociedad veracruzana ha sido afectada por el cártel de
Veracruz. Campesinos e indígenas son empujados a la tala clandestina, el abandono
o la renta de sus parcelas para el fracking o los proyectos hidroeléctricos, o
la usan para la siembra de mariguana. Pescadores que son obligados a utilizar
sus embarcaciones, sus casas y sus terrenos para el trasiego de drogas o de
personas. Empresarios que son exigidos a pagar derecho de piso a un cártel, o a
dos, además de las “mordidas” exigidas en los ayuntamientos para realizar
cualquier trámite o permiso. Profesionistas víctimas de extorsiones y
secuestros. Una economía paralizada que desincentiva inversiones, constriñe el
mercado interno, impide o limita la creación de empleos. Una economía que
genera pobreza y promueve las actividades delictivas.
Por si no fuera suficiente, la estructura ramificada del cártel de Veracruz
permite que los recursos del gobierno federal para educación, salud,
infraestructura, seguridad pública, etc., terminen en manos de la delincuencia
organizada. El doctor Mireles lo describió perfectamente bien para Michoacán, y
aplica para Veracruz: el dinero del ramo 33 llega a manos del crimen organizado
porque funcionarios de todos niveles (presidentes municipales, por ejemplo) son
parte de los mismos cárteles.
En su enloquecido afán de lucro, el cártel de Veracruz, como cualquier otra
organización criminal, genera muerte, destrucción, dolor. De esta forma, los
miles de asesinatos, los feminicidios y los miles de desaparecidos están
vinculados con el desfalco financiero de la entidad. No son delitos inconexos,
por el contrario, se trata de dos ominosas facetas en la operación del cártel
de Veracruz. Si toda la estructura del gobierno del estado, particularmente la
Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía, está penetrada por la
delincuencia e inclusive al servicio de ésta, es imposible vivir en un estado
de derecho. Y sin estado de derecho no hay justicia. Señalo algo que en
Veracruz todo mundo sabe: la policía estatal y la fuerza civil son de las principales
responsables en la desaparición de miles de personas.
Desapariciones, feminicidios y asesinatos forman parte de lo que he llamado la
producción institucional del miedo. Con una población arrinconada por el miedo,
la pobreza, la desesperanza y la falta de oportunidades, el cártel de Veracruz
ha operado desde hace años con total impunidad. Si la sociedad está
desorganizada, desmovilizada y atemorizada, la devastación de los recursos
naturales (especialmente el agua) se facilita; asimismo, el tráfico de personas
(migrantes, por ejemplo, pero no solo), la trata de blancas, la ordeña de
ductos de Pemex, el secuestro o la extorsión encuentran condiciones muy
favorables para prosperar: los negocios ilícitos y los legales del cártel de
Veracruz son los únicos que han prosperado durante los sexenios de Fidel y de
Javier, cuando menos.
Mientras el gobierno federal simula la búsqueda de Duarte, la estructura
criminal del cártel veracruzano está intacta y opera con toda normalidad, si
bien seguramente habrá un reacomodo de mandos. La única posibilidad de
desmantelar esta estructura radica en la ciudadanía organizada, toda vez que,
como hemos visto, el mismo gobierno federal ha sido beneficiado por las
actividades del cártel. Tarea muy compleja, sin duda, pero que debemos iniciar
de inmediato, que de hecho ya iniciamos.
Una medida urgente es hacer un llamado a organismos internacionales para que
intervengan en Veracruz: a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
inclusive al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, para que
desplieguen sus recursos jurídicos y políticos en Veracruz. Y desde luego, la
organización de la ciudadanía es absolutamente central para poner coto a los
privilegios y la impunidad de los integrantes políticos del cártel de Veracruz.
Cártel que goza de cabal salud gracias a la protección y auspicio del gobierno
de Peña Nieto, del poder legislativo y del poder judicial.
