Al advertir que auditará al Estado
Por: Filiberto Vargas Rodríguez
En la cultura popular se le conoce como
"espantar con el petate del muerto". Esto es, cuando alguien quiere
causar temor a partir de información falsa o exagerada.
En el punto número uno de la carta
enviada por el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, al
gobernador en funciones, Flavino Ríos Alvarado, le da a conocer que el 31 de
octubre, esto es, un día antes de que inicie el plazo formal para aplicar el
procedimiento de entrega-recepción, hará de su conocimiento los nombres de
quienes integrarán los grupos de trabajo que se harán cargo de recibir los
asuntos de la Administración Pública.
Sin embargo, en el segundo punto
advierte: "Se iniciarán de inmediato auditorías en todas las dependencias
y entidades de la Administración Pública del Estado. Es una decisión que he
tomado en mi calidad de Gobernador Electo del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, con base en lo dispuesto en los artículos 108 y 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
Todo gobierno al inicio de su gestión
audita a la administración saliente, pues con ello garantiza que todo esté en
orden y que se puede hacer responsable de lo que haya y deje de haber, de lo
que se haga o se deje de hacer.
Sin embargo, no se debe pasar por alto
que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares inicia el primero de diciembre, y
será hasta entonces cuando pueda auditar a la administración estatal.
El Artículo 58 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo establece que a partir del día primero de noviembre, el
Gobernador y los Titulares de las dependencias "dispondrán lo necesario
para iniciar la entrega de los asuntos de la Administración Pública
encomendados a su cuidado".
Para ello "ordenarán se prepare un
documento de entrega, en el que consten: los antecedentes, el estado actual,
los procedimientos a seguir, la fecha probable de terminación. En caso de haber
retraso, las razones que lo hayan originado. El estado financiero y los anexos
que correspondan".
Además, "informarán al Gobernador
electo, o a quienes éste designe, sobre el estado de los asuntos que tengan
encomendados, realizando con ellos las juntas de trabajo que se requieran, de
preferencia fuera del horario de labores".
Incluso se advierte que los servidores
públicos que no sean ratificados en sus puestos, "deberán permanecer en
disponibilidad de quienes los sustituyan, hasta el día dieciséis del mes de
diciembre del mismo año", para aclarar cualquier duda sobre la entrega de
las áreas bajo su responsabilidad.
En plan bélico, Yunes Linares remata su
misiva al gobernador Flavino Ríos con una amenaza: "La negativa a
proporcionar información a los auditores que formalmente designaré, será
claramente violatoria de las diversas disposiciones legales aplicables para tal
efecto y tendrá las consecuencias jurídicas del caso".
El gobierno que sale tiene la
obligación de entregar a los representantes del gobierno que llega, un informe
detallado sobre el estado que guarda la administración pública.
Una vez que asuma sus funciones, que
rinda protesta de "guardar y hacer guardar la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las Leyes que de ambas emanen",
entonces podrá ordenar todas las auditorías que considere pertinentes y
proceder penalmente contra los que hayan incurrido en actos ilegales.
Así está considerado en la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo, que en la fracción segunda de su artículo octavo, en el
que se definen las atribuciones del gobernador, en su fracción sexta, se
señala: "Ordenar la realización de auditorías, revisiones y evaluaciones a
las dependencias centralizadas y entidades paraestatales, y designar a los
titulares de sus respectivos órganos de control interno y vigilancia".
Amagar con la aplicación de la ley
contra quienes violenten el marco jurídico que los rige, es redundancia que
huele a propaganda barata.
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