Además de Javier
Duarte, la PGR busca a Moisés Mansur Cysneiros, quien, según denuncias de la
Procuraduría, constituyó empresas fachada del giro inmobiliario para filtrar
los recursos públicos en inversiones en ese ramo en Estados Unidos.
Arturo Angel (@arturoangel20)
La Procuraduría General de la República (PGR) acusó, junto
con el político veracruzano, a estas ocho personas de lavado de dinero
y delincuencia organizada. Van desde un amigo de Javier Duarte que
nombró al gobernador con licencia de Veracruz como heredero de todos “sus
bienes”, hasta una mujer de bajos recursos a la que le embargaron un
departamento por una deuda con el banco.
Este miércoles 19 de
octubre, Animal Político y el noticiero 10 en Punto de
Televisa revelaron quiénes son los ocho acusados, además de Duarte, según
autoridades judiciales. Estas señalaron que los acusados deben
ser considerados inocentes hasta que un juez defina lo contrario, como lo marca
el sistema penal acusatorio.
Javier Duarte y su
red
La lista de imputados
inicia con Javier Duarte, el gobernador con licencia de Veracruz y al
que la Procuraduría considera el principal beneficiado del presunto
desvío de recursos públicos.
Después aparece el
nombre de Moisés Mansur Cysneiros, un empresario veracruzano que,
según denuncias presentadas en la Procuraduría, constituyó empresas
fachada del giro inmobiliario para filtrar los recursos públicos en
inversiones en ese ramo en Estados Unidos.
Mansur tiene al menos
tres inmuebles en la Ciudad de México, que según sutestamento pasarían a ser propiedad de Javier
Duarte si fallece. Se trata de los inmuebles ubicados en Prado Norte 135, en
Lomas de Chapultepec; una oficina en Campos Elíseos 71 B, en Polanco, y un
local en Plaza Centro, en Masaryk.
Un video revelado por
el noticiero “Despierta” evidenció a Mansur aceptando quepagaba la tarjeta de crédito de la esposa de
Duarte, Karime Macías. Las autoridades además tienen datos de que dicho
empresario le prestaba un vehículo con chofer incluido a Macías para sus
traslados.
En el grupo de ocho
imputados figuran Juan José Janeiro Rodríguez y Rafael
Gerardo Rosas Bocardo, quienes, siguiendo instrucciones de Mansur, habrían
invertido el dinero en un rancho en Las Mesas, en una operación que
involucró más de cinco millones de pesos, cuyo origen no está confirmado.
La lista la completan
cinco personas que habrían colaborado como accionistas, contadores o
representantes legales para desviar recursos públicos e invertirlos mediante
firmas fantasma. Se trata de Santa Bartolo Acuña, Miguel Velásquez
Nieva, las hermanas Nadia Isabel y Elia Arzate
Peralta y Javier Nava Soria.
En el caso de las
hermanas Arzate Peralta no hay registro de que tengan actividad laboral alguna que justifique
su supuesto perfil empresarial y de hecho, en el caso de Nadia Isabel, enfrentó
una demanda de embargo de una propiedad en
Naucalpan por deudas bancarias.
¿Cuál fue la
mecánica, según la PGR?
Este grupo, según las investigaciones
de PGR, trabajó de forma conjunta para encubrir el origen e invertir al
menos 500 millones de pesos que fueron desviados de partidas públicas.
La mecánica que se
presume se utilizó en el desvío de recursos era la siguiente: Durante varios
meses, el gobierno de Veracruz desplazó el dinero público en contratos
con al menos 35 empresas fantasma, entre ellas las reveladas en unreportaje publicado por Animal
Político.
Las operaciones
contratadas eran simuladas, como indagatorias del SAT lo concluyeron, pero el
dinero sí se “pagaba” para luego desviarlo a otras dos compañías que “lavaban”
su origen en nuevas inversiones. Detrás de esas dos compañías están
Duarte y el grupo acusado de lavado.
El dinero se habría
utilizado finalmente para adquirir diversas propiedades, desde inmuebles en
Estados Unidos, hasta ranchos o terrenos ejidales en México. En el caso de los
terrenos, estos fueron vendidos con sobreprecio y los recursos excedentes se
devolvieron a Javier Duarte.
La procuradora Arely
Gómez confirmó que se había procedido penalmente contra un grupo de nueve
personas –entre ellos Duarte– por los delitos mencionados. Este medio publicó
que el caso se encuentra en un juzgado federal de la Ciudad de México que el
pasado fin de semana giró las nueve órdenes de aprehensión.
Este proceso, se suma
al que la PGR también impulsa en juzgados federales en Veracruz contra socios
de empresas fantasma a los que se asignaron contratos estatales y en el cual ya
hay siete procesados. El dinero de esos contratos, junto con otras partidas,
habría sido triangulado hacia la red que se encargó de lavarlo para ocultar su
origen. Además, la Procuraduría tiene otras líneas de investigación en curso
que involucran a personas y exfuncionarios que aun no son consignadas.
Hasta ahora, de
los nueve procesados en la misma causa penal que Javier Duarte, solo han sido
detenidas dos mujeres.
Los delitos que se
imputan a los implicados son considerados como graves y podrían alcanzar hasta
una pena de hasta 20 años de cárcel de ser encontrados culpables.
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