Publicado el 20 oct. 2016
En mayo de 2006, como gobernador del Estado de México, Enrique Peña
Nieto no tuvo empacho en asumir su responsabilidad en la movilización de
cientos de elementos de la entonces Policía Federal Preventiva y agentes
municipales para reprimir de manera brutal a pobladores de San Salvador Atenco
y activistas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Una década más
tarde, como presidente de la República, Peña Nieto será testigo de cómo un
paradigma de impunidad se convierte en la octava condena contra México por
parte del tribunal regional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH).
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