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En México, "no ha existido una investigación seria de todas las formas de responsabilidad de la cadena de mando": Stephanie Erin Brewer.
Claudia Hernández,
sobreviviente de Atenco en 2006, aseveró que, a 10 años de lo ocurrido, aún
“preocupa mucho cómo está México en materia de derechos humanos”.
En entrevista para Aristegui CNN, sostuvo que
“Atenco es sólo una muestra de todo lo que está ocurriendo en el país”.
El caso de violaciones a los
derechos humanos cometidas contra mujeres durante los operativos policíacos en
San Salvador Atenco, Estado de México, los días 3 y 4 de mayo de 2006, durante la administración del entonces gobernador
del Estado de México, Enrique Peña Nieto, fue presentado ante
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que se prevé que emita
una sentencia al respecto.
“Lo recuerdo con mucho dolor,
es un camino difícil que tuvimos que recorrer durante 10 años para encontrar
justicia”, comentó Hernández.
Recordó que primero acudieron a
todas las instituciones del Estado mexicano, “donde en vez de obtener justicia
muchas veces nos revictimizaron”.
En las revisiones, apuntó, le
diijeron: “‘desnúdate, vamos a comprobar que fuiste víctima
de tortura y violaciones”.
“El Estado nos quería hacer
culpable de lo que había sucedido”, consideró.
Además, señaló que “el gobierno
apostó a que nos quedáramos calladas pero teníamos el compromiso de alzar la
voz y decir lo que había ocurrido en Atenco”.
“Su estrategia era darle una
lección a la comunidad”, acotó.
Rememoró que en el traslado al
penal, qued duró 6 horas, “fuimos violentadas la mayoría de las mujeres”; “nos
obligaron a escuchar cómo las mujeres pedían que ya se detuvieran, o que ya no
les hicieran tocamientos”.
Son 11 mujeres denunciantes en
total, quienes “no sólo somos Atenco, somos Ayotzinapa, somos Tlatlaya, somos
mujeres que vamos a acabar con su impunidad”, finalizó.
Por su
parte, Stephanie Erin Brewer, coordinadora
del área internacional Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, aseguró
que el operativo policiaco representó una represión, “con participación de
fuerzas de los tres niveles que en vez de restablecer el orden, detuvieron
arbitrariamente a más de 200 personas, incluyendo a las 11 mujeres denunciantes
que no habían cometido ningún delito y
fueron detenidas y torturadas”.
“Ese es uno de los aspectos que
va a analizar la Corte Interamericana”, puntualizó, pues hay un “fuerte
componente de discriminación contra la mujer”.
La denuncia en México “no fue
escuchada, no fue investigada debidamente, de hecho hasta el día de hoy no ha existido una investigación seria de todas las
formas de responsabilidad de la cadena de mando”.
Además, “no hay una sola
condena penal por estos hechos de hace más de diez años”.
Por ello, indicó que es un caso
paradigmático del uso de la fuerza, de la impunidad y “de las prácticas de
impunidad que siguen vigentes hasta hoy, que fomentan y posibilitan la
repetición crónica de este tipo de graves violaciones”.
Brewer sostuvo que el Estado mexicano no mostró
avances claros o voluntad plena para cumplir con las recomendaciones que le
hizo la CIDH y “es por eso que a solicitud de las mujeres, la Comisión envía el
caso a la Corte el pasado 27 de septiembre”.
Lo que podría sentenciar la
Corte son medidas de no repetición y otras acciones encaminadas a atacar las
causas estructurales como la tortura sexual o el uso arbitrario de la fuerza,
detalló.
En cuanto a lo que va a
analizar -explicó- se encuentra la responsabilidad internacional del Estado en
su conjunto, “no es un juicio penal, no constituye una condena penal”, precisó.
En un par de años se podría
emitir una sentencia por este caso.
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