VERACRUZ,
Ver. (apro).- Con cargos en el gobierno de Enrique Peña Nieto o bien como
diputados federales, a los amigos y exfuncionarios del gobierno de Javier
Duarte –acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e
incumplimiento del deber legal– no les preocupa su cercanía con aquel, porque
gozan de protección o fuero constitucional.
Es el
caso del actual diputado federal Marco Antonio Aguilar Yunes, compadre en
primer grado del exgobernador, quien fungió como secretario del Trabajo y Previsión
Social (STPS) en la entidad y luego amarró una curul en San Lázaro. La
Procuraduría General de la República (PGR) lo exoneró de cualquier
investigación.
En días
pasados el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho Quiroz, aseguró
que ningún legislador federal de Veracruz estaba sujeto a investigación… “por
el momento”. Incluso Carvallo Delfín y Erick Lagos Hernández fueron
“propuestos” para la dirigencia estatal priista, con la venia del propio
Duarte.
Jorge
Carvallo fue secretario particular del exmandatario y también fungió como
titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y desempeñó como
coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto en la elección presidencial del
2012.
Por su
parte, Lagos Hernández fungió como subsecretario y secretario de Gobierno del
exgobernador, actualmente prófugo de la justicia.
Al
interior del PRI se sabe que Erick Lagos y el también diputado federal Alberto
Silva eran “las cartas” de Duarte para sucederlo en 2016.
De
acuerdo con la carpeta de investigación 1135/2016 de la Fiscalía General del
estado –a la que Apro tuvo acceso–, al diputado federal Edgar Spinoso, del
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se le sigue la pista por la tenencia
de varias propiedades en la capital del estado y la zona conurbada
Veracruz-Boca del Río, que contrastan con su salario promedio de 55 mil pesos
mensuales.
Edgar
Spinoso, político cercano a Duarte, aparece como propietario de las oficinas
1003 y 1005, en la Torre de la Palmera, en Boca del Río, con un valor de ocho
millones de pesos, así como las oficinas 203 y 1212 en Torre Animas de Xalapa,
con un valor de 7 millones de pesos, registradas en la notaría número 15. Y
supuestamente también es dueño de dos departamentos en Houston Texas.
Otro
caso es el de Gabriel Deantes, quien a decir de sus propios colegas en el
gobierno, hace una década vendía muebles y celulares en pagos, en Reynosa
Tamaulipas, y hoy es dueño de tres residencias, dos de ellas en las arterias
principales del fraccionamiento Las Animas (calle Netzahualcóyotl) y otra más
en Monte Magno.
Durante
la pasada campaña electoral, la coalición que abanderó al gobernador electo,
Miguel Ángel Yunes Linares (PAN-PRD), exhibió un audio donde se escucha a
Gabriel Deantes plantear un soborno con millones de pesos a los candidatos de
Morena para “inflarlos un poco” y hacer perder a Yunes Linares.
“Morena
es el fenómeno wey (sic), ahorita les voy a compartir la información que le voy
a dar al gobernador (Javier Duarte), ahorita, ahorita, no para publicación. A
ver, a ver, el gran ganador de esta contienda es Morena, es ahí el pedo, y el
gran perdedor otra vez es Acción Nacional. Vamos a aliarnos un poquito a Morena
y a darle posiciones a Morena, para ya de una vez abrir a los traidores del PRD
(sic) que ya, ya traicionaron, los vamos a fiscalizar, los vamos a traer a puro
vergazo”, se escucha a Deantes, quien luego sugiere a un interlocutor no
identificado dar “recursos económicos” a candidatos de Morena.
Spinoso
y Deantes fueron despedidos por el propio Duarte en marzo de 2014, por
“desleales” y por “traicionar” la confianza del gobernador, según un boletín
oficial enviado a medios afines. Un año después, ambos regresaron a la escena
política: uno como candidato a diputado federal y otro como encargado de las
relaciones obrero-patronales dentro del gobierno de Veracruz.
Muy sui
generis resulta también la cercanía de Duarte con Vicente Benítez, su
extesorero, cuyas propiedades en Costa Rica son investigadas por la PGR.
En
2009, reporteros de la fuente política lo conocían como el “mozo” del entonces
diputado federal, Javier Duarte, que lo comisionó para “repartir dinero” y
pagar comidas y borracheras de periodistas para “hablar bien” y que “lucieran
las fotos” del ahora exgobernador.
“Los duartistas” con Peña Nieto
Las
delegaciones del gobierno federal, cargos donde los titulares cobran 120 mil
pesos mensuales en promedio, se han convertido en refugio para los hombres y
mujeres cercanos a Javier Duarte.
Salvador
Manzur Díaz es el actual delegado del Banco Nacional de Obras. El también
exalcalde de Boca del Río y exlegislador federal saltó a la fama en mayo de
2013, cuando participó en una red de “mapaches electorales” para manipular
programas sociales de los gobiernos federal y local a favor del PRI.
En su
momento admitió que los programas “Oportunidades” y “65 y más” eran oro molido
para los sufragios. Luego Manzur fue cesado de su cargo como secretario de
Finanzas y Planeación (Sefiplan).
En esa
jugarreta política también estuvieron involucrados el propio gobernador Javier
Duarte, la secretaria de Desarrollo Social federal, Rosario Robles Berlanga, y
el delegado federa de Sedesol, Ranulfo Márquez Hernández, quien también fue
cesado de la durante un año. Luego el PRI lo reactivó como delegado priista en
Puebla y un año después el propio Duarte lo repatrió a Veracruz ofreciéndole la
oficina de Desarrollo Social a nivel local, cargo que ocupó el año pasado.
Elizabeth
Morales García, alcaldesa de Xalapa y candidata perdedora a diputada federal
por el PRI, siempre presumió su cercanía con el exmandatario veracruzano.
Después de ser derrotada en 2015 por el aspirante de Morena, Cuitláhuac García,
buscó el “padrinazgo” de Javier Duarte para ser nombrada delegada de Sedesol.
De consuelo –relatan expriistas que trabajaron con ella en el Ayuntamiento–, el
exmandatario la colocó en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco),
donde aún despacha.
A la
Sedesol llegó otra “consentida” del gobierno de Duarte, Ana Guadalupe Ingram
Vallines, quien en el sexenio de Fidel Herrera colaboró en la dirección general
de Comunicación Social. Con Duarte en el Palacio de Gobierno, Ingram Vallines
se convirtió en directora de radio y luego en candidata a diputada local del
PRI. En el Congreso local fue presidenta de la Mesa Directiva y más tarde
candidata a diputada federal en el puerto de Veracruz, donde perdió de forma
caótica.
Desempleada
todo el semestre de 2016, Ana Guadalupe Ingram fue “recomendada” de Javier
Duarte para ocupar la delegación federal de Sedesol, que dejó vacante Marcelo
Montiel Montiel.
De
acuerdo con los priistas, Montiel Montiel, dos veces alcalde de Coatzacoalcos y
dos veces diputado local, fue el “mapache electoral” que en 2010 permitió que
Duarte ganara la elección, arrasando en la zona sur con 80 mil votos en los dos
distritos que él operó.
En
gratitud, Duarte le permitió a Montiel Montiel encabezar el programa
“Adelante”, eje rector del gobierno en el combate a la pobreza, y
posteriormente lo recomendó en la delegación federal de la Sedesol, de donde
salió por “escriturar” apoyos y no entregarlos.
Este
reportero tiene copia de 200 testimonios de jornaleros agrícolas de Veracruz,
quienes ante notario público testificaron que fueron timados por funcionarios
de la Sedesol, pues pese a firmar “documentos”, entregar copia de la credencial
de elector y llenar los formatos de proyectos productivos, no recibieron ningún
apoyo, pero sí aparecían registrados en el padrón de beneficiarios.
Esa
misma situación –con Marcelo Montiel al frente de la Sedesol– se replicó en el
programa Prospera y la Cruzada Nacional contra el Hambre. En este caso,
empleados de la dependencia hacían firmar a los beneficiarios documentos donde
se decía que habían recibido el “apoyo completo” (Proceso 2009), pero las casas
estaban en obra negra, sin baños, ni ventanas, o techos firmes.
Por
esos escándalos de corrupción, el senador independiente Alejandro Encinas
denunció un presunto desvío de 500 millones de pesos de los programas sociales,
distribuidos entre los operadores del PRI.
“Se
trata de esquemas de fraude muy elaborados y especializados, donde se genera
una gran cantidad de documentos para encubrir el desfalco”, señaló al respecto.
Mención
aparte merece José Antonio “Chara” Mansur, exdelegado de la Secretaría de
Economía, quien renunció al cargo el pasado 29 de agosto pasado, 15 días antes
de que Duarte solicitara licencia al cargo.
Mansur
resultó una pieza frágil ante el vendaval de señalamientos en la PGR y la
prensa nacional, pero también entre políticos de oposición. En la carpeta de
investigación 1135/2016 de la Fiscalía General del estado, Miguel Ángel Yunes
asegura que el principal prestanombres de Javier Duarte es ‘Chara’ Mansur, uno
de sus mejores amigos.
También
fue exhibido en el periódico Reforma, en una nota donde se asegura que Mansur
nombró a Javier Duarte como el heredero de sus propiedades, por encima de su
familia.
Duarte
salió en defensa de José Antonio Mansur, quien –dijo– tiene “mucho dinero” y 16
casas en el extranjero, específicamente en Texas, en zonas residenciales, y
aseguró que vive de las rentas de esos inmuebles.
Junto
con ‘Chara’ Mansur aparecen otros prestanombres de Duarte, entre ellos José
Juan Janeiro Rodríguez, de Controladora Prado Norte S.R L de C.V, con domicilio
en Lomas de Chapultepec, así como Moisés Mansur Cysneros y José Antonio Ruiz
Bandin, de Inmobiliaria Cartujano S.A. de C.V.
En la
lista también están Boydar S. de R.L., de José Juan Janeiro Rodríguez y José
Antonio Bandín Ruiz, con oficinas en Polanco 189, en la Ciudad de México,
además de Valkany S. de R.L., también propiedad de Janeiro Rodríguez y Bandín
Ruiz.
Y los
propios familiares de Duarte se les indaga por presuntas propiedades en
Woodlands, Texas, entre ellos Mónica Guihan Macías Tubilla y Virginia Yazmín
Tubilla Letayf, su cuñada y suegra, respectivamente.
