La llamada
“rebelión” de los presidentes municipales veracruzanos que reclaman airadamente
el pago de las participaciones y otros fondos federales que ilegalmente el
gobierno estatal les retuvo desde agosto y destinó dizque a “educación” y
“seguridad”, es tardía y politiquera.
Este
artilugio de la administración estatal de Veracruz para desviar recursos no es,
en absoluto, algo nuevo. Ha sido una medida recurrente de prácticamente toda la
segunda mitad del sexenio. Aproximadamente desde enero de 2014, el gobierno
duartista comenzó a disponer de los recursos de los municipios para fines
diferentes a los que estaban dispuestos en la ley.
Sólo que
hasta ahora, luego de la caída del poder de Javier Duarte de Ochoa y ante el
desmantelamiento y debilidad institucional del gobierno estatal, es que los
ediles se atrevieron a decir “esta boca es mía”.
Y aplica
tanto para los priistas como para los de todas las demás filiaciones políticas.
Salvo el caso del de Boca del Río -por obvias razones-, ningún otro presidente
municipal se atrevió nunca a exigirle a Javier Duarte que no retuviera y que
pagara en tiempo y forma el dinero que la Federación envía en partidas
etiquetadas a los ayuntamientos para realizar obra pública y sostener a sus
administraciones.
Prácticamente
la totalidad de los alcaldes veracruzanos guardaron un ominoso silencio e
incluso utilizaron las mismas prácticas –tomar dinero de un lado para saldar
los pendientes de otro- para salir del apuro.
Muchos de los
que ahora se rasgan las vestiduras, entre éstos los ediles del Partido de la
Revolución Democrática, no dijeron nada porque no tenían cara para hacerlo, ya
que le debían el cargo al propio régimen priista, que en el proceso electoral
de 2013 -y con la ayuda de varios que ahora se presentan como “redentores” de
la democracia en Veracruz- reventó la alianza PAN-PRD que se había acordado en
ese entonces y los trató como “leal oposición”, prebendas incluidas, hasta que
se acabó el “amor”. Pero sobre todo, el dinero.
Ni qué decir
de los priistas, que todavía hasta hace unas semanas firmaban gustosos cartas
de “apoyo” a Javier Duarte de Ochoa y hasta se seguían tomando fotografías con
él, muy sonrientes. Ahora, ya es muy fácil hacer leña del árbol caído.
No hay nada
que justifique el proceder de la administración estatal. La disposición de
recursos federales etiquetados para fines distintos a los que se establecieron
en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en la Ley de Coordinación
Fiscal es un delito, que ya fue hasta confesado y que deberá tener,
forzosamente, consecuencias legales.
Pero la
omisión de los ediles veracruzanos para reclamar abiertamente y en su momento
lo que les correspondía a sus municipios no es asunto menor. Por conveniencia
política, callaron ante una práctica ilegal y lesiva para la población
beneficiaria de esos recursos y la colocaron en situación de riesgo.
La culpa de
los alcaldes es tan grande como la de Javier Duarte y sus cómplices en esta
crisis. Sólo que ahora resulta muy conveniente hacerse las víctimas.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter:
@yeyocontreras
Publicado
por Aurelio Contreras Moreno
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