Es curioso como el presidente
municipal de Catemaco, Jorge González Azamar vino a Xalapa a exigir a la
Fiscalía General del Estado actuar en contra de “saqueadores” como el líder de
la Organización de Gobierno Autónomo Indígena (OGAI), Wilfrido Reyes Martínez y
Luis Sánchez Aguirre “Pichirilo”, por considerarlos responsables de la quema
del Palacio Municipal durante el fin de semana, cuando esas personas acusan al
propio munícipe de “saqueador de los recursos del pueblo”. Pero González
Azamar, el protegido de Jorge Uscanga Escobar, actual director de atención
ciudadana de la Secretaría de Educación Pública, le “ordena” –apelando a su
papel de cacique trasnochado- a Luis Ángel Bravo Contreras investigar ese caso
y sancionar a los responsables de los disturbios en ese municipio, como si el
Fiscal no conociera su responsabilidad.
“Las personas que atacaron el Palacio
fueron a robar, fueron a saquear y cuando vieron que ya no había nada más que
llevarse se fueron”, dice quien es acusado, a su vez de saqueador, y quien
niega que las acciones como la quema de Palacio Municipal estuvieran
relacionadas con la exigencia de la comunidad católica para que fuera liberado
el sacerdote Jorge Luis Sánchez Ruiz, quien fue plagiado el viernes pasado y
puesto en libertad el domingo por la tarde.
También negó las versiones que lo
señalan como el autor intelectual de los hechos para evitar las auditorías del
Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) e incluso de la Auditoría Superior de
la Federación (ASF), mismas a las que calificó como “cortinas de humo”. “Hace
15 días se dio la lista de los municipios que el ORFIS encontró con daño
patrimonial en 2015 (…), se puede revisar que en los últimos dos años el
municipio no tiene ninguna observación, hemos sido auditados por el ORFIS y por
la Auditoría Superior”, se justifica el alcalde catemaquense a quien nadie
quiere en su municipio.
De esa manera, dijo que su visita al Congreso tiene el
objetivo de evitar caer en omisión administrativa como consecuencia de los
documentos que se perdieron luego de que un grupo de cien personas quemó el
edificio del ayuntamiento (como si los informes no estuvieran respaldados en
medios digitales), y en ese sentido señala que las pérdidas son totales e
incuantificables, a lo que se suma la quema de registros oficiales y equipo
administrativo. Igualmente, advirtió que aún se están realizando los peritajes
para saber si se tendrán que demoler los edificios quemados. “Nosotros estamos
aquí para hacer todos los trámites necesarios en la Secretaría de Gobierno, de
donde dependen el Registro Civil, así como del Congreso y todas las otras
instancias para que se instalen los sistemas que tenemos”. A ver quién le cree…
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