XALAPA, Ver. (apro).- A Gabriel
Deantes Ramos, exsecretario del Trabajo y exsubsecretario de Finanzas y
Planeación durante el gobierno de Javier Duarte, le fueron embargadas cuatro
propiedades al ser imputado por el delito de enriquecimiento ilícito.
La resolución fue dictada en la Sala
de Juicios Orales Tres, ubicado a un costado del penal de Pacho Viejo en el
municipio de Coatepec, y al igual que a Arturo Bermúdez Capitán Tormenta,
a Gabriel Deantes le fue prohibido salir del país, y deberá depositar una fianza
de un millón de pesos.
Además, deberá acudir cada 15 días a
firmar, como medida cautelar, al penal de Pacho Viejo. Gabriel Deantes, quien
presumió todo el sexenio ser “compadre de Javier Duarte” y a quien sus
detractores en el PRI y otros partidos políticos lo ubican como “mapache
electoral”, acudió al desarrollo de su proceso penal sin querer mediar palabra
con los medios de comunicación.
Aunque no fueron dadas a conocer las
propiedades embargadas a Deantes Ramos, la clase política del PRI le exhibió
dos residencias en el fraccionamiento Las Ánimas, una plaza comercial y una
residencia en Monte Magno, así como un condominio en la avenida Xalapa de la
capital del estado.
Gabriel Deantes Ramos había sido
despedido en el 2013 como subsecretario de Sefiplan por “traicionar la
confianza del gobernador” –según consignó un comunicado oficial–, y un año
después fue rehabilitado como secretario de Trabajo y Previsión Social.
El comunicado en aquel entonces
consignaba que Deantes estaba sujeto a una “investigación” sobre sus bienes
muebles e inmuebles, aunque dicha querella la Fiscalía General del Estado (FGE)
la había mantenido en total secrecía.
De los funcionarios más cercanos a
Duarte ya resultaron imputados su exsecretario de Seguridad Pública, Arturo
Bermúdez Zurita, y el extitular de la STPS, Gabriel Deantes.
Además, continúan sin ser citados a
declarar, porque gozan de fuero constitucional, el exsubsecretario de
Desarrollo Social, Vicente Benítez González; el exsecretario particular de
Javier Duarte, Juan Manuel del Castillo; el extesorero estatal Tareck Abdalá
Saad, y el exvocero del gobierno y exsecretario de Desarrollo Social, Alberto
Silva.
Benítez y del Castillo son diputados
locales que recién tomaron protesta en el Congreso local, y Abdalá y Silva son
legisladores federales en funciones.
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