Miles de Desapariciones, homicidios y feminicidios
Javier Duarte de Ochoa, quien a partir de este 12
de octubre se convierte en gobernador con licencia y abandona el máximo cargo
estatal, también deja como saldo un estado manchado por más de mil 800
desapariciones forzadas, mil 200 homicidios violentos y 19 periodistas
asesinados.
Por: Israel Hernández
Foto Ruben Espinosa †
El sexenio del político originario de Córdoba
pasará a la historia como uno de los más violentos y con más violaciones a los
derechos humanos, pero además, un gobierno que avanzó acompañado por una
impunidad rampante.
Por si fuera poco, los movimientos sociales que
nacieron a partir de reclamos del magisterio, de los pueblos indígenas, de las
universidades e incluso de los jubilados, fueron reprimidos por la Policía
Estatal.
VERACRUZ, UN HOYO NEGRO
Hace un par de años, durante una reunión con el
sector empresarial en Boca de, Río, Javier Duarte trató de justificar la ola de
violencia con una frase: "Debo admitir que me tocó bailar con la más
fea".
Y sí, basta recordar que una vez tomó posesión en
el gobierno estatal se disparó la disputa entre las bandas del crimen
organizado y los enfrentamientos de estos con la Marina y el Ejército.
Los dos primeros años de su gobierno se empataron
con el último tramo del gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa, cuya
política de ataque frontal al narcotráfico desencadenó en miles de homicidios
dolosos y un fenómeno que hasta nuestros días ha cobrado unas 27 mil víctimas:
la desaparición forzada.
De acuerdo al Registro Nacional de Datos de
Personas Extraviadas o Desaparecidas del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
en Veracruz hay mil 860 casos de niños, jóvenes universitarios, adultos
mayores, amas de casa, obreros, empleados, oficinistas, periodistas y padres de
familia que se esfumaron.
Si bien no todos los casos son por desaparición
forzada, también hay que agregar el hecho de que existe una cifra negra,
aquella que engloba los casos que no son denunciados o que no son incluidos en
los registros oficiales.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y la
Percepción sobre Seguridad Pública, en nuestro país la cifra negra alcanza
hasta un 96 por ciento, es decir, apenas un 4 por ciento de los casos son
registrados.
Por ello no es descabellado estimar que Veracruz ha
sido escenario de miles de desapariciones forzadas en los últimos 6 años, en
las cuales se ha documentado la participación de policías estatales a cargo de
Arturo Bermúdez Zurita, quien dirigió la Secretaría de Seguridad Pública hasta
el pasado 4 de agosto, fecha en que renunció después de que se documentara la
posesión de 24 inmuebles en Estados Unidos y México.
El Colectivo Solecito de Veracruz, por ejemplo,
estima que hay entre 8 mil y 10 mil personas desaparecidas en el estado, con
base en los cientos de familiares que han acudido a la toma de muestras de ADN
(derivadas del hallazgo de fosas clandestinas) y que por temor no presentaron
la denuncia ante el Ministerio Público.
Además de la participación de elementos estatales,
las desapariciones han cargado con un estigma, con el sello de la
criminalización. El primer gran caso, por ejemplo, se dio el 21 de septiembre
del 2011, cuando fueron arrojados 35 cadáveres en la avenida Ruiz Cortines de
Boca del Río.
En menos de 24 horas, la Procuraduría (hoy
Fiscalía) de Justicia del Estado se apresuró a determinar que las víctimas eran
integrantes del crimen organizado. No obstante, en la lista figuraban casos de
jóvenes que no tenían antecedentes penales, o en su defecto, que nunca se les
pudo comprobar su nexo con algún cártel del narcotráfico.
Con el paso de los meses, la criminalización se
convirtió en una práctica común para minimizar las malas actuaciones de la
policía y el vacío de justicia.
En la segunda parte del sexenio de Duarte de Ochoa,
la Policía que depende de su gobierno ha estado involucrado en por lo menos 3
casos graves de desaparición forzada.
En diciembre de 2013, un grupo de sujetos a bordo
de camionetas blancas y uniformes sin logotipos, emprendieron un operativo en
la colonia Formando Hogar del puerto de Veracruz.
En menos de 3 días, una decena de jóvenes
desaparecieron. La mayoría fueron sustraídos de sus casas por sujetos con
aspectos de policía, según relataron las madres.
A casi 3 años de su desaparición, nada se sabe de
los muchachos y las madres ahora sin parte del Colectivo Solecito de Veracruz,
integrado por unas 150 personas.
Gibrán Martiz Díaz, José Eduardo de la Cruz
Caballero y un menor de identidad reservada fueron vistos por última vez el 7
de enero de 2014, tras una detención policial. Once días después aparecieron
sin vida en un paraje de la carretera Huatusco-Conejos.
En primera instancia el gobierno trató de vincular
los asesinatos con un ajuste de cuentas del crimen organizado, sin embargo,
Efraín Martiz, padre de Gibrán, comprobó que su hijo estuvo recluido en la
Academia de Policía en El Lencero.
Por ese caso, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos determinó que sí había responsabilidad del gobierno estatal y ordenó
indemnizar a la familia Martiz, la cual tuvo que salir del país por una serie
de amenazas.
Dos años después, la Policía Estatal detuvo en
Tierra Blanca a 5 jóvenes: Susana Tapia Garibo, Mario Arturo Orozco, Alfredo
González Díaz, Bernardo Benítez Arroniz y José Benítez de la O.
Ellos circulaban en dirección a Playa Vicente
cuando los elementos de la SSP detuvieron su paso y los subieron a una
patrulla. Desde aquel 11 de enero de 2016, nunca más se supo de ellos, hasta
que fueron encontrados unos restos calcinados en un rancho de Tlalixcoyan.
La Procuraduría General de la República y un grupo
de peritos argentinos solo pudieron identificar los restos de Bernardo Benítez.
Por ese caso fueron consignados los 6 policías, pero también Marcos Conde,
delegado de la SSP en esa región.
Los vínculos de las autoridades estatales con las
bandas del crimen no se han comprobado del todo, sin embargo el reciente
hallazgo de unas 100 fosas clandestinas con restos humanos al norte del puerto
de Veracruz, abren la interrogante sobre la complicidad de la FGE con los
delincuentes.
"Ellos (las autoridades) se han portado muy
bien con nosotros. Siempre ha habido disposición y buenos tratos, pero no hay
resultados. El grueso de los hallazgos han sido gracias al trabajo del
colectivo y de la desesperación por encontrar a nuestros familiares"
Dijo Rosalía Castro Toss, una de las integrantes de
Solecito de Veracruz.
CENSURA MORTAL
En los últimos 6 años, el derecho a la liberta de
expresión ha sido uno de los que más se ha coartado desde el gobierno estatal,
tanto como cómplices o responsables, como por omisión en las investigaciones.
Las cifras arrojan 19 periodistas veracruzanos
asesinados, 5 desaparecidos y decenas de agresiones. Veracruz se ha convertido
en una de las regiones del mundo más peligrosas para los periodistas.
Los números tienen nombres:
Gabriel Huge,
Milo Vela,
Guillermo Varela,
Esteban Rodríguez,
Regina Martínez,
Yolanda Ordaz,
Víctor Baez,
Moisés Sánchez,
Armando Saldaña,
Rubén Espinosa,
Gregorio Martínez,
Pedro Tamayo,
Octavio Rojas ,
Anabel Flores,
Manuel Torres,
Noel López,
Juan Mendoza,
Sergio Landa y
Misael Solana.
Una de las razones que han contribuido a que la
lista de comunicadores asesinados no se detenga, es el alto grado de impunidad
en cada uno de los crímenes.
Del total de homicidios, no hay una sola persona
sentenciada, incluso en los casos que han sido atraídos por la PGR por la
probable participación de la delincuencia organizada.
La responsabilidad del gobierno de Javier Duarte ha
sido tal que, en el caso de Rubén Espinosa, la Procuraduría de Justicia del
Distrito Federal (lugar donde fue asesinado) tomó la declaración del gobernador
porque Espinosa huyó de Veracruz ante los hostigamientos y amenazas de
funcionarios estatales.
En el caso de Moisés Sánchez, en Medellín de Bravo,
la policía estatal dejó que los responsables lo sustrajeran de su casa, fueron
cómplices de su desaparición y del posterior asesinato.
Una situación similar ocurrió con Pedro Tamayo,
quien fue baleado en Tierra Blanca a pesar de que debía ser protegido por la
SSP. Incluso cuando los familiares de Tamayo intentaron perseguir a los
delincuentes, una patrulla impidió el paso.
Ni siquiera la creación de la Comisión Estatal de
Atención y Protección a Periodistas, cuyo presupuesto anual es de 22 millones
de pesos, ha podido reducir el riesgo para los trabajadores de la información.
Los golpes y agresiones en medio de coberturas,
robos de equipo fotográfico y video, así como los ataques armados a oficinas de
medios de comunicación, también se ha. hecho presente en el gobierno duartista.
Organizaciones no gubernamentales como Artículo 19
y Reporteros Sin Fronteras, han puesto en la escena internacional la crisis del
periodismo en Veracruz, de tal manera que hasta las Naciones Unidas han
pronunciado su rechazo a los ataques.
CERO TOLERANCIA
Con la aprobación de la reforma educativa, miles de
profesores salieron a las calles y en Veracruz el Movimiento Magisterial
Veracruzano decidió tomar la Plaza Lerdo, en la capital del estado.
El rechazo a las nuevas disposiciones llevó a los
maestros a cerrar avenidas, hacer marchas en todo el estado, suspender clases y
apoderarse del corazón de la ciudad de Xalapa.
Pero la paciencia del gobierno se acabó la
madrugada del 13 de septiembre del 2013, en víspera de la celebración de la
independencia de México.
El plantón conformado por unos 2 mil maestros de
todo el estado fue desalojado violentamente por policías estatales, cuyos
elementos golpearon con toletes eléctricos y amagaron con armas a los docentes.
Las agresiones se expandieron por diferentes calles
del centro de la capital y una decena de periodistas, así como transeúntes,
también sufrieron la represión policial ordenada desde Palacio de Gobierno.
Los desvíos de recursos públicos que ya son
investigados por la PGR y el propio SAT, generaron un hueco en las finanzas del
estado que ha imposibilitado el pago a los pensionados.
Similar a lo ocurrido con los profesores, el 24 de
diciembre del 2015, policías estatales desalojaron a medio centenar de adultos
mayores que reclamaban el pago de sus pensiones.
Sin importar que se tratara de personas con
problemas de salud y que hacían reclamo de un derecho, los uniformados
irrumpieron con violencia hasta liberar la avenida Enríquez con la orden
directa del secretario de Gobierno y ahora gobernador interino, Flavino Ríos
Alvarado.
Los problemas de dinero también provocaron que
miles de estudiantes de la Universidad Veracruzana, encabezados por la rectora
Sara Ladrón de Guevara, reclamaran el pago inmediato de mil 200 millones de
pesos.
Las protestas en diferentes ciudades donde tiene
presencia la UV no fueron reprimidas, sin embargo, esa suerte no la tuvieron 8
estudiantes de la Facultad de Humanidades que fueron brutalmente golpeados por
un comando.
El ataque se registró un 5 de junio del 2015,
previo a las elecciones federales y después de protestas de estudiantes contra
el gobierno y contra el PRI, el aún partido oficial.
HEREDA CRISIS
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió
6 recomendaciones al gobierno estatal mientras Duarte de Ochoa despachó en el
Poder Ejecutivo de Veracruz.
La más reciente es la relacionada con el caso de
desaparición forzada y asesinato de Gibrán Martiz, pero también hay casos por
negligencia médica y negativa a ofrecer servicios médicos en los hospitales de
Tuxpan y Veracruz puerto, así como por la falta de procuración de justicia de
la Fiscalía General del Estado.
En en plano local, de las 345 recomendaciones que
ha emitido la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 2011 a mediados de
2016, 162 (46 por ciento) han sido dirigidas a distintas dependencias del
gobierno estatal.
De los 162 oficios girados, un 80 por ciento han
sido para la Secretaría de Seguridad Pública y el resto a las secretarías de
Educación, Salud y a la Fiscalía General (antes Procuraduría de Justicia).
El común denominador de las quejas ante la CEDH son
las detenciones arbitrarias, agresiones y el abuso de poder los policías
estatales, así como la violación a derechos como la libre manifestación.
Javier Duarte pasará a la historia como un violador
sistemático de los derechos humanos.
Por ello diferentes voces políticas, como la del
diputado federal por Morena, Cuitláhuac García, así como de organizaciones no
gubernamentales, como la de Anaís Salazar del Grupo Buscando a Nuestras
Desaparecidas-Desaparecidos-Veracruz, coinciden en que el priista no sólo
debe ser investigado por el probable desvío de 35 mil millones de pesos, sino
por la grave crisis de desapariciones, homicidios, feminicidios y violaciones
que se acentuaron en su gobierno.
Ese es el legado de Duarte de Ochoa.
