XALAPA, Ver.
(apro).-
El exsubprocurador Jorge Yunis Manzanares, ligado a Los Zetas según la
investigación ministerial 947/2012 VER-FIEAFTVS-10 –en poder de Apro–
apareció hoy en una lista de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) como
aspirante a la Fiscalía General del Estado (FGE).
En esa misma investigación
ministerial aparece como “alfil” de Los Zetas para auxiliarlos en sus trámites,
liberar a sus reos y otras facilidades jurídicas el exsubprocurador Marco
Antonio Lezama Moo, quien en junio de 2014 fue ungido magistrado del Tribunal
Superior de Justicia por el gobierno del entonces priista Javier Duarte.
En el caso de Yunis Manzanares, a
quien la FGE impuso el “término de funciones” el año anterior, pero sin
responsabilidad penal alguna, el Congreso local, integrado en su mayoría por
PAN, PRD, Morena y PRI, validó que cumple con los requisitos para ser aspirante
al cargo de fiscal general.
Los otros nueve aspirantes son
Guillermo Beck Chiquini, quien trabajó en el gobierno de Veracruz cuando Miguel
Ángel Yunes Linares era secretario de Gobierno en la década de los noventa;
Jorge Winckler Ortiz, abogado panista con apenas dos años de haber obtenido su
cédula profesional, y Agustín Hernández Virues, quien actualmente es juez de
control.
A ellos se suman Ricardo López
Henaine, catedrático de la Facultad de Derecho; Ignacio Paz Serrano, exdirector
de la Policía Judicial, y Rafael Ramos Maldonado, abogado del partido
Movimiento Ciudadano (MC).
En el listado sólo figuran dos
mujeres: Tania Vázquez Muñoz, actual consejera electoral y exfuncionaria del
Tribunal Electoral, y Dulce Silvia de la Miyar, de profesión litigante.
De entre los diez aspirantes, el
gobernador Miguel Ángel Yunes Linares propondrá una terna al Legislativo y,
aunque será el pleno el que haga la votación al respecto, diputados señalaron
que en próximos días el propio mandatario estatal habrá de dictar “línea” para
elegir al titular de la FGE.
En la edición 1881
de Proceso (noviembre de 2012), se informó que la captura de
tres presuntos integrantes de Los Zetas permitió a las autoridades federales
(Marina y Ejército) detectar la existencia de una red de complicidades entre
sicarios y transportadores de droga de ese cártel con subprocuradores de
Justicia, policías ministeriales, empresarios y políticos asentados en la
región de Córdoba, en la zona montañosa de Veracruz.
En la publicación se aludía a Jorge
Yunis Manzanares y Marco Antonio Lezama, de acuerdo con la investigación
rubricada por el fiscal especializado Pedro Huesca Barradas, funcionario de la
extinta Procuraduría General de Justicia (PGJE), quien al día de hoy se
encuentra desaparecido, luego de que en la cabecera municipal de Cardel fuera
“levantado” por un comando.
Otra decena de policías ministeriales
y de agentes del MP también salieron incriminados en esa carpeta de
investigación, y a la mayoría de ellos se les dio “baja definitiva” o “término
de funciones” en la FGE.
En noviembre de 2012, el entonces
procurador Amadeo Flores Espinoza –hoy líder estatal del PRI– admitió que se
iniciaron alrededor de diez juicios administrativos en contra de servidores
públicos de esa dependencia para investigar sus posibles lazos con el crimen
organizado; sin embargo, ni él ni sus sucesores en el cargo deslindaron
responsabilidades.
El exprocurador
argumentó que, en el marco del operativo Veracruz Seguro, la PGR atrajo el caso
de corrupción en la Procuraduría local, luego de la detención y consignación de
Cristopher Fuentes Letelier, El Chuletón; Gerardo Trejo Cruz, El
Trejo, e Ignacio Valdez Ramírez, El Chilango, quienes se
identificaron como zetas y admitieron que trabajaban en coordinación con
servidores públicos de Veracruz, entre ellos Lezama Moo y Yunis Manzanares.
En aquella ocasión Flores Espinoza se
quejó de que era “muy lamentable” que en ocasiones la prensa dé más valor a lo
que “los delincuentes hablan y dicen” que al actuar de las autoridades.
