Arturo Bermúdez Zurita,
exsecretario de Seguridad Pública con Javier Duarte de Ochoa. Foto: Yerania
Rolón
CIUDAD DE MÉXICO
(apro).- La infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiacas
de Veracruz y las instrucciones institucionales para obstaculizar la
procuración de justicia, ocultar la violencia y perpetuar la impunidad son
algunos de los temas que más impactaron a Falko Ernst, responsable de la
investigación del informe “Veracruz: reformar el estado de terror mexicano”, de
la organización International Crisis Group.
Doctor en Sociología por la
Universidad de Essex, con especialización en crimen organizado, el investigador
alemán cuenta en entrevista con Apro algunos
detalles e impresiones del trabajo de campo que durante cuatro meses realizó en
Veracruz, entidad que llamó poderosamente la atención a la organización
internacional con sede en Bruselas, ante el elevado número de crímenes contra
periodistas.
Tras señalar que Crisis Group
–organización presidida por el exsubsecretario de Naciones Unidas para
Operaciones de Mantenimiento de Paz, Jean –Marie Guéhnmo— tiene cinco años
trabajando en México para realizar informes “sobre contextos de extrema
violencia y criminalidad como Ciudad Juárez, Guerrero y Michoacán”, Ernst
destaca que el hecho de que 17 periodistas hubieran sido asesinados desde 2004,
a partir del gobierno de Javier Duarte, “apuntaba a un sistema más extenso de
represión y silenciamiento de la ciudadanía, pero este no se revelaba a través
de las estadísticas de violencia”.
El documento final,
que analiza los sexenios de Fidel Herrera y Javier Duarte, recogió algunas de
estas contradicciones. “El aparato estatal de Veracruz ha sido diseñado para
crear, proteger y oculta los intereses criminales”, indica la introducción del
informe que destaca que mientras el gobierno federal reconoce sólo 68
desapariciones no resueltas en el estado, en la entidad hay dos mil 750
denuncias abiertas en la Fiscalía General del Estado (FGE).
Y, peor aún, “las
organizaciones de la sociedad civil estiman que la verdadera cifra se acercaría
a los 20 mil y afirman que ninguno ha sido resuelto”.
Para Crisis Group,
el triunfo del priista y neopanista Miguel Ángel Yunes como gobernador
significó una oportunidad para acudir a la entidad e “investigar con
profundidad la realidad y las causas del sistema de poder bajo los antiguos
gobiernos estatales, los crímenes ocurridos y sobre todo, escuchar las voces de
las víctimas, que eran numerosas”, cuenta en la entrevista el especialista.
Entrevistas reveladoras
De octubre de 2016
a enero de este año, el investigador alemán se entrevistó con decenas
ciudadanos, periodistas locales, familiares de desaparecidos, colectivos de
académicos, analistas, políticos, así como agentes y exagentes de la FGE, de la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y del Consejo de Seguridad.
Para el
investigador alemán, una de las situaciones que más le impactó es que “la
violencia y el terror no sólo se cultivaron para la represión extra
institucional, sino también dentro de las mismas instituciones y en contra de
sus propios elementos”.
Ejemplo de ello es
el caso de un expolicía de la SSP de Veracruz, quien le contó de su negativa a
aceptar sobornos de Los Zetas, por los antecedentes de compañeros que una vez
que accedieron ya no podían desligarse de la organización criminal.
“Después de negarse
continuamente, fueron sus propios comandantes quienes le quitaron su AR-15 y su
chaleco antibalas, y lo enviaron a una de las regiones más violentas como
castigo, esencialmente para que se muriera. Eso había pasado a muchos de sus
compañeros y decía que de su clase de 40 de la academia de policía, sólo 10
estaban vivos”, narra el investigador.
Esos abusos contra
los elementos de bajo rango, apunta, ocurrirían en la FGE, “así aseguraron los
altos mandos el control sobre las instituciones, que luego podían emplear para
diversos fines criminales y para la obstrucción de la justicia”.
Entre los datos que
Ernst logró rescatar y que quedaron asentados en el documento de Crisis Group,
es que “a partir de 2011 la SSP se convirtió en un enlace autoritario-criminal
que sirvió para impedir la libre expresión, con estructura criminal en sí
misma, y como mecanismo clave para facilitar y ocultar la actividad criminal
organizada, entre otras cosas mediante la generación de impunidad judicial”.
De entrevistas con
exagentes de la SSP, pudo confirmar que “se les ordenó explícitamente rechazar
los pedidos de ayuda y asistencia de los ciudadanos, llegar tarde a las escenas
del crimen, no avisar cuando observaban vehículos sospechosos e individuos o
grupos armados y mantenerse al margen de los enfrentamientos armados en curso”.
El reporte apunta
de la existencia dentro de la SSP de un “escuadrón de élite”, compuesto por
exmiembros de las fuerzas armadas, dedicado a hacer el “trabajo sucio”, es
decir, a participar activamente en secuestros y desapariciones forzadas, para
lo cual el grupo “fue provisto de patrullas clonadas distribuidas por todo el
estado y empleadas para atraer a las víctimas”.
También señala que
los agentes de la corporación eran “halcones” para informar al Centro de
Control de Mando de la Policía Estatal de la movilización de fuerzas federales
o bien si participaban en algún operativo conjunto.
La peor etapa, con Duarte
Mientras las
corporaciones protegían al crimen organizado, “la peor etapa de la violencia de
las desapariciones en Veracruz, ocurrió bajo Duarte”, destaca el documento.
Resalta que mientras en los primeros cuatro años del antecesor del exgobernador
prófugo, Fidel Herrera, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)
registró mil 848 homicidios, en los primeros cuatro de Duarte se elevó a tres
mil 208 casos.
Sin embargo, los
funcionarios del Consejo de Seguridad de Veracruz, responsables de registrar
casos de alto impacto, recibieron instrucciones de “no compilar las
estadísticas sobre delincuencia”, específicamente de “secuestro extorsivo”. Por
el contrario, un exfuncionario de la FGE reveló que entre 2011 y 2013 “recibió
personalmente mil denuncias penales sobre desapariciones”.
“La negación de
estos crímenes y de justicia para las víctimas fue parte integral de la
autoprotección que el estado de Veracruz y sus socios criminales se
garantizaron a sí mismos entre 2004 y 2016. Junto con restricciones de capacidad
debidas a la falta de personal cualificado, formación limitada y malas
condiciones laborales, así como un déficit de recursos financieros, se
emplearon una variedad de métodos para crear condiciones de casi absoluta
impunidad”, señala el documento.
Falko Ernst retoma
que durante los cuatro meses de investigación de campo, el principal obstáculo
al que se enfrentó fue a “la atmósfera de miedo y de terror que
sistemáticamente se había creado en los últimos 12 años para suprimir cualquier
forma de crítica y resistencia”.
Al contar que le
resultó complicado durante sus estancias en Veracruz ganar la confianza de los
informantes, cuenta: “Hubo gente que insistió en cambiar de cafés varias veces
durante nuestros encuentros, estaban seguros de que alguien nos estaba
siguiendo, que nos estaban observando y escuchando”.
Otros
inconvenientes fueron las continuas cancelaciones de funcionarios estatales a
citas acordadas y, pese a que el investigador confiesa haber mantenido un
“perfil muy bajo sabiendo de la impunidad casi perfecta en el estado”, se
enteró por fuentes gubernamentales del gobierno de Yunes Linares que fue sujeto
a vigilancia, “para ver qué andaba haciendo el güero tan fuera de lugar y si
era alguien por quién preocuparse”.
Colaboración necesaria
A unos días del
hallazgo de 11 cuerpos en una camioneta en Boca del Rio y del envío de
elementos de la Gendarmería a Veracruz, el autor del informe advierte que esa
manifestación tan cruda de la violencia en el gobierno de Miguel Ángel Yunes,
“es como si la historia se estuviera repitiendo”.
Del cuerpo
policiaco, apunta que “puede ser un elemento para brindar seguridad a los
veracruzanos, pero es más que evidente que la militarización de la seguridad
pública en México no lleva a ninguna mejora sustancial”.
Al recordar que en
una entrevista un alto mando de la Marina le dijo que “no están capacitados los
militares para construir, sino para destruir al enemigo”, el investigador urge
a “construir una policía cuyos derechos de los elementos se respete y que se entrenen
apropiadamente, como primer paso para reparar la relación entre sociedad y
Estado”.
Ernst considera que
los hechos violentos en Veracruz deberían “servir como un recordatorio de la
enorme responsabilidad que tienen el gobernador veracruzano y el presidente de
México para que no se vuelva a repetir una situación comparable con la de
antes.
“Yunes y Peña Nieto
tienen una responsabilidad de no priorizar fines electorales y partidistas a
costa del bienestar y de la vida de la gente de Veracruz, necesitan a fuerza
colaborar uno con el otro para que puedan cambiar las cosas. Lo saben
perfectamente y la decisión es suya”, concluye el investigador de Crisis Group.
revista proceso
