Por Jacobo Dayán
En declaración de
2014 el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, afirmó que el estado
había pasado, durante su administración, de balaceras y homicidios a robo de
frutsis y pingüinos. La tradición política mexicana de Alternative
Facts es muy antigua, la realidad veracruzana estaba lejos de
acercarse a la declaración de Duarte.
La reconocida organización
International Crisis Group (ICG) acaba de presentar su informe “Veracruz:
reformar el estado mexicano de terror”. En él se describe la realidad de ese
estado y el diagnóstico presentado es que “Veracruz se ha convertido en sede de
crímenes de lesa humanidad”, es decir actos cometidos como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de
dicho ataque por parte de actores estatales y/o no estatales.
Los datos presentados incluyen al
menos 2,750 denuncias de personas desaparecidas mientras que organizaciones de
la sociedad civil hablan de cifras cercanas a 20 mil, 17 periodistas asesinados
desde 2010 lo que ha generado un serio problema de autocensura y “un torbellino
de homicidios que tuvieron como objetivo, entre otros, a profesionales
jurídicos, agentes policiales, potenciales testigos de delitos y cualquier
civil que se atreviera a poner freno a las ambiciones de una multitud de
organizaciones criminales y sus cómplices políticos”. El fiscal Jorge Winckler
Ortiz describió a la región costera del Golfo como “la fosa común más grande de
México”.
En informes anteriores ICG ya había descrito
al aparato estatal veracruzano como uno que crea, protege y encubre intereses
criminales. Como en el resto del país, la impunidad es la constante. El informe
recoge estadísticas del INEGI en las que se coloca el total de crímenes no
reportados en Veracruz como el 94.6% del total y la impunidad en el estado por
arriba de la media nacional del 97.1%.
En este entorno habría que sumar que
Javier Duarte es buscado por numerosos casos de malversación junto con otra
decena de exgobernadores. La impunidad y la simulación como sistema.
Las cifras en el
país demuestran que Veracruz no es el único estado con violencia desmedida y
altísimos índices de impunidad como ya quedó documentado en
múltiples informes como “Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa
humanidad en México” de Open Society Justice Initiative (OSJI),
el GIEI en el caso Ayotzinapa y “En el desamparo. Los Zetas, el Estado, la
sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila
(2011)” que realizamos entre El Colegio de México y la CEAV.
ICG concluye que “la historia
reciente de Veracruz, los espantosos detalles que están comenzando a salir a la
luz, subrayan la crisis no de una administración estatal, sino del sistema
político mexicano en su conjunto, donde una transición democrática
bienintencionada no ha cumplido las expectativas, y ha sido corrompida por el
crimen organizado. La facilidad con la cual quienes ostentan el poder político
han sido capaces de perseguir sus ambiciones criminales apunta a debilidades
estructurales en el sistema democrático”.
El informe destaca la violencia entre grupos
del crimen organizado que cuentan con complicidad de agentes estatales,
violencia contra migrantes, extorsión y ataque a testigos y periodistas, entre
muchos otros.
ICG incluye recomendaciones que
coinciden en algunos casos con las hechas por el GIEI, OSJI y el Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Investigar la
participación estatal en crímenes de lesa humanidad, garantizar el derecho a la
verdad, independencia de la fiscalía y servicios forenses, acabar con la
corrupción y la impunidad, reforma policial, transparencia en el uso de
recursos, garantizar la libertad de expresión, apoyo a las víctimas,
replanteamiento del modelo de seguridad y búsqueda de personas desaparecidas,
entre otros.
Igualmente, ICG hace un llamado a la
comunidad internacional para que ejerza presión sobre las autoridades mexicanas
para “que respeten los derechos humanos fundamentales, se comprometan con el
Estado de derecho y eviten la obstrucción de la justicia”. La asistencia
internacional resulta indispensable. La magnitud del problema indica que los
crímenes de lesa humanidad y la impunidad sistémica no podrán ser contenidos
sin un mecanismo internacional con amplias facultades. Es un largo camino que
se debe iniciar a la brevedad en el país.
De haber voluntad en el nuevo
gobierno estatal algo se puede hacer de manera inmediata. Crear una Comisión
de la Verdad en Veracruz con completa autonomía y conformada por
academia y sociedad civil para que revise los casos de violencia y corrupción.
Cualquier otro formato sería simulación.
En la mesa están los múltiples
diagnósticos que apuntan a recomendaciones muy similares. Es un asunto de
responsabilidad y voluntad. A nivel federal no existirá en este sexenio,
algunas pocas luces comienzan a aparecer a nivel estatal. ¿Serán serias?
Mención aparte merece la reacción de
la inmensa mayoría de los medios y de la sociedad. La indignación en el caso
veracruzano se presentó por los burdos casos de desvío de recursos y nunca por
los muertos y desaparecidos. Algo anda muy mal.
¿Cuántos informes sobre crímenes de
lesa humanidad en México se requieren para mover a gobierno(s), a la mayoría de
los medios o a la sociedad?
El informe puede ser consultado
aquí: www.crisisgroup.org
Jacobo Dayán
Especialista en derechos humanos y analista internacional. Fue Director
de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia de la ciudad de México.
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