UN LLAMADO A LA DIGNIDAD MEXIQUENSE

John M. Ackerman

El próximo 4 de junio, los mexiquenses tendrán una oportunidad de oro para enviar una contundente señal de repudio simultáneamente al podrido Grupo Atlacomulco que malgobierna el país y a sus cómplices del PAN representados por su fallida ex candidata presidencial. El primo de Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo Maza, y la responsable de los oscuros manejos financieros de Juntos Podemos, Josefina Vázquez Mota, son dos expresiones de un mismo sistema de oprobio.

Si México fuera un país democrático, la enorme indignación ciudadana contra el PRIAN se reflejaría de manera natural en las urnas y el sistema sufriría una contundente derrota en el estado de México. Ello desencadenaría un sano proceso de alternancia auténtica en el estado más poblado de la República, lo cual también abriría una ventana de esperanza hacia las elecciones presidenciales de 2018.

Lamentablemente, en los años recientes se han fortalecido y "modernizado" los mecanismos para la defraudación de la voluntad popular. Una de las prácticas más efectivas ha sido la masiva compra y coacción del voto. El estado de México ha sido uno de los sitios predilectos para la consolidación de esta estrategia de fraude electoral.

Indicador claro de que ya se prepara un fraude descomunal para las elecciones mexiquenses son los reportes sobre la desbordada actividad pública de la hija de Eruviel Ávila. Isis Ávila, quien también funge de titular del DIF del estado de México, está protagonizando ocho actos masivos al mes para entregar apoyos de la Secretaría de Desarrollo Social del estado. En esas actividades, la hija del gobernador presume los supuestos logros del gobierno de su padre en ámbitos ajenos al desarrollo social, como seguridad pública e infraestructura. Han asistido a estos eventos funcionarios federales, como Rosario Robles, Aurelio Nuño, Luis Miranda y hasta el mismo Enrique Peña Nieto. En algunas de las reuniones se entregan tarjetas llamadas La Efectiva, con montos de entre 2 mil 750 y 3 mil pesos a cambio de la credencial de elector...

No todos lo saben, pero la compra y coacción del voto es un delito federal. La Ley General en Materia de Delitos Electorales impone un castigo de seis meses a tres años de cárcel a cualquier persona que recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar, solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, amenace con suspender los beneficios de los programas sociales por motivos electorales, organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral o solicite u ordene evidencia del sentido del voto.

Si la compra del voto es un delito, la venta del voto es ser cómplice de un crimen y equivalente a un acto de traición a la patria. Vender el voto es como vender el alma. Si bien se logran algunos beneficios de corto plazo, también se sacrifica la posibilidad de alcanzar el bienestar personal y familiar en el futuro.

Vender el voto es un acto de egoísmo supremo, de valemadrismo absoluto en que los ciudadanos repiten en su fuero interno el mismo entreguismo y servilismo de Peña Nieto cuando vende el país a las petroleras internacionales y privatiza toda la nación. Quien vende el voto se iguala a los políticos corruptos e incluso a los narcotraficantes que también venden su alma, para los cuales profesa tanto odio.

En las próximas elecciones los mexiquenses tienen la responsabilidad histórica de rebelarse contra estas prácticas para dar una enorme lección de dignidad y resistencia a la República entera. Si se levanta el estado de México, se levantará todo México. Si los mexiquenses son capaces de romper las cadenas de la corrupción y la pobreza, todo México seguirá su ejemplo.

Antes, la consigna de los candidatos de la oposición era que los votantes deberían aceptar todas las dádivas del régimen, pero votar en conciencia una vez protegidos por el secreto de la casilla electoral. Pero hoy técnicas como la catafixia electoral, en que el votante deposita una boleta previamente marcada en favor de un candidato y devuelve una boleta en blanco al mapache electoral para ser utilizada por el siguiente votante, o el uso de fotografías tomadas con teléfonos celulares para acreditar el sentido del voto, han violado de manera irreparable la confidencialidad del sufragio.

Frente a la inacción cómplice de las autoridades electorales para frenar esas prácticas (el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, incluso ha llegado a declarar que con toda franqueza [la compra y coacción del voto] no lo vamos a resolver por la vía electoral), la única alternativa es el ejercicio generalizado de la dignidad ciudadana por medio de una masiva rebelión ciudadana en las urnas.

En un gran acto de desobediencia civil, los mexiquenses tendrían que simplemente rechazar las dádivas de PRI, PAN, PRD y el mal gobierno para votar en conciencia. Así quizás sacrificarían un pequeño beneficio inmediato, pero ganarían un mejor estado y un país más fuerte en el ­futuro. 

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