Orizaba,
Ver.- Los 120 kilómetros que separan al puerto de Veracruz con la región de las
altas montañas, por todos los hallazgos encontrados, son un cementerio
clandestino, construido por la delincuencia organizada y con la complicidad del
gobierno de Fidel Herrera y Javier Duarte. Lo que pasa en Veracruz, es la mejor
muestra de la vinculación entre el Estado y el crimen organizado, señala el
Tinam (Unión de Todos los Pueblos).
El corredor industrial en el
cual está inmersa la ciudad de Orizaba se encuentra profundamente lacerado por
los crímenes de lesa humanidad y de Estado. Estos hechos, explica esta
organización no gubernamental (ONG), lejos de ser un caso aislado, representan
el botón de muestra de lo que acontece en todo el país en general y en el
estado de Veracruz en particular.
Con ello, manifestó, se
comprueba de manera muy dolorosa para las masas trabajadoras la relación
perversa entre el poder económico y el político, que es el origen de todos
estos crímenes. "Decenas de fosas clandestinas, cientos de cuerpos
inhumados de forma ilegal y privados de la vida de forma arbitraria develan la
esencia de la política represiva con la que se condujeron las administraciones
estatales anteriores".
La organización expone que en
cada uno de estos restos mortales, "subyace una persona que fue detenida
desaparecida de manera forzada, cuyo deleznable final fue la ejecución
extrajudicial, política de gobierno de la que no difiere en lo sustancial la
actual administración que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares".
"Está claro que no es la
corrupción lo que cimbra a nuestro país, sino la exorbitante cifra de fosas
clandestinas que emergen día con día, la forma exponencial que crecen la
incalculable lista de desapariciones forzadas en el estado y los innumerables
casos de violaciones a los derechos humanos a través del Mando Único",
puntualiza.
Asimismo plantea que Veracruz
es una entidad rica en recursos naturales pero es el escenario de supuestos
enfrentamientos de grupos criminales, donde la constante son las ejecuciones
extrajudiciales masivas, con la particularidad de que "las víctimas son
del pueblo sin ninguna relación con los supuestos cárteles de la delincuencia
organizada".
En un comunicado señalan que
actualmente se copia el modelo de afirmar, por ejemplo, que los cuerpos sin
vida que fueron abandonados en las inmediaciones de la ciudad de Boca del Río,
Veracruz corresponden a delincuentes e ironizan la criminalización de la que
siempre se les hace objeto, "esa es la conclusión a la que llega después
de un escrupuloso análisis respecto a la forma en cómo fueron ejecutados".
Añaden además que resulta un
absurdo y una verdadera falta de responsabilidad, por decir lo menos, que un
titular del Ejecutivo del nivel que sea, se atreva a sostener sin ninguna base
científica sólida, que sólo por la forma en que se cometió un crimen obedezca a
un pleito entre grupos criminales.
"La realidad es terca y
sin prisa expresa sin ningún pudor la verdadera esencia de esta política
criminal, muchas de las víctimas, la mayoría, nos atrevemos a afirmar, no
tienen nada que ver con los grupos delincuenciales. Se comprueba con testimonio
de familiares que son efectivos del ejército, la marina, policía federal,
estatal y municipal, quienes cometen estos deleznables crímenes y que las
víctimas son del pueblo", reiteran.
A su vez enfatizan que uno de
los sectores que igual ha sido víctima de hechos como estos, son los medios de
comunicación, "y no es para menos, puesto que son muchos los integrantes
de este gremio los que han sido víctimas de estos deleznables crímenes. La
labor periodística se convierte en esta entidad como una de las actividades más
peligrosas, lo que refleja que el cometido de estos delitos de lesa humanidad
es un fenómeno exponencial".
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