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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La falta
de acción del gobierno mexicano para investigar y sancionar a los gobernantes y
funcionarios públicos que incurren en delitos ha obligado a la intervención de
gobiernos extranjeros, que así evidencian las fallas de la justicia nacional.
Los casos más recientes son el del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, de
Tamaulipas, Tomás Yarrington; y el del exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, los
tres detenidos en otros países.
El gobierno mexicano ni siquiera se
dio por enterado de que contra Veytia y Yarrington se habían formulado
acusaciones por delitos relacionados con el narcotráfico y nunca abrió una
investigación.
De acuerdo con un reporte de la
consultora Integralia, dirigida por el exconsejero presidente del IFE Luis
Carlos Ugalde, hasta el año pasado se tenía el registro de que en los últimos
tres lustros 14 exgobernadores mexicanos eran investigados en México o en el
extranjero por diversos delitos.
Según esa estadística, 52.92% de esos
políticos son señalados de peculado; 23.53% de lavado de dinero; 17.65% de
asociación delictuosa, y 5.8% de extorsión. De los 14, sólo cinco
exgobernadores fueron encarcelados, uno se encontraba en funciones, otro fue
incorporado al Servicio Exterior Mexicano y los siete restantes están libres,
ya sea porque fueron absueltos o porque evadieron la justicia.
Para el académico Miguel Sarre, no se
explica la pasividad de la justicia mexicana: “No se trata de sorpresas o de un
criminal que cometió un homicidio y se va al extranjero; lo más grave es que
cuando estaban aquí no se les persiguió”.
–¿Es encubrimiento? –se le pregunta.
–Sí, porque hay actos que tienen la
obligación de perseguir, de investigar ciertas conductas tanto por la vía
administrativa como la penal, pero no se hace, a pesar de que sectores de la
población saben que hay ilícitos que involucran a estos personajes.
–¿Cuál es el interés de Gobernación o
de la PGR en encubrirlos?
–Creo que hay espíritu de cuerpo, ese
espíritu de protegerse unos a otros.
–¿Son parte de la red?
–No puedo decirlo, pero sí que existe
un espíritu de solidaridad entre ellos.
–¿Es obvio que Gobernación y la PGR
están enteradas de los ilícitos de los gobernadores?
–Claro, si no, sería demasiado grave.
–¿Cómo nos vemos en el exterior con
esta falta de acciones de justicia?
–Afuera se relacionan los problemas
de México con el narcotráfico, pero cada vez más se ve que las violaciones a
los derechos humanos y la impunidad son problemas políticos. Todo esto no es un
desastre natural, es una calamidad política. Creo que hay un giro en la opinión
pública, de visualizar más la responsabilidad política de estos actos y no
verlos como un problema de delincuencia organizada.
–¿Hay una forma de solucionar esta
falta de actuación?
–Una forma inmediata e instantánea,
no creo. La solución está a partir de la participación política, este es el
problema de fondo, un problema de deterioro político de México, y la solución
tendrá que venir en este ámbito. Si lo político no está resuelto, aunque
tengamos autoridades eficaces en la procuración de justicia o comprometidas, no
podremos ver resultados.
Urge una reforma
institucional
Al pedirle al exlegislador y excónsul
general de México en San Antonio, Texas, Humberto Hernández Haddad, su opinión
sobre la actuación de la PGR hacia los servidores públicos que cometen delitos,
responde:
–No voy a usar adjetivos, prefiero
proponer sustantivos que nos permitan superar el déficit que está mostrando el
sistema legal mexicano y que se ha vuelto un asunto de seguridad nacional para
el país. Son asuntos que requieren, primero, recuperar la fortaleza del sistema
de procuración de justicia y alinearlo con los organismos de seguridad
nacional, porque el alcance criminológico que se ve con estos acontecimientos
es de carácter internacional, no están confinados a un solo país.
Haddad, autor del
libro El eslabón perdido. Historia secreta de los asesinatos que
cambiaron la historia de México, de reciente publicación, explica
que delitos como los que se atribuyen a los exgobernadores mencionados tienen
una connotación internacional que requiere alinear la política interior con la
exterior, a fin de contar con esquemas de cooperación internacional en materia
de persecución de los delitos, seguridad de Estado y protección a los mercados.
Además considera que esta
circunstancia es propicia para transformar instituciones:
“Hay que reformar el trabajo de la
Secretaría de Gobernación en tres áreas: todo lo relacionado con migración, con
las fronteras y la actuación de las agencias de seguridad nacional. E
inmediatamente, en congruencia, hay que reformar la Secretaría de Relaciones
Exteriores y el Servicio Exterior Mexicano, que requiere ser nutrido con
internacionalistas de alta calificación técnica y con conocimientos jurídicos
avanzados.”
También, señala, es necesario dotar a
esas instituciones con nuevas tecnologías que permitan una diplomacia robusta,
eficiente y sujeta a verificación, con estándares de conducta ética, exámenes
periódicamente administrados con evaluaciones de órganos internos de control
“para asegurarnos de que entre política interior y política exterior no
tengamos incongruencias”.
Aclara que “allí juega un papel muy
importante revisar cómo está nuestro sistema de procuración de justicia ante
los acontecimientos que se han visto recientemente”, en referencia a las
detenciones de Veytia y Yarrington.
–¿Usted cómo ve dicho sistema?
–Lleno de retos. Y no es privativo de
México: en el mundo hay una renovación institucional en materia de justicia,
seguridad pública, seguridad nacional y cooperación internacional.
Sobre los cambios que a su juicio
requiere Gobernación, dice:
“El órgano federal que debe saber lo
que está pasando es la Segob. Tiene facultades exclusivas que le confiere la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y todos los instrumentos
legales, policiales y de investigación, para contestar rápidamente a la
pregunta de qué está pasando en el país, con información actualizada.
–¿De verdad no sabe lo que pasa en el
país o no quiere actuar?
–No sabría decirle, habrá que oír su
versión, si es que hay una falla institucional que no permite tener a tiempo la
información.
–Hay denuncias de los habitantes de
Nayarit contra Édgar Veytia ante la PGR, Gobernación y Presidencia, y aun así
se tuvo que llegar a su detención en Estados Unidos. ¿Qué opina?
–Esto nos habla de la acumulación de
casos que rebasan el ámbito de jurisdicción mexicana y se van a la de Estados
Unidos, en donde en cortes federales de Texas, California, Chicago y Nueva York
se acumula una lista grande de asuntos con peso político y que plantean un reto
para la diplomacia mexicana en cuanto a la manera de desahogar esos expedientes
y los contenidos de información estratégica que seguramente tendrán.
–¿Por qué aquí no hay una
investigación, cuando hay tantas denuncias en contra de muchos funcionarios
ante Gobernación y la PGR?
–Se requiere una reforma dentro de
las instituciones que tienen los recursos para actuar y la obligación de
proteger el interés de la sociedad. Es el momento de hacer una revisión del
funcionamiento de las instituciones del Estado mexicano, tanto las de política
interior como las de política exterior.
–¿Las revisiones son suficientes o es
cuestión de voluntad?
–Es lo que nos ha hecho falta en
México para tener un buen funcionamiento de las instituciones: una decisión
interna, de voluntad nacional. Yo sugeriría respetuosamente que las
instituciones que tienen la responsabilidad de actuar realicen una valoración interna
de la situación en que se encuentran para que los casos que se han acumulado
comiencen a ser procesados, desahogados, antes de que lleguen a un volumen que
ya no permita un manejo a tiempo.
–Son 16 gobernadores, más tantos
fiscales…
– Esa lista de gobernadores en fuga
es una descripción muy triste del momento que vive la política mexicana.
Este
reportaje se publicó en la edición 2111 de la revista Proceso del 16 de abril
de 2017.
