Tras la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz
Sánchez y Edmundo Reyes Amaya ocurridas el 25 de Mayo de 2007 en Oaxaca –en la
cual habrían participado militares y policías, según denuncia el Frente
Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)–, sólo hay avances jurídicos, pero
ninguno que lleve a la localización de las víctimas, lamentó Susana Aguilar,
integrante de esa organización.
Por ello denuncia que a 10 años de la
desaparición forzada de los luchadores sociales, las acciones gubernamentales
para encontrarlos y castigar a los responsables han sido nulas, a pesar de que
existe la sentencia de un juez federal. Los miembros de dicho colectivo
señalaron que esa falta de avances no es casual, sino parte de una estrategia
de encubrimiento para dejar en la impunidad todos los casos de desaparición
forzada, ejecución extrajudicial y otros abusos graves de derechos humanos.
En
2009, recordó, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la
recomendación 7/2009, que reconoce que se cometió desaparición forzada e insta
a los tres niveles de gobierno a dar con el paradero de los dos activistas,
reivindicados por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) como sus miembros.
Por otra parte, en 2014 el noveno tribunal colegiado del primer circuito dio a conocer
una sentencia –la primera de su tipo en la historia de México– que también
admite que ambos luchadores sociales fueron desaparecidos por las fuerzas de
seguridad del Estado y ordena buscarlos en cuarteles militares o cualquier otra
instalación oficial a donde pudieron haber sido llevados.
Sin embargo, lamentó
Aguilar, ni la recomendación de la CNDH ni el fallo del juez federal fueron
acatados. Existen leyes y disposiciones, pero no voluntad para obedecerlas,
porque es una política de Estado no tocar al Ejército ni a las fuerzas
federales, y así los casos permanecen en la impunidad. Aunque los familiares de
Reyes y Cruz pretenden llevar el caso a organismos internacionales, no pueden
hacerlo todavía, porque la última instancia local a la que podrían acudir es la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, el máximo tribunal del
país no puede atraer el expediente porque aún no hay una sentencia definitiva
contra algún responsable. Por otra parte, denunciaron también una serie de
agresiones contra miembros del FNLS, sobre todo en Chiapas, entre ellas la
desaparición de Fidencio Gómez Sántiz, ocurrida en marzo de 2016; el intento de
asesinato de cinco activistas en noviembre de 2015, y la ejecución
extrajudicial de Héctor Sántiz López y Humberto Morales Sántiz.
