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MÉXICO, D.F.
(apro).- El pasado 7 de abril, a las 22:40 horas, el teniente de infantería del
Ejército, César Eleuterio Chávez Soto ingresó a la prisión del Campo Militar
Número Uno de esta ciudad, como “probable responsable del delito de violencia
contra las personas causando homicidio”.
Los hechos
ocurrieron el pasado 10 de marzo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, cuando, en la
carretera que conduce a la ciudad de Monterrey, el mando castrense marcó el
alto a un vehículo en el que viajaban presuntos sicarios de Los Zetas con la
adolescente de 15 años, Betzi Gabriela Rodríguez, a quien habían plagiado
momentos antes.
Al no detener la
marcha, Chávez Soto ordenó a sus subalternos perseguir a la unidad, la persecución
se prolongó 12 kilómetros hasta que una de las patrullas embistió el auto de
Los Zetas y éste terminó volcado a la orilla de la carretera frente a una
procesadora de jugo de naranja, decenas de cuyos trabajadores salieron de la
planta y observaron lo ocurrido después de la volcadura. (Proceso 1936).
Uno de los delincuentes
abandonó el vehículo y echó a correr. Pudo huir entre la maleza pese a que los
militares le dispararon y un tiro lo alcanzó en una pierna. Entonces el
teniente Chávez Soto se acercó al auto de Los Zetas y acribilló al resto de los
tripulantes que seguían en el interior.
Betzi Gabriela estaba
tirada afuera pero con una pierna atrapada con el Tsuru. Aun así, el mando
castrense le disparó siete veces, una de ellas en la cabeza.
Los subalternos de
Chávez Soto manipularon la escena del crimen e incluso contaminaron con pólvora
la mano de la adolescente, quien aspiraba a enlistarse en la Policía Federal al
concluir sus estudios.
Enterados de la muerte
de su hija, sus familiares interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet) y a partir de entonces comenzó otro
calvario: el acoso militar para que se desistiera de esa denuncia, según
publicó el semanario Proceso en su edición del 8 de diciembre pasado.
De acuerdo con el
oficio 007013 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el teniente de
infantería fue detenido casi un mes después de ese suceso. El parte militar
consigna que ingreso al Campo Militar Número Uno de esta ciudad y que fue
puesto a disposición del Juez Primero Militar para los efectos legales que se
confirmen en su contra, derivados de la averiguación previa número 8ZM/50/2013.
El teniente es
investigado por ejecutar sumariamente a la adolescente y a tres jóvenes
sicarios.
La masacre
La tragedia de Betzi Gabriela,
estudiante del tercer año de secundaria, comenzó el pasado 10 de marzo, cuando
salió a caminar en calles de su barrio. Apenas había recorrido pocas cuadras,
cuando un grupo de hombres armados que se desplazaban en un vehículo la privó
de su libertar, frente a la mirada de asustados vecinos.
Cuando sus familiares salieron a
buscarla, los testigos de los hechos les contaron el secuestro de la
adolescente. El plagio se denunció en la Agencia Primera del Ministerio Público
estatal. A partir de entonces comenzó un calvario para la familia y sus amigos,
quienes comenzaron a buscarla por su cuenta.
Las pesquisas terminaron diez días
después. Betzi Gabriela había permanecido todo ese tiempo en dos casas de
seguridad junto con otros grupos de al menos diez menores que también habían
sido secuestradas, para venderlas sexualmente, por el grupo del crimen
organizado que controla Ciudad Victoria: Los Zetas.
La pesadilla de la menor continuó
cuando sus raptores ordenaron llevarla a otra casa de seguridad afuera de la
ciudad. Fue trasladada alrededor de las 18:00 horas en un Tsuru, escoltada por
4 miembros del grupo. Avanzaron por la avenida que conduce la carretera a
Monterrey cuando el vehículo se encontró frente a un retén militar, ubicado en
los límites de la ciudad frente al complejo de la cadena Liverpool.
Los tripulantes del auto hicieron
caso omiso al alto que les marcaron los soldados y comenzaron a huir a toda
velocidad por la carretera rumbo a Monterrey. Fueron perseguidos por dos
patrullas militares. Rápidamente se le sumaron dos más de la Policía Municipal
que también está integrada por efectivos de la Octava Zona Militar.
El teniente César Eleuterio Chávez
Soto, quien dirigía las patrullas militares, se dirigió al auto volcado. El
resto de los tripulantes habían quedado heridos afuera del auto. Betzi Gabriela
estaba tirada, pero con una pierna atrapada por el vehículo. Testigos refieren
que la niña gritaba que llamaran a su madre, ya que había sido secuestrada.
El oficial comenzó a acribillar a
quemarropa primero a los tres jóvenes. La niña desesperada le gritó: “a mí no,
a mí no”. En respuesta, el teniente le disparó en siete ocasiones, uno de ellos
en la cabeza.
Posteriormente ordenó a un cabo que
escondiera los casquillos de su arma y junto con el resto de los militares
movieron la escena del crimen. Untaron con pólvora la mano de la adolescente.
Argumentaron ante las autoridades civiles que ellos se defendieron ya que la
tierra que levantó la volcadura les impidió ver si estaban armados.
Los 19 solados que componían el
Pelotón fueron trasladados a la Ciudad de Reynosa para que rindieran su
declaración en la Sede de la Octava Zona. La cortada del teniente fue
desmentida por algunos de sus compañeros y quedó detenido.
Sin embargo, gracias a que en
Tamaulipas ningún medio publica eventos relacionados con el crimen organizado,
los mandos del Ejército en complicidad con las autoridades estatales pudieron
mantener el secreto el crimen. Para justificar a los muertos, los presentaron
como víctimas de un accidente de tránsito.
Los mandos de la Octava Zona Militar
realizaron todas las maniobras necesarias para que el asesinato no
trascendiera: Oficiales de alto rango se apostaron en las casas de algunos de
los familiares de Betzi Gabriela para que se desistieran de interponer una
denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Peor aún, también acosaron a las
tres familias de los delincuentes ejecutados, para que firmaran un documento
donde se desistían a presentar denuncias ante el organismo defensor de Derechos
Humanos.
Además, miembros del Ejército acudieron
a la fábrica de jugos para intimidar a los testigos y se abstuvieran en
denunciar la manera como ocurrió el asesinato de Betzi, contaron a esta agencia
trabajadores de esa empresa.
Para “calmar” a la familia de la
adolescente asesinada, la Secretaría de la Defensa Nacional envió a dos
generales y una capitana para ofrecerles 45 mil pesos como “reparación del
daño”.
En respuesta, la familia le aseguró
al general Héctor Aragón Zapata, jefe adjunto de vinculación ciudadana de la
Sedena, que su principal demanda es la Justicia por el crimen de Betzi. Ellos
temen que el teniente al final sea liberado, o resulte con una leve condena, en
un “obscuro” juicio militar que se realiza entre las murallas de las cortes
militares y que se esconde a la supervisión de la sociedad civil.
Con esas acciones de los militares,
el caso pudo ser mantenido en secreto durante varios meses.
Apro solicitó por escrito a la
Dirección de Comunicación de la Secretaría de la Defensa Nacional información
sobre el proceso jurídico actual del oficial Chávez Soto. La dependencia que
dirige el General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Martín Terrones Calvario
simplemente se negó a responder a la petición.
La negativa deja claro que los
mandos de Sedena continúan en su intento por mantener oculto el crimen, hasta
donde les sea posible.
