SinEmbargo
julio 22, 2017
Javier Duarte es uno de los ex gobernadores del PRI
acusados de corrupción, junto con los de Tamaulipas, Tomás Yarrington, y de
Quintana Roo, Roberto Borge, ya detenidos en Italia Panamá, respectivamente, y
pendientes de extradición. El volumen de desvío de fondos públicos durante
el mandato de Javier Duarte se eleva a mas de 3 mil 300 millones de
dólares, en lo que se considera uno de los casos más graves de corrupción de
los últimos años en un gobierno estatal mexicano.
Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).- La situación jurídica del
ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, acusado de operaciones con
recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, se definirá este
sábado en un juicio que podría servir a las autoridades mexicanas para probar
la eficacia de la lucha contra la corrupción, de acuerdo con expertos.
Esta mañana, Marco Antonio del
Toro, abogado del ex priista, arribó a los juzgados del Reclusorio Norte de la
Ciudad de México para la segunda audiencia de Duarte.
El
juez de Control, Gerardo Moreno García, será quien determine si existen
indicios suficientes para llegar al ex mandatario a juicio o dejarlo en
libertad.
En
punto de las 10:00 horas, el ex Gobernador de Veracruz apareció en la sala de
audiencias del Reclusorio Norte, acompañado de sus abogados.
El pasado martes, fiscales federales llegaron a la primera audiencia del
veracruzano mal preparados, acentuando las sospechas en México y en el
extranjero de que todo se trata de un espectáculo.
En
esa audiencia, Duarte, con semblante serio, intervino en 19 ocasiones para
pedir al Juez de Control que los tres fiscales en la sala explicaran con
claridad y precisión cómo es que se acreditan los cargos en su contra.
“No entiendo mi vinculación en esto, ¿por qué se me imputa?”, dijo
cuando casi llegaba a su final la diligencia de cinco horas de duración. La
Fiscal de la PGR Martha Ramos había formulado al inicio la imputación contra el
ex miembro del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI): existen
indicios de que creó y encabezó de 2011 a 2016 una organización criminal para
lavar dinero desviado de las arcas del estado de Veracruz a través de empresas
fantasma.
Los
mismos fiscales llegaron este sábado al penal para presentar pruebas más
sólidas contra Duarte de Ochoa, según indicaron en la audiencia pasada.
A
la sala de juzgados también llegó Rafael Matías Roble, dueño de la empresa
Construcciones e Inmobiliaria RMO, para reclamar un adeudo de 3.5 millones de
pesos a Javier Duarte por contratos de obra pública durante su mandato como
Gobernador de Veracruz.
“A mí
[Duarte] no me metió agua o sangre a mis venas como a los niños, a mí me deben
trabajo que realicé en el 2010 para el Fondo de Desastres Naturales (Fonden)”,
dijo Matías Roble a los medios de comunicación al llegar al penal.
“Estoy buscando que me paguen, voy a entregar una promoción, ya la llevé a la
Embajada de Guatemala y al Gobierno de Veracruz para que a este señor se le
castigue”, agregó.
Javier Duarte llegó a México el
pasado lunes, custodiado por fuerzas de seguridad, tras permanecer poco más de
tres meses en la prisión guatemalteca de Matamoros.
Está acusado de los delitos de
delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, abuso
de autoridad, incumplimiento del deber, peculado y tráfico de influencias.
El volumen de desvío de fondos públicos durante el mandato de Javier Duarte se
eleva a mas de 3 mil 300 millones de dólares, en lo que se considera uno de los
casos más graves de corrupción de los últimos años en un gobierno estatal
mexicano.
Javier Duarte pidió licencia a su cargo el 12 de octubre de 2016,
48 días antes del fin de su mandato, supuestamente para hacer frente a las
acusaciones de corrupción, e inmediatamente se convirtió en prófugo de la
justicia cuando un juez dictó una orden de captura.
Ese mismo mes, fue expulsado del PRI
por dejar Veracruz en quiebra y sumido en una grave crisis social por la falta
de pago de salarios y retrasos en la entrega de recursos a los 212 municipios.
El investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide)
dijo a Efe que la sentencia que se dicte a Duarte al final de su
proceso judicial será una buena forma de medir la efectividad que tiene el
combate a la corrupción en el país.
“Dependiendo de lo que pase con su
sentencia, vamos a ver qué tan eficaz es el combate a la corrupción”, sostuvo
Crespo, doctor en historia de la Universidad Iberoamericana y autor de libros
como “2006, hablan las actas”.
“Vamos a ver qué tan eficaz es el
combate a la corrupción”, declaró a Efe el analista político José
Antonio Crespo.
-Con información de EFE.
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