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El gobierno de Donald Trump anunció
sanciones al régimen de Nicolás Maduro al día siguiente de las impugnadas
elecciones para la Asamblea Constituyente realizadas el 30 de julio, sin llegar
a la medida extrema que habían anunciado antes: suspender la compra de petróleo
crudo de Venezuela, el tercer país exportador más importante para Estados
Unidos.
El Departamento de Tesoro estadunidense
ordenó sanciones a Maduro al incluirlo en la lista de la Oficina del Control de
Activos en el Extranjero. La medida se suma a las sanciones anunciadas el 26 de
julio contra otros 13 funcionarios venezolanos. Esto significa la prohibición a
ciudadanos estadunidenses para realizar transacciones comerciales y financieras
con los acusados, así como el congelamiento de cuentas bancarias.
Estas
sanciones de la administración Trump perfilan el tipo de “intervención” que
Estados Unidos prepara en Venezuela: repetir el modelo en contra de Manuel
Antonio Noriega, el exhombre fuerte de Panamá, expulsado del poder en 1989,
durante el gobierno de George W. Bush, bajo el pretexto de sus vínculos con el
narcotráfico.
Noriega
fue una pieza útil para Estados Unidos cuando se le necesitó en la
triangulación de fondos provenientes del narcotráfico para financiar a la
Contra nicaragüense. El control de la zona del canal de Panamá derivó en el montaje
de una intervención para defender la “democracia” en el país centroamericano
cuando Noriega se volvió demasiado peligroso y fuera del control de Washington.
El caso
de Maduro es diferente al de Noriega, pero la receta que ensaya Estados Unidos
es similar: perfilar al actual gobernante venezolano no sólo como un personaje
autócrata, torpe y represivo, sino también como un presunto cleptócrata
vinculado al narcotráfico.
La
corrupción ahora es el nombre del juego para justificar la intervención en
Venezuela. La fiscal general del país, Luisa Ortega Díaz, denunció que el
gobierno de Maduro va tras su cabeza para evitar que siga investigando casos de
corrupción, como el pago a la constructora brasileña Odebrecht por 30 mil
millones de dólares.
“Hemos
corroborado que hay muchos funcionarios activos que aparecen involucrados en
estas irregularidades. Quieren que se protejan de forma inconstitucional
dictando sentencias contra el Ministerio Público, quiere protegerse del
desfalco a la nación con un falso discurso antiimperialista”, subrayó la fiscal
Luisa Ortega.
Ortega
fue una firme defensora del gobierno de Hugo Chávez y una crítica frontal de
Maduro y del reciente proceso de elección de la Asamblea Constituyente, por
considerar que “estamos frente a una ambición dictatorial”.
Sea por
presuntos vínculos con el crimen organizado o por corrupción, la Casa Blanca ya
tiene perfiladas las baterías para intervenir y remover a Nicolás Maduro, en un
ensayo peligroso de polarización social en Venezuela y de doble cara diplomática
que afectará a toda la región, no sólo al país andino.
¿Acaso
no la mayoría de los gobiernos de América Latina tienen las mismas
características que el régimen de Venezuela? ¿Acaso los mismos supuestos no se
aplican para el gobierno de Enrique Peña Nieto en México?
Este es
el problema del alineamiento del gobierno de Peña Nieto a la nueva aventura
intervencionista de Estados Unidos: al colocarse en el “consenso” de la condena
al régimen de Maduro se da un balazo en el pie y pretende justificar el abandono
de principios diplomáticos de México que son el resultado histórico de una
larga lucha por la autodeterminación frente a Washington.
Quizá
piensan el canciller Luis Videgaray y su jefe Enrique Peña Nieto que así se
“protegen” de la furia de Trump y de posibles acusaciones en su contra para
salvarse en la sucesión de 2018. No se dan cuenta que simplemente se vuelven
más vulnerables frente al bullying cotidiano del autócrata de la Casa Blanca y
embarcan a la diplomacia mexicana a una aventura peligrosa.
La
empresa encuestadora Parametría confirmó recientemente que la aventura contra
Venezuela y contra el gobierno de Maduro no tiene el respaldo mayoritario de la
opinión pública mexicana, a pesar de la intensa campaña mediática y del
activismo de personajes de dudosa autoridad moral como los expresidentes
Vicente Fox o Felipe Calderón.
Según
la encuesta en vivienda realizada a 800 personas entre el 24 y el 30 de junio
pasado, el 96% considera mala la situación económica y social de Venezuela,
pero el 52% está en contra de que el gobierno mexicano opine sobre la situación
interna de este país. Sólo el 37% está de acuerdo y el 64% en desacuerdo con la
intervención del gobierno mexicano en los asuntos internos del país andino.
http://www.proceso.com.mx/497101/venezuela-eu-mexico-ensayos-intervencion
