Mientras son peras o manzanas, y acaso para no enturbiar
aún más la relación con los Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ordenó
bloquear todas las cuentas abiertas en el sistema financiero mexicano del
futbolista Rafael Márquez y del cantante Julión Álvarez, además de 66 personas
físicas y morales señaladas por el Tesoro norteamericano como sospechosos de
ser prestanombres del crimen organizado, concretamente del presunto operador
financiero del narco, Raúl Flores Hernández.
Paralelamente, el Departamento del
Tesoro de Estados Unidos congeló los bienes del deportista y del intérprete de
música banda, con lo cual quedan inhabilitados financieramente hasta en tanto
se aclare la situación jurídica de ambos. Lo peor es que a Julión Álvarez,
quien el lunes posaba al lado del Presidente Enrique Peña Nieto –que lo
consideraba su amigo-, ya no le responderán el teléfono en Los Pinos, por lo
que la defensa que tendrá que iniciar será sin muchos recursos y sin el apoyo
de quien manda en el País, que ayer mismo ordenó bajar las fotografías que
había subido a su cuenta de Twitter al lado del cantante. Márquez y Álvarez son
señalados por el Tesoro estadunidense de ser prestanombres de la delincuencia,
y en el caso del futbolista, icónico conocido no sólo por destacar
internacionalmente sino también por su labor altruista en México, ha llamado
poderosamente la atención.
Se le señala a él, a sus escuelas de futbol y a sus
organizaciones civiles como fachadas para actividades ilícitas. Por lo pronto,
la UIF giró un oficio a todas las instituciones financieras, como bancos, casas
de cambio, casas de bolsa (si es que tienen inversiones) para que dejen de
operar con esas personas físicas y empresas; es decir, ya no puedan realizar
ningún depósito ni retiro. Hay en la lista, además de los cantantes, una
empresa creada en Guadalajara llamada Grupo Egmont que tiene el nombre de la
instancia que reúne a todas las Unidades de Inteligencia Financiera del mundo,
lo cual, de acuerdo con personas consultadas, podría haberles ayudado a evadir
la ley, dado la similitud del nombre.
En ese sentido, si los presuntos involucrados
tienen cuentas en un banco, la institución está obligada a informar a la
persona que su cuenta dejará de operar y se le notificará para que ejerzan su
derecho de réplica ante la UIF, que tiene un periodo de 10 días para recibirlo,
una vez que la entidad financiera haya notificado al titular de la cuenta que
dejarían de operarla. De acuerdo con especialistas, incluso las entidades
financieras al conocer el comunicado del Departamento del Tesoro procedieron
por políticas internas a revisar si las empresas y personas físicas forman
parte de su lista de clientes, para notificar a la autoridad. Una vez que
cierren las cuentas que hayan sido detectadas en el sistema financiero
mexicano, deben dar aviso a la Procuraduría General de la República y a la Unidad
de Inteligencia Financiera. Vaya caso…
