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La
situación política de nuestro país se encuentra marcada por una crisis política
del régimen que cada vez adquiere mayor agudeza; la corrupción, el desfalco de
las arcas públicas, el cuestionamiento del sistema de partidos electorales y la
represión como política de gobierno son expresiones claras que el régimen
neoliberal atraviesa por momentos críticos producto de la crisis económica
capitalista que no toca fondo.
Conforme
avanza el tiempo, el escenario se ve cada vez más adverso, a nivel
internacional la cumbre de los G20 se muestra como un mecanismo diplomático de
dominio donde se pretende definir el rumbo que seguirá la situación mundial,
proceso que está marcado por la intención de delimitar los bandos económicos,
para que las potencias imperialistas puedan “cerrar filas”, ante el hartazgo
social se avecina por los resultados nefastos de la política neoliberal en el
mundo.
A
nivel nacional los gobernadores celebraron un aniversario más de la
conformación de la CONAGO, una estructura política que se diseñó para
establecer una estrategia de guerra con la argucia que ha servido para encubrir
el cometido de crímenes contra el pueblo, el combate a la delincuencia
organizada y para la seguridad nacional, con esta premisa, los representantes
de los ejecutivos estatales pretenden conformar un cuerpo policíaco especial
que obedezca a esta estructura política.
Ambos
cónclaves, nacional e internacional, fijan posición ante el inminente
crecimiento del descontento popular, sobre las agendas particulares se
establece que la lucha es contra el "terrorismo, la delincuencia y la
corrupción"; además de incorporar como premisas particulares los aspectos
económicos, en el caso concreto con México, la renegociación del Tratado de
Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).
Todo
este panorama se advierte convulso porque técnicamente la carrera electoral
rumbo al 2018 ya comenzó, de tal manera que cada aspirante acusa mutuamente al
otro de cometer irregularidades, mientras tanto la realidad nos dice que no hay
acusación que pueda hacer un político de oficio, sin auto señalarse, porque la
corrupción es un mal inherente al régimen neoliberal, que hoy se encuentra en
una etapa de descomposición.
Ante
este escenario los crímenes de lesa humanidad y de Estado no disminuyen,
conforme pasa el tiempo, éstos se incrementan exponencialmente; diariamente los
medios de información dan parte del terror que cifran las víctimas varias
decenas por día.
Es
importante la información que hoy dan a conocer algunas organizaciones de
derechos humanos en el norte de país, particularmente en el estado de Coahuila,
donde se abre un expediente sobre “los graves crímenes cometidos por el Estado
mexicano”, se identificó que existe una política de parte de una estructura del
Estado de permitir y apoyar activamente un ataque contra la población civil.
Señalan que los crímenes fueron cometidos directamente por las fuerzas
especiales.
Esta
denuncia será retomada por la Corte Penal Internacional (CPI), mediante una
solicitud realizada por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH),
para abrir un expediente "sobre las graves crímenes cometidos por el
Estado mexicano", de manera particular en esta entidad federativa.
Tal
conclusión no es sorpresa para algunos, porque desde hace varios años se
denunció que los crímenes de lesa humanidad tienen patente en el Estado
mexicano y que los denominados grupos de la delincuencia organizada, son en
verdad el ariete represivo por el cual se objetiva el terrorismo de Estado, sin
embargo, aún quedan resquicios para abandonar ese discurso que sólo beneficia a
las instancias gubernamentales, de sostener que son tal o cual
"cartel" de la droga, no debemos perder de vista que éstos grupos son
organizados y estructurados desde y para el Estado, por tanto,
independientemente de quién esté en la silla presidencial esta política se
comete sexenio tras sexenio.
Desde
el gobierno de Felipe Calderón se documentó el Grupo Aeromóvil de Fuerzas
Especiales (GAFE), casi íntegramente pasaron a formar una estructura
paramilitar para sembrar el terror en la población, sus crímenes se presentaron
con distinta firma, pero su actuar develaba una forma táctica de contrainsurgencia.
Hoy se sabe que en Coahuila fue el Grupo de Reacción Inmediata, el Grupo de
Armas y Tácticas Especiales, y el Grupo de Reacción y Operaciones Mixtas,
quienes objetivaron el terrorismo de Estado en esta entidad norteña.
Lo
que hoy fue posible documentar en Coahuila no es la excepción, en todo el país
se sigue la misma lógica; el hilo conductor que une a los denominados
"grupos de la delincuencia organizada" y el Estado mexicano
paulatinamente se empieza a descubrir; es a fuerza de testimonio de las
víctimas y de sus familiares que se evidencia que en cada detenido
desaparecido, en cada ejecutado extrajudicialmente, en mayor o en menor medida,
se encuentra la mano del ejército mexicano, de la marina y las distintas
policías.
La
ejecución extrajudicial de Meztli Sarabia Reyna de la UPVA en Puebla es un
indicativo más de lo que aquí se afirma, el comando de cuatro sujetos que le
privaron de la vida actuaron con toda impunidad que sólo el Estado mexicano
puede garantizar, además que en su retirada dejaron evidencia que esta
"operación" fue ejecutada por elementos del ejército mexicano.
Desde
marzo de este año y posteriormente en mayo, denunciamos la existencia de una
red de espionaje y táctica contrainsurgente en el estado de Chiapas, que
incluye desde militares en activo, supuestos periodistas y funcionarios de
gobierno; en los funerales de Meztli son descubiertos nuevamente militares
vestidos de civil; y nuestros compañeros en Puebla descubrieron, durante un
mitin, a otro militar que documentaba desde su celular la actividad política,
lo que nos comprueba que esta forma de actuar es una política general de
gobierno.
La
realidad es testaruda y poco a poco coloca en su justa dimensión la magnitud de
la política represiva en nuestro país, donde existe la premeditación para el
cometido de cientos de crímenes; donde el objetivo son las organizaciones
populares y el pueblo en general.
Con
esta denuncia se abona a desenmascarar el gobierno federal como el responsable
de clima de violencia que azota a todo el país, que desangra considerablemente
a las masas trabajadoras, por lo que nada es casualidad ni hechos aislados, en
cada crimen que se comete, independientemente del tiempo y espacio, conforma el
testimonio cruel del terrorismo de Estado como política de gobierno.
Política
sistemática, porque lo mismo se ejecuta contra el normalismo rural, contra
organizaciones populares, defensores de los derechos humanos y pueblo en
general; el objetivo es detener a sangre y fuego el descontento popular,
intentar desarticular todo esfuerzo organizativo e inhibir la creatividad de
las masas ante un escenario adverso.
Ante
este panorama de agudización de la represión, queda claro que al movimiento
popular en su conjunto nos queda la tarea de sistematizar toda la experiencia
de lucha para hacer frente a esta oleada de violencia institucional, definir
creativamente las formas y métodos de organización que nos harán salir abantes
en este clima funesto.
El
Estado mexicano pretende hacernos olvidar de los miles de detenidos
desaparecidos con el cometido de crímenes de la misma naturaleza, sin embargo,
hoy sus nombres se encuentran en lo más alto de las exigencias; pretende
socavar la dignidad humana para dejar de brindar la solidaridad a los
familiares.
A
pesar de la represión no se nos olvida que la exigencia de presentación con
vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya del PDPR-EPR; del
compañero Fidencio Gómez Sántiz del FNLS; Daniela y Virginia Ortiz Ramírez del
MULT; Teodulfo Torres Soriano; los 43 normalistas de Ayotzinapa; y los más de
300 mil detenidos desaparecidos.
Frente
Nacional de Lucha por el Socialismo
