Rel-UITA
La organización
Artículo 19 publicó recientemente un informe [1] sobre la violencia contra la
prensa en México durante el primer semestre del 2017, donde se documenta un
total de 276 agresiones -una cada 15,7 horas-, incluyendo a 6 periodistas
asesinados y 1 desaparecido.
Estas cifras, señala la organización mexicana, representan un incremento del 23 por ciento respecto al mismo período del año anterior. Más del 50 por ciento de las agresiones fue cometido por funcionarios públicos.
El asesinato de Juan Carlos Hernández Ríos, periodista y colaborador del portal de noticias de Guanajuato La Bandera Noticias, ocurrido el pasado 5 de septiembre, eleva a 10 el número de periodistas asesinados en lo que va del año.
Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), serían 126 los periodistas asesinados desde el 2000, el 84 por ciento de los cuales (106) durante los mandatos de Felipe Calderón (61) y Enrique Peña Nieto (45).
Desde 2003 hasta mayo de 2017, 24 periodistas han desaparecido[2], un promedio de dos por año.
El 96 por ciento de los comunicadores asesinados cubrían temas relacionados con corrupción y seguridad que involucraban a funcionarios públicos y crimen organizado.
El periódico La Jornada señala que el año pasado, México fue el tercer país con el número más elevado de muertes de periodistas en el mundo, superado únicamente por Siria y Afganistán, dos países en guerra.
Pese a que más de 260 periodistas se han integrado al Mecanismo de Protección creado por el gobierno mexicano, la misma Secretaría de Gobernación (Segob) reconoce que el mayor número de agresiones contra comunicadores proviene propio de funcionarios públicos.
La CNDH alerta de que más del 90 por ciento de todas las agresiones -incluyendo a las mortales- queda impune.
La violencia homicida afecta especialmente a los periodistas, hombres y mujeres, que trabajan en provincia, en particular en Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y Chihuahua.
Trabajo precario e inseguro
Colusión Estado-crimen organizado
“El hecho de que la mayoría de agresiones y asesinatos de periodistas ocurre en la provincia, pone de manifiesto las condiciones de alta precariedad laboral y el estado de indefensión en que se encuentran”, dijo a La Rel, Federico Mastrogiovanni, periodista italiano radicado en México.
“Muchos de ellos investigan temas delicados, señalando las relaciones estructurales que existen entre instituciones locales y federales, capital trasnacional y el crimen organizado, en un contexto de profunda vulnerabilidad donde las autoridades pueden actuar con impunidad absoluta”, agregó Mastrogiovanni.
Para el autor del libro y documental Ni vivos ni muertos[3] sobre el drama de la desaparición forzada en México, la impunidad no sólo lleva a la repetición crónica de los actos delictivos, sino que es parte integral de la violencia institucional contra la libertad de expresión.
“Se trata de un sistema de dos vías: por un lado instituciones profundamente agresivas contra los periodistas y, por el otro, un sistema judicial inoperante y negligente que muchas veces hasta se dedica a entorpecer las investigaciones”, explicó Mastrogiovanni.
Sistema de protección a periodistas
“Es una farsa”
Pese a una situación que se vuelve cada día más complicada, el periodista italiano asegura que el sistema de protección a periodistas[4] creado por el gobierno no sería más que una farsa.
“Quieren aparentar cierto compromiso con la libertad de expresión y la seguridad de periodistas, pero al final sirve sólo y exclusivamente para enriquecer aún más a los funcionarios públicos”, lamentó.
“¿Cómo vamos a poder confiar en instituciones y funcionarios que todas las investigaciones señalan como los principales responsables de las agresiones contra el gremio periodístico?”, se preguntó Mastrogiovanni.
Contextualizar cada agresión
“Así se defiende la libertad de expresión”
Si bien considera muy importante denunciar nacional e internacionalmente cualquier tipo de agresión contra la prensa, el también catedrático de la Universidad Iberoamericana señaló a La Rel la importancia de analizar la especificidad de cada acto de violencia.
“La mejor manera para defender la libertad de expresión y hacer justicia es tratar de entender el micro contexto en el que se dan las agresiones y los asesinatos de periodistas.
No podemos medir a todos por el mismo rasero. Cada caso es diferente y cada territorio tiene sus dinámicas internas.
Sólo así -continuó Mastrogiovanni- podremos denunciar con la justa fuerza la relación directa entre la violencia contra periodistas y la connivencia entre poderes económicos, instituciones y crimen organizado”, concluyó.
Notas
[1] https://articulo19.org/informesemestral2017/
[2] https://articulo19.org/periodistasdesaparecidos/
[3] https://www.youtube.com/watch?v=C4YsPZUj05I
[4] Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Fuente: Rel-UITA
Estas cifras, señala la organización mexicana, representan un incremento del 23 por ciento respecto al mismo período del año anterior. Más del 50 por ciento de las agresiones fue cometido por funcionarios públicos.
El asesinato de Juan Carlos Hernández Ríos, periodista y colaborador del portal de noticias de Guanajuato La Bandera Noticias, ocurrido el pasado 5 de septiembre, eleva a 10 el número de periodistas asesinados en lo que va del año.
Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), serían 126 los periodistas asesinados desde el 2000, el 84 por ciento de los cuales (106) durante los mandatos de Felipe Calderón (61) y Enrique Peña Nieto (45).
Desde 2003 hasta mayo de 2017, 24 periodistas han desaparecido[2], un promedio de dos por año.
El 96 por ciento de los comunicadores asesinados cubrían temas relacionados con corrupción y seguridad que involucraban a funcionarios públicos y crimen organizado.
El periódico La Jornada señala que el año pasado, México fue el tercer país con el número más elevado de muertes de periodistas en el mundo, superado únicamente por Siria y Afganistán, dos países en guerra.
Pese a que más de 260 periodistas se han integrado al Mecanismo de Protección creado por el gobierno mexicano, la misma Secretaría de Gobernación (Segob) reconoce que el mayor número de agresiones contra comunicadores proviene propio de funcionarios públicos.
La CNDH alerta de que más del 90 por ciento de todas las agresiones -incluyendo a las mortales- queda impune.
La violencia homicida afecta especialmente a los periodistas, hombres y mujeres, que trabajan en provincia, en particular en Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y Chihuahua.
Trabajo precario e inseguro
Colusión Estado-crimen organizado
“El hecho de que la mayoría de agresiones y asesinatos de periodistas ocurre en la provincia, pone de manifiesto las condiciones de alta precariedad laboral y el estado de indefensión en que se encuentran”, dijo a La Rel, Federico Mastrogiovanni, periodista italiano radicado en México.
“Muchos de ellos investigan temas delicados, señalando las relaciones estructurales que existen entre instituciones locales y federales, capital trasnacional y el crimen organizado, en un contexto de profunda vulnerabilidad donde las autoridades pueden actuar con impunidad absoluta”, agregó Mastrogiovanni.
Para el autor del libro y documental Ni vivos ni muertos[3] sobre el drama de la desaparición forzada en México, la impunidad no sólo lleva a la repetición crónica de los actos delictivos, sino que es parte integral de la violencia institucional contra la libertad de expresión.
“Se trata de un sistema de dos vías: por un lado instituciones profundamente agresivas contra los periodistas y, por el otro, un sistema judicial inoperante y negligente que muchas veces hasta se dedica a entorpecer las investigaciones”, explicó Mastrogiovanni.
Sistema de protección a periodistas
“Es una farsa”
Pese a una situación que se vuelve cada día más complicada, el periodista italiano asegura que el sistema de protección a periodistas[4] creado por el gobierno no sería más que una farsa.
“Quieren aparentar cierto compromiso con la libertad de expresión y la seguridad de periodistas, pero al final sirve sólo y exclusivamente para enriquecer aún más a los funcionarios públicos”, lamentó.
“¿Cómo vamos a poder confiar en instituciones y funcionarios que todas las investigaciones señalan como los principales responsables de las agresiones contra el gremio periodístico?”, se preguntó Mastrogiovanni.
Contextualizar cada agresión
“Así se defiende la libertad de expresión”
Si bien considera muy importante denunciar nacional e internacionalmente cualquier tipo de agresión contra la prensa, el también catedrático de la Universidad Iberoamericana señaló a La Rel la importancia de analizar la especificidad de cada acto de violencia.
“La mejor manera para defender la libertad de expresión y hacer justicia es tratar de entender el micro contexto en el que se dan las agresiones y los asesinatos de periodistas.
No podemos medir a todos por el mismo rasero. Cada caso es diferente y cada territorio tiene sus dinámicas internas.
Sólo así -continuó Mastrogiovanni- podremos denunciar con la justa fuerza la relación directa entre la violencia contra periodistas y la connivencia entre poderes económicos, instituciones y crimen organizado”, concluyó.
Notas
[1] https://articulo19.org/informesemestral2017/
[2] https://articulo19.org/periodistasdesaparecidos/
[3] https://www.youtube.com/watch?v=C4YsPZUj05I
[4] Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Fuente: Rel-UITA
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