POR JENARO VILLAMIL , 16 MAYO, 2018
Al principio de su administración, Enrique Peña Nieto se tomó la
foto con 19 gobernadores, la mayoría de los cuales pertenecían al PRI; incluso
elogió a la “nueva generación” de militantes priistas que lo acompañaba en su
gestión. Sin embargo, su triunfalismo se desdibujó en 2016, cuando perdió siete
gubernaturas y varios de los priistas salientes acabaron inmersos en
señalamientos de corrupción. Este conjunto de hechos es reseñado en el libro
más reciente del reportero Jenaro Villamil, Cleptocracia. El nuevo modelo de la
corrupción, en el que documenta cómo el Estado fue capturado por élites que se
sienten amenazadas ante un eventual desplazamiento del poder. Con autorización
de la editorial Grijalbo, aquí se publican fragmentos del volumen, que ya se
encuentra en circulación y que se presentará el próximo jueves 24 de mayo a las
19 horas en la Casa Lamm por jo Tuckman y Ricardo Peralta.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En
su toma de protesta como presidente de México –el 1 de diciembre de 2012–,
Enrique Peña Nieto se tomó una foto en Palacio Nacional con 19 gobernadores que
lo acompañaron. La mayoría son priistas. Y gran parte de ellos apostaron,
apoyaron e invirtieron en su campaña desde 2010. De aquellos 19 mandatarios
estatales, 11 enfrentan ahora cargos por peculado, lavado de dinero o desvío de
fondos, están prófugos o han ganado amparos para protegerse. El panorama de esa
“nueva generación” de priistas en el poder cambió radicalmente en seis años.
Veamos los principales casos:
1. El
cuestionado gobierno de Rodrigo Medina Mora en Nuevo León tuvo como
consecuencia que el PRI perdiera la gubernatura en 2015; Medina ha sido
señalado por su sucesor, el “independiente” Jaime Rodríguez, El Bronco, quien
lo acusó por desvío de millones de pesos durante su administración. Sin
embargo, la Operación Tornado del gobierno neoleonés –que investiga a 60
exfuncionarios– generó más expectativas que resultados concretos. Medina estuvo
recluido 18 horas en el penal de Topo Chico, en enero de 2017, y salió gracias
a un amparo tramitado por sus abogados. Se le acusó de manipular 3 mil 600
millones de pesos, pero su sucesor no lo pudo comprobar. Se le siguió un
proceso judicial por ejercicio indebido de funciones.
2. Andrés Granier, exgobernador
priista de Tabasco cuya gestión en la gubernatura provocó que en 2012 el
candidato del PRI fuera derrotado en las urnas por Arturo Núñez, del PRD.
Granier fue detenido en 2013, acusado de desviar 2 mil 604 millones de pesos,
proceso contra el cual se amparó. Desde junio de 2013 se encuentra preso en la
Torre Médica del Asimismo, tiene otra acusación pendiente por el desvío de 196
millones de pesos en el sector salud. Su hijo –Fabián Granier Calles–también
estuvo preso, pero salió libre bajo fianza.
Andrés Granier se volvió un
ejemplo de excesos y frivolidades dentro de los gobiernos tabasqueños. Desde
sus 400 pares de zapatos, sus mil camisas presumidas en un audio, hasta las
fiestas en la casa de gobierno, el mandatario priista superó por mucho la
herencia de cleptocracia de Roberto Madrazo. Extendió sus tentáculos de corrupción
hasta Yucatán.
3. César Duarte Jáquez,
exgobernador priista de Chihuahua cuya mala administración provocó la derrota
del tricolor ante la oposición en 2016. Sobre él pesan más de 11 órdenes de
aprehensión y varios cargos por peculado electoral, que suman alrededor de 250
millones de pesos; además enfrenta acusaciones por otros casos de lavado de
dinero a través de banco Unión Progreso y desvío de recursos por mil 200
millones de pesos. Actualmente se encuentra prófugo. Se presume que está en
Estados Unidos.
Duarte Jáquez llegó a la
gubernatura de Chihuahua apoyado por su principal padrino político, el senador
Emilio Gamboa Patrón. Hizo y deshizo en su entidad durante seis años sin que
nadie lo frenara. Su gasto intensivo en comprar medios de comunicación formó
parte de sus excesos. En 2012 destinó 808 millones de pesos en gastos para
medios, 772 millones en 2013, 602 millones en 2014, 602 millones en 2015 y en
2016, año en que el PRI perdió la gubernatura, destinó 328 millones de pesos a
ese rubro, según los datos oficiales de la Oficina de Comunicación Social.
4. Javier Duarte de Ochoa,
exgobernador priista de Veracruz; tampoco logró que el PRI refrendara la
gubernatura en 2016. Ese año triunfó su acérrimo adversario, el expriista
Miguel Ángel Yunes. A Duarte se le considera uno de los casos más escandalosos
de corrupción en los últimos años.
Acusado por la Auditoría
Superior de la Federación de desvío por más de 36 mil millones de pesos del
presupuesto público, ha sido señalado de encabezar una red de más de 400
empresas fantasma que le sirvieron para el lavado de dinero y presuntas
operaciones con recursos de procedencia ilícita. Huyó del país en octubre de
2016, en vísperas de dejar el gobierno. Fue detenido en abril de 2017 en
Guatemala, cuando salía de un hotel, y en julio del mismo año fue extraditado a
México. Se le sigue un largo y complejo proceso jurídico, del cual se excluyen
los delitos de lesa humanidad cometidos durante su gobierno y denunciados por
activistas, ciudadanos, medios locales e incluso organismos internacionales.
El desastre que dejó en
Veracruz no se refiere sólo a la bancarrota del erario. La bancarrota moral fue
incluso más grave: miles de desaparecidos, un enfrentamiento constante con los
periodistas, hasta lograr el triste récord del estado con más reporteros
asesinados, secuestrados o desplazados; un secretario de Seguridad Pública,
Arturo Bermúdez Zurita, que se convirtió en el jefe del crimen organizado en la
entidad; una colección de excesos autoritarios y de casos tan graves como Los
Porkys –que alcanzó notoriedad nacional–, gracias al apoyo de una red
empresarial corrupta.
5. Roberto Borge, exgobernador
de Quintana Roo, quien también ocasionó la derrota del PRI en la contienda
electoral por la gubernatura en 2016. Se le acusa de presunto “lavado de
dinero” y desfalco al erario estatal por 900 millones 99 mil pesos, derivados
de la venta irregular de 22 predios de 7 millones 118 mil metros cuadrados.
También tiene investigaciones pendientes por presunto peculado electoral, que
sumaría unos 200 millones. Una más: supuestamente está asociado, junto con
César y Javier Duarte, a una red de empresas fantasma para desviar recursos a
las campañas. Huyó del país, pero fue detenido en Panamá y extraditado a
principios de 2018. Borge fue protegido y apadrinado por el expresidente Carlos
Salinas de Gortari, con quien presumió no sólo su amistad, sino sus excesos.
Gastó del erario más de 500 millones de pesos tan sólo en rentar aviones para
sus viajes personales.
6. Roberto Sandoval, exgobernador
de Nayarit, que dejó el gobierno en 2016. Primero fue acusado de encubrir al
narcofiscal Édgar Veytia, señalado por la DEA de ser el principal operador en
la distribución y producción de drogas en su propia entidad; Sandoval insistió
una y otra vez que él “ignoraba” lo que su propio exfiscal hizo.
En enero de este año el Congreso de la entidad comenzó una investigación en su contra por presunto desvío de 2 mil 700 millones de pesos. Su red de corrupción la encabezaron parientes que formaron parte también de una red de empresas fantasma.
En enero de este año el Congreso de la entidad comenzó una investigación en su contra por presunto desvío de 2 mil 700 millones de pesos. Su red de corrupción la encabezaron parientes que formaron parte también de una red de empresas fantasma.
7. Mario Anguiano, exgobernador
de Colima, acusado también de desviar 170 millones de pesos del erario; fue
inhabilitado por el Congreso del estado para ocupar otro cargo público por 23
años y condenado a pagar multas por 45 millones de pesos tras detectarse
irregularidades en las cuentas del presupuesto de 2013 a 2015.
Colima es uno de los estados conocidos como “cementerio de gobernadores”. El exgobernador Silverio Cavazos Ceballos fue ejecutado 12 meses después de dejar el cargo. Su sucesor, Fernando Moreno Peña, recibió cuatro balazos después de abandonar la gubernatura.
Colima es uno de los estados conocidos como “cementerio de gobernadores”. El exgobernador Silverio Cavazos Ceballos fue ejecutado 12 meses después de dejar el cargo. Su sucesor, Fernando Moreno Peña, recibió cuatro balazos después de abandonar la gubernatura.
8. Egidio Torre Cantú,
exgobernador de Tamaulipas, es señalado por participar también en una presunta
red de desvío de millonarios recursos a las campañas electorales de 2016, la
cual perdió su partido (PRI) ante Francisco García Cabeza de Vaca.
Torre Cantú llegó a la
gubernatura tras el asesinato de su hermano Rodolfo Torre Cantú, en junio de
2010, uno de los casos más graves e impunes de atentados contra un candidato
priista en Tamaulipas, entidad dominada por los tres cruces del crimen
organizado: el cártel del Golfo, el cártel de Los Zetas y Los Beltrán Leyva.
9. Eugenio Hernández y Tomás
Yarrington, dos exgobernadores priistas también de Tamaulipas, antecesores de
Egidio Torre Cantú, han sido detenidos y acusados de encabezar una presunta
extensa red de lavado de dinero y de vínculos con el crimen organizado, según
cortes federales de Estados Unidos en Texas que piden su extradición. También en
Estados Unidos piden la extradición de Jorge Torres López, gobernador interino
de Coahuila (2011).
Los casos de Yarrington y
Hernández constituyen, sin duda, los ejemplos más acabados de
narcogobernadores, cuyas redes y vínculos se extienden hasta el Estado de
México (tema que líneas abajo analizaremos).
10. José de Jesús Reyna, gobernador interino de Michoacán, quien terminó por responder jurídicamente frente a la acusación de desvío de fondos públicos por 2 mil 233 millones de pesos (cometida desde la administración de Fausto Vallejo, también expriista).
10. José de Jesús Reyna, gobernador interino de Michoacán, quien terminó por responder jurídicamente frente a la acusación de desvío de fondos públicos por 2 mil 233 millones de pesos (cometida desde la administración de Fausto Vallejo, también expriista).
Reyna asumió el cargo tras la
renuncia de Vallejo en 2014, quien estaba aquejado por una serie de
enfermedades, pero también por la crisis de gobernabilidad que condujo a la
creación de las autodefensas, lideradas por el doctor José Manuel Mireles, el
cual se enfrentó a los grupos de los Caballeros Templarios y la Familia
Michoacana, cárteles que dominaron las principales zonas de trasiego de la
droga.
11. Uno de los casos más graves
de impunidad es el de Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, exdirigente
nacional del PRI y uno de los más firmes aliados de Peña Nieto en su ascenso a
la candidatura presidencial, hasta que fue señalado en México y en Estados
Unidos por vínculos con el narcotráfico. La Secretaría de Hacienda documentó el
desaseo en el manejo de los recursos públicos durante su administración, en la
que la deuda pública se disparó de 323 millones a 36 mil millones de pesos.
En enero de 2016 Moreira fue
detenido en Barcelona, España, pero unos días después fue liberado. Retornó a
México como mártir. Se confrontó públicamente con su hermano y sucesor en
Coahuila –Rubén Moreira– y aspiró a ser diputado local por el Partido Joven,
una agrupación con su impronta.
A finales de 2017 se dio a
conocer un informe de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos
Humanos de la Universidad de Texas, que sistematizó los testimonios de tres
juicios contra líderes del cártel de Los Zetas. En ese informe se compila y
sustenta lo que los habitantes de Coahuila y Veracruz sabían desde hacía
tiempo: que los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira en la primera entidad y
de Fidel Herrera y Javier Duarte en la segunda fueron “capturados” por el
crimen organizado a cambio de millonarios sobornos.
El informe señala que desde
2004 Los Zetas apoyaron con 10 millones de dólares la campaña de Fidel Herrera,
exgobernador del PRI, corresponsable del desastre de Veracruz ocasionado por su
protegido y sucesor Javier Duarte; Herrera negó “categóricamente” a la prensa
haber recibido “dinero ilegal alguno” del narcotráfico.
El vínculo común entre los
Moreira, Herrera y Duarte con el cártel de Los Zetas, según el mismo informe,
fue el empresario Francisco Antonio Colorado Cessa, mejor conocido como Pancho
Colorado, señalado en varios reportajes de la revista Proceso y en el periódico
Reforma de ser prestanombres y “lavador” de dinero. Colorado fue propietario de
la empresa ADT Petroservicios y en 2012 fue llevado a juicio en Texas.
12. La administración del
exgobernador del Estado de México Eruviel Ávila terminó en 2017, después de un
desaseado proceso electoral para que el PRI retuviera la gubernatura de esta
entidad. Los escándalos involucran a su administración con la compañía española
OHL en las ampliaciones y renovaciones irregulares de sus contratos en el
Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense. La filtración de
llamadas telefónicas vinculó a dos funcionarios de su gobierno –Apolinar Mena,
secretario de Comunicaciones, y a la consejera jurídica Luz María Zarza–con
operaciones ilegales a favor de la constructora.
Hábilmente, Ávila se ha
desmarcado de la crisis de seguridad pública en su propia entidad. Fue
aspirante a la candidatura presidencial del PRI, pues pensó que la victoria de
ese partido en 2017 lo podía ayudar en sus aspiraciones. Estuvo unas cuantas
semanas al frente del PRI en la Ciudad de México, para dejarle el control a los
tecnócratas cercanos a José Antonio Meade. Ahora bien, las aspiraciones de
Ávila se mantienen. Y es quizá de los pocos precandidatos que estarían en
condiciones de sustituir a Meade ante cualquier circunstancia.
13. La corrupción no fue
exclusiva de los gobernadores priistas. Está el caso del exgobernador panista
de Sonora Guillermo Padrés, detenido en 2016 por delitos como lavado de dinero,
delincuencia organizada y defraudación fiscal. Sus abogados han ido ganando
ante los jueces varios casos. El juez duodécimo de distrito de procesos penales
federales en la Ciudad de México le dictó auto de libertad por el delito de lavado
de dinero por 8.8 millones de dólares, pero aún está en prisión preventiva por
defraudación fiscal.
14. En aquella fotografía de
2012 con Peña Nieto también aparece el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre,
quien dejó la entidad en medio del escándalo provocado por la inseguridad
pública, la corrupción y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Aguirre buscó al PRD en 2010
para contender por la gubernatura tras perder la nominación priista (cargo que
ocuparía por segunda vez, pues de 1996 a 1999 se desempeñó como gobernador
interino). Siempre tuvo el apoyo de Peña Nieto y del grupo del Estado de México
para ganar en una entidad que el perredismo había gobernado durante más de una
década, en medio del crecimiento exponencial de la doble espiral de violencia
generada por el crimen organizado y los grupos disidentes, así como la fuerte
presencia del Ejército.
Éste es el panorama a casi seis
años de distancia. Nunca como en este periodo toda una generación de
exgobernadores priistas había sido acusada y señalada de tantos delitos, como
peculado, lavado de dinero, desvío de fondos públicos, quebrantos multimillonarios
al erario En la mayoría de los casos no hubo ninguna acción por parte de la
Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Gobernación, las cuales debieron
haber alertado del enorme daño que causarían en las entidades.
En este periodo se agudizó una
tendencia marcada en 2000, con la llegada de los gobiernos de alternancia entre
el PRI, PAN y, en menor grado, PRD: a mayor incertidumbre de permanencia de los
partidos en un gobierno estatal, mayor grado de corrupción y de descaro en las
formas de peculado y triangulación de fondos.
Un recuento publicado por el
periódico Reforma el 11 de febrero de 2018 dio cuenta que de 2000 a 2017 uno de
cada 10 gobernadores ha sido acusado de desvío de recursos o de formar parte de
redes de cleptocracia en sus estados. De 129 mandatarios en estos 17 años, 11
gobernadores imputados son del PRI, dos del PAN y uno exgobernador de
coalición, el de Chiapas, Pablo Salazar. Tan sólo en el sexenio de Peña Nieto,
nueve de estos exgobernadores del PRI, incluyendo a dos interinos, fueron
acusados por desfalco, desempeño irregular en la función pública y presuntos
vínculos con el crimen organizado.
Con Peña Nieto se dio el auge y
caída del fenómeno de los “virreyes” priistas. Es decir, lo que fue el
“sindicato de gobernadores” formado desde el zedillismo para protegerse,
apoyarse y “tomar por asalto” la Presidencia de la República en 2012, amparados
por el grupo político más fuerte, con mayor volumen de recursos y operadores
electorales en el país: el Grupo Atlacomulco.
Peña Nieto cobijó, protegió y
fue cómplice de la mayoría de estos casos por una razón evidente: él también
fue el resultado de un pacto de impunidad con su antecesor, el exgobernador
Arturo Montiel, cuya aspiración a la candidatura presidencial de 2006 se
estrelló con los expedientes de sus propiedades inmobiliarias, la vinculación
de sus hijos con redes de corrupción y miles de millones de pesos desviados.
Montiel cumplió con dejar a
Peña Nieto al frente del gobierno del Estado de México y éste nunca emprendió
una investigación seria en contra de él. Sólo se cuidó mediáticamente de no
aparecer más junto con su tutor y pariente en lejano grado.
Como un sexenio antes lo
hiciera Montiel con otros exgobernadores priistas como Tomás Yarrington
(Tamaulipas), Manuel Ángel Núñez Soto (Hidalgo), Enrique Martínez y Martínez
(Coahuila), Fidel Herrera (Veracruz) y Natividad González Parás (Nuevo León),
también Peña Nieto tejió su propia “red de apoyos” con los gobernadores
priistas que llegaron junto con él. La complicidad fue muy básica: a cambio del
desvío de recursos para su campaña presidencial en 2012, el gobierno mexiquense
de Peña Nieto apoyó e “invirtió” (por supuesto, con dinero público o
triangulado) en las operaciones político-electorales de varias entidades. Una
operación que se realizó frente a las narices del gobierno panista de Felipe
Calderón, y que no se hizo nada para frenarla, sobre todo después de las
elecciones federales de 2009 y de los comicios estatales de 2010.
Ese modelo creó a los
“virreyes” o “señores feudales” de cada entidad que alcanzaron su máximo poder
e impunidad durante los sexenios panistas, pero que se quebró en el peñismo.
Sirvió para recuperar la Presidencia de la República en 2012, pero se fue
derrumbando periféricamente por las mismas razones que derivaron en sus
derrotas electorales: la escandalosa impunidad y corrupción que le costará al
país y a cada una de las entidades más de una década para que sean resarcidas.
Estos fragmentos del libro Cleptocracia escrito por Jenaro
Villamil se publicaron el 13 de mayo de 2018 en la edición 2167 de la revista
Proceso.
