Rafael Moreno Valle, gobernador de
Puebla. Foto: Miguel Dimayuga
POR GABRIELA HERNÁNDEZ , 29 ENERO,
2017
PUEBLA, Pue. (proceso.com.mx).- Este miércoles 1 de febrero Rafael Moreno
Valle dejará de ser gobernador y, a partir del día 10 –ya lo anunció– se
dedicará “en cuerpo y alma” a buscar ser el candidato presidencial del PAN.
Según Moreno Valle, los
resultados cosechados en su sexenio dan sustento a sus aspiraciones y, a la
vez, ventaja sobre sus posibles adversarios al interior de su partido.
Sin
embargo, académicos, periodistas, activistas y organizaciones sociales
advierten que la supuesta transformación de Puebla no es más que un entramado
publicitario que el gobernador armó a lo largo de su administración, con un
costo millonario y que no tuvo otro objetivo que sustentar su sueño
presidencial.
Los analistas incluso han llevado
a cabo foros ciudadanos en los que han puesto en evidencia el estilo de
gobernar de Moreno Valle: “Adicto a las escenografías”, “intolerante a la
crítica y a movilización social”, “represor”, “persecutor”, “opaco”,
“totalitario”. “Un riesgo para el país”, resumen.
En principio, los participantes
en dichos foros han sostenido que el principal logro que enarbola Moreno Valle,
en el sentido de que toda la obra de su sexenio la hizo “sin pedir un solo peso
prestado”, es una “gran mentira”, pues al concluir su gobierno dejará a la
entidad con la mayor deuda pública en la historia del país.
Los compromisos a pagar en las
próximas tres décadas superan los 85 mil millones de pesos, casi el triple de
la deuda que dejó el priista Humberto Moreira en Coahuila.
Los analistas destacan además que
durante el periodo gubernamental del panista, la población que vive en pobreza
en Puebla no sólo no se redujo, sino que se incrementó en 3%.
Por si fuera poco, en el sexenio
que concluye hubo retrocesos graves en aspectos fundamentales como la
gobernabilidad, la seguridad pública, el equilibrio de poderes, la
transparencia y el respeto a los derechos humanos.
En especial, destacan que la
presencia del crimen organizado se disparó en Puebla durante el sexenio
morenovallista, teniendo su mayor foco rojo en la zona conocida como el
“corredor del huachicol”, que abarca más de 20 municipios.
En los últimos seis años la
detección de tomas clandestinas de robo de combustible a Pemex se incrementó en
más de 2 mil%, para colocarla como la entidad con mayor incidencia de este tipo
de delitos en el país.
Juan Luis Hernández Avendaño, director
del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana-Puebla,
asegura que Moreno Valle “echó por la borda” el bono democrático que ganó en
2011, cuando por primera vez un partido distinto al PRI llegó al poder en la
entidad.
“Moreno Valle ganó la gubernatura
con una esperanza de cambio que despertó entre los poblanos, pero fue un
gobierno que repitió los mismos cánones represivos (de 80 años de gobiernos
priistas) y quizá en su momento hasta los radicalizó”, señala.
El de Moreno Valle, agrega, fue
un gobierno sin contrapesos. “Y cualquier gobierno sin contrapesos es un mal
gobierno por definición”, puntualiza Hernández Avendaño.
También recuerda que la alianza
que formaron en ese momento PAN y PRD, partidos con ideologías opuestas, se
justificó para derrotar al autoritarismo priista. “Y lo que tuvimos como
resultado de seis años es un gobierno esencialmente autoritario y represor”,
sostiene. “¿Cómo justifican a estas alturas, con este resultado, esa alianza el
PAN y el PRD?”, cuestiona el académico.
Más aún, indica que el mandatario
poblano se caracterizó durante los últimos años de su gestión por tener una
relación muy cercana con el presidente priista Enrique Peña Nieto, con un PRI
que a nivel local se mostró totalmente domesticado, fuerza política que nunca
actuó como oposición.
“Moreno Valle es en realidad el
mejor candidato del PRI a la Presidencia de la República, no del PAN”, ironiza
Hernández Avendaño, quien considera que el político poblano se inscribió en el
conjunto de mandatarios que gobernaron “como si fueran los dueños feudales”.
“En Puebla persistió el enclave
autoritario que había con el PRI, lo que tuvimos fue una alternancia sin
alternativa democrática, sin transparencia, ni bienestar y perpetuando la
corrupción”.
“Fue una alternancia”, añade,
“para construir una candidatura presidencial y por eso prácticamente todas las
obras fueron resultado de una necesidad, no de las necesidades de la sociedad.
Las obras, la inversión, la propaganda, el gobierno en su conjunto obedeció a
un único propósito: una candidatura presidencial”.
Deuda millonaria
El académico Eudoxio Morales ha
documentado que aunque Moreno Valle sólo ha reportado a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) adeudos por 8 mil 608 millones de pesos,
existen otros compromisos financieros que dejará el mandatario y que superan
los 75 mil millones.
Se trata de decretos que fueron
aprobados al inicio de su gobierno y obra que fue contratada bajo los esquemas
de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y por Asociaciones
Público-Privadas (APP) que, aunque no son clasificados como deuda, obligan al
gobierno de Puebla a pagar anualmente más de 3 mil millones de pesos a las
empresas que llevaron a cabo esos proyectos.
Bajo el esquema de PPS, el
gobierno de Moreno Valle construyó el Centro Integral de Servicios (CIS), el
Museo Internacional del Barroco y la planta armadora de automóviles Audi, que
suman pasivos por 22 mil 476 millones de pesos.
Para el pago de estos contratos, el gobierno creó el fideicomiso
0144 firmado con la empresa Evercore, propiedad del exsecretario de Hacienda,
Pedro Aspe Armella, que sólo se hizo público hasta que el diario Reforma obtuvo una copia del
contrato.
Con el esquema de APP, el
gobierno de Moreno Valle participó en la construcción del segundo piso de la
Autopista Puebla-México; la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan; la rueda de
observación Estrella de Puebla; el Parque del Paseo del Teleférico; el edificio
de la Fiscalía General, y el alumbrado ecológico de seis municipios.
Estas obras se anunciaron con un
costo total de 8 mil 214 millones de pesos, pero que al pagarse a largo plazo
con el esquema de mensualidades, implicarían una erogación de más de 30 mil
millones, de acuerdo con Morales, quien es investigador de tiempo completo de
la Facultad de Economía de la UAP.
Igual Miguel Reyes Hernández,
presidente del Observatorio de Salarios, observa que las “obras faraónicas de
infraestructura” realizadas en el sexenio que termina “no necesariamente
impactaron en la mayor parte de la población”.
Ejemplo de ello, expone, es que
de acuerdo con cifras oficiales, a inicios del sexenio la población más pobre
de la entidad gastaba 7% de su ingreso en transporte, cifra que se incrementó a
14% al concluir la administración.
“Esto”, menciona, “se debe a la
mala planeación del transporte, como el caso de Ruta –metrobús construido en el
actual sexenio– que no ha funcionado y que ha encarecido el costo de
transportación de los pobladores”.
“Los beneficios de esas obras no
fueron para los pobres sino para las grandes empresas que las llevaron a cabo”,
agrega.
De hecho, sostiene que de acuerdo
con cifras del Coneval, la población en pobreza multidimensional pasó de 61.5%
en 2010 a 64.5% en 2014, es decir, aumentó 3%.
El académico detalla que los
indicadores que Moreno Valle destaca como logros en cuanto a salud y vivienda y
servicios básicos, se lograron con base en el Fondo Federal de Infraestructura
Social para los Municipios, que el mandatario poblano acaparó en vez de
trasferir a éstos esos recursos.
“En todos los demás indicadores
de pobreza, Puebla sigue por encima del promedio nacional”, precisa, ya que “es
el segundo estado más desigual del país, pues Moreno Valle lo recibe, en un
cuarto sitio, lo termina como el segundo”.
A la par que se dedicaron
presupuestos limitados para la pequeña y mediana empresa, así como para el
campo, el gobierno panista canalizó cantidades millonarias a la industria
automotriz, y especialmente para la instalación de Audi, empresa a la que
incluso la administración morenovallista le construyó una virtual ciudad.
“Las desigualdades en Puebla son
brutales y este gobierno no las zanjó, sino que vivió solamente de la
propaganda mediática y, desde nuestra perspectiva, sería un desastre si pudiera
tener más posibilidades hacia el futuro”, advierte Reyes.
En igual sentido opinó Miguel
Calderón Chelius, coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas y
Administración Pública de la Ibero-Puebla, quien considera que los supuestos
logros del gobierno de Moreno Valle se basan sólo en la “simulación”.
“A este gobierno se le puede
caracterizar como un gobierno adicto a las escenografías y cuya estrategia se
basó en la simulación de los diversos indicadores sociales, económicos y
políticos”, expresa el catedrático.
Luego indica que en ese sentido
durante todo el sexenio se buscó llevar a cabo obras de infraestructura que
dieran la apariencia de modernidad y progreso, sobre todo en la ciudad de
Puebla y particularmente en la zona Angelópolis, en donde se hicieron puentes,
ciclovías y museos.
Además, expone que en la búsqueda
del control político absoluto del estado, el gobierno morenovallista hizo un
daño “profundo” a la dinámica política de la entidad.
A su paso, refiere, Moreno Valle
dejó un desdibujamiento de los partidos políticos, donde prácticamente la mayor
parte de los políticos del estado tienen un comportamiento que hace indiferente
el partido al que pertenezcan.
“En el caso de Moreno Valle sería
indistinto que él compitiera por el PAN, por el PRD o por el PRI, del cual es
originario”.
También destaca que durante los
seis años de su gestión, el panista configuró un escenario para construir una
candidatura a la Presidencia, y basó su discurso en supuestos cambios profundos
en la sociedad poblana sin presuntamente incurrir en algún tipo de
endeudamiento.
“Esto es falso, los recursos del
Estado están comprometidos por los próximos 30 años, y esto va tener efectos
notables en los próximos gobiernos”, alerta.
Gobierno opaco
La Asociación Mexicana de Derecho
a la Información (Amedi) acusa que el gobierno de Moreno Valle se caracterizó
por negarse a transparentar su actuación, pese a que fue uno de sus principales
promesas de campaña.
En seis años, el gobierno poblano
firmó más de 100 acuerdos de reserva de información –más de uno por mes–, con
lo que bloqueó el escrutinio ciudadano en el caso de expedientes de
adjudicación y ejecución de obra pública y de los Proyectos de Prestación de
Servicios, entre otros.
Además, denuncia, el gobierno se
negó a regular el millonario gasto en publicidad oficial, el cual habría sumado
alrededor de 900 millones de pesos en sólo seis años.
El organismo observa que el
gobierno instrumentó estrategias para bloquear el acceso a la información con
prácticas que buscaron desincentivar a los solicitantes, como la reserva
generalizada, el arbitrario cambio en la modalidad de entrega de la información
y la negación del gobierno a eliminar la ratificación del recurso de revisión.
Aparte, la Amedi manifiesta que
la Comisión de Acceso a la Información (Caip), que Moreno Valle propuso durante
su campaña ciudadanizar, fue “capturada y controlada” por el morenovallismo con
la anuencia del Congreso.
Represión y presos políticos
Ana
Rosa Zilli Coronado, integrante del Comité por la Libertad de los Presos
Políticos y contra la Represión Social en Puebla, relata que al final de la
gestión morenovallista aún se encuentran en prisión seis personas que son
consideradas presos políticos.
Cuatro
de ellos son integrantes de la agrupación de vendedores y ambulantes 28 de
Octubre, un mototaxista y el exfuncionario del gobierno de Mario Marín,
Francisco Castillo Montemayor, quien fue procesado luego de que criticó obras
del parque Flor del Bosque llevadas a cabo por Moreno Valle.
En
total se han documentado 302 personas perseguidas, contra quienes se giraron
órdenes de aprehensión o se iniciaron procesos jurídicos y que reúnen
condiciones para ser consideradas presos políticos.
“El
número de casos evidencia la función policiaca que ha mantenido la presente
administración estatal, la cual tiene la capacidad para violentar a sus
ciudadanos a través del daño a su patrimonio personal, comunal e histórico”,
detalla Zilli Coronado.
Ello,
agrega, quedó demostrado en las detenciones de mototaxistas, concesionarios de
la Ruta 2, y los integrantes de la 28 de Octubre; la muerte del nonagenario
Delfino Flores Melga en prisión; la resistencia de los pobladores cholultecas
defensores de su patrimonio, y el encarcelamiento de presidentes de Juntas
Auxiliares.
Igual
refiere el caso de los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, los
afectados por el Gasoducto Morelos, los estudiantes de la Universidad Autónoma
de Puebla y los pobladores de Cacalotepec que protestaron por el servicio del
metrobús, quienes fueron a parar a la cárcel tras participar en protestas.
Eduardo
Morales, del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero,
informa que de 26 conflictos socio-ambientales que se tienen detectados en
Puebla, que implican defensa del territorio y de los recursos naturales por
parte de poblaciones rurales e indígenas, al menos 24 se suscitaron durante
este gobierno que fenece el martes 31.
Con
Moreno Valle se multiplicaron los llamados “proyectos de muerte” en territorio
poblano, donde el mandatario utilizó todo su poder para favorecer el despojo y
buscar someter a las comunidades para permitieran las obras.
Morales
menciona que esto provocó conflicto y trastocó la vida de las comunidades afectadas.
El
periodista Ernesto Aroche señala que en este mismo escenario los delitos de
alto impacto, como son el secuestro y robo con violencia, se duplicaron durante
el sexenio.
El
robo de combustible se disparó en más de 2 mil%, a la vez que se presentaron en
Puebla hechos de violencia que hasta hace pocos años no se veían, como las
balaceras y la desaparición de cuerpos con ácido.
fuente: proceso
