XALAPA, VER.— En una controvertida sesión extraordinaria, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó el desafuero de los alcaldes de oposición Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván, ambos militantes del partido Movimiento Ciudadano (MC).
La resolución ha encendido las alarmas entre diversos sectores políticos y sociales de la entidad, quienes acusan una presunta pérdida de la división de poderes y una subordinación del Legislativo ante el Poder Ejecutivo estatal. Críticos del dictamen señalaron que la votación se realizó de forma expedita y sin un debate profundo, funcionando prácticamente como un trámite administrativo para entregar a los ediles a la Fiscalía General del Estado.
Representantes de la oposición calificaron la medida como una "cacería política" y un uso selectivo de la justicia para amedrentar a los municipios que no comulgan con el gobierno en turno. Advirtieron que este precedente vulnera la voluntad ciudadana expresada en las urnas y debilita la democracia en Veracruz, desviando la atención de problemas prioritarios como la inseguridad y el rezago en infraestructura.
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