Historia de Erick Moctezuma, María Cabadas
La organización Artículo 19 rechazó la lista que presentó recientemente la consejera jurídica del ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, en donde exhibió nombres de periodistas y opositores que supuestamente encabezan un esquema digital de amplificación de mensajes en contra del gobierno y del movimiento de la llamada Cuarta Transformación.
En un pronunciamiento, la asociación civil expresó su preocupación por el uso que se le da al espacio denominado “Derecho de Réplica”, debido a que, dijo, contraviene estándares internacionales en materia de libertad de expresión y de acceso a la información.
La organización señaló que el pasado 12 de agosto la consejera presentó un análisis sobre una supuesta “red de amplificación digital”, en el que incluyó listas de periodistas, comentaristas, analistas políticos, opositores y presuntas cuentas anónimas, además de señalar que la red estaría “bien coordinada”.
En un comunicado, cuestionó que la CJEF no haya explicado la metodología técnica ni los criterios utilizados para sustentar la existencia de una acción organizada entre las cuentas señaladas y advirtió que este tipo de ejercicios puede contravenir los estándares internacionales de libertad de expresión y acceso a la información.
Además, advirtió que esto plantea serios cuestionamientos sobre la constitucionalidad del uso de recursos públicos y las funciones que el propio Estado mexicano se atribuye.
Advirtió además que señalar públicamente a periodistas puede generar un clima de hostilidad e intolerancia hacia el gremio y provocar efectos inhibitorios, como que periodistas o ciudadanos se abstengan de participar en el debate público por temor a ser exhibidos o acosados.
Afirmó que en las últimas 48 horas aumentaron los mensajes intimidantes contra periodistas y medios incluidos en las listas difundidas, con etiquetas como #PrensaVendida, #ChayoteroMercenario y #MediosSicarios, en las que se les acusa de recibir beneficios económicos o instrucciones de gobiernos extranjeros.
Aunque Luisa Alcalde rechazó que exista una “lista negra” de críticos del gobierno, Artículo 19 señaló que la consejería jurídica estaría extralimitándose de sus funciones al estigmatizar la labor periodística y generar violencia digital hacia la prensa.
Esto, alertó, podría generar hostigamientos, intimidaciones e incluso amenazas en redes sociales contra periodistas y medios de comunicación, bajo señalamientos de “estar pagados por la derecha” o de “recibir instrucciones de gobiernos extranjeros”.
Por eso, rechazó que desde el poder se denuncie una presunta red digital para impulsar narrativas sin mostrar evidencia ni datos técnicos para sustentar dicha presunción, lo que contribuye a generar más desinformación en lugar de combatirla.
“El monitoreo de redes sociales presentado por la Consejería Jurídica de la Presidencia es contrario a la garantía y protección de la libertad de expresión, ya que implica utilizar recursos y capacidades institucionales para seleccionar, clasificar y señalar a medios de comunicación y periodistas cuyos contenidos resultan críticos, incómodos o chocantes para el gobierno”, apuntó.
Artículo 19
lamentó que acciones como esta se alejan de los objetivos asociados con una
sociedad democrática y pueden convertirse en instrumentos que generen efectos
de autocensura.
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