La Jornada, 28 de enero, 2019
Por: John M. Ackerman (@JohnMAckerman)
Solamente una persona totalmente desubicada podría creer el
cuento fantasioso de que la intervención extranjera en Venezuela sea para
favorecer la democracia o defender los derechos humanos. La imposición por los
Estados Unidos de Juan Guaidó como “presidente interino” responde
exclusivamente a intereses políticos y económicos.
El Reino de Arabia Saudita es una monarquía hereditaria y
confesional que viola constantemente los derechos humanos de las mujeres y los
periodistas, pero goza del apoyo irrestricto de Washington y los poderes
europeos. Los Estados Unidos son gobernados hoy por un señor que recibió 3
millones de votos menos que su contrincante en las últimas elecciones y viola
constantemente los derechos de los migrantes, pero nadie aboga por el desconocimiento
de su gobierno por la comunidad internacional.
De acuerdo con el Energy Information Administration, con 302
mil millones de barriles Venezuela hoy cuenta con las reservas probadas de
petróleo más grandes del mundo, más que Arabia Saudita, Rusia o Irán. En un
contexto global cada vez más competitivo y multilateral, Washington está
desesperado por recuperar el control sobre su “patio trasero” que había sido
amenazado con la llegada de gobiernos progresistas en la región.
Refinería en Venezuela. Foto: Especial
En Brasil, se logró encarcelar a Luis Ignacio Lula de Silva e
imponer al neofascista de Jair Bolsonaro. En Ecuador, Lenin Moreno fue cooptado
para traicionar el legado de Rafael Correa. En Argentina, se maniobró para
lograr la victoria del ultra-neoliberal Mauricio Macri. Y hoy se recurre a un
golpe de Estado blando para sacar a Nicolás Maduro.
Maduro recibió 6 millones de votos, 67% de la votación, en
las elecciones del 20 de mayo de 2018, aplastando al segundo lugar, Henri
Falcón, por casi 47 puntos porcentuales. Compitieron cuatro candidatos y
participó 46% del padrón electoral. La elección fue organizada por el Consejo
Nacional Electoral aplicando los estándares internacionales más avanzados en la
materia. Aquella fue la segunda elección presidencial ganada por Maduro. En
2013, también salió victorioso, con 7.5 millones de votos, en una elección
sumamente competida contra Henrique Capriles.
Al autoproclamarse “presidente interino”, el parlamentario
Guaidó comete el delito de usurpación de funciones. Y al recibir un apoyo
millonario del gobierno de los Estados Unidos, supuestamente para “programas
humanitarias”, también incurriría en el delito de traición a la patria.
Washington también planea entregarle a Guaidó el control sobre las cuentas
bancarias de la empresa petrolera estatal CITGO para financiar su golpe de
Estado.
El autoproclamado Presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Foto:
Especial
Es como si Bernie Sanders se autoproclamara Presidente de los
Estados Unidos y recibiera un financiamiento multimillonario de China para
comprar armas y lealtades. ¿O qué tal si el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador de repente confiscara los bienes del Banco Santander o de la petrolera
Repsol y los entregara a Pablo Iglesias como apoyo para su lucha por una
democracia verdadera en España?
Ahora bien, el ultimátum de los viejos poderes coloniales
como Inglaterra, España, Francia y Alemania para que se convoquen a la brevedad
nuevas elecciones en Venezuela no tiene lógica dentro de los sistemas políticos
presidenciales que rigen en las Américas. En nuestro continente, ni el poder
legislativo ni los partidos de la oposición están facultados para desconocer
unilateralmente al gobierno en turno o llamar a elecciones anticipadas.
Este tipo de acción sólo tiene sentido dentro de los sistemas
parlamentarios de Europa, donde es común anticipar elecciones para salir al
paso de las crisis políticas. Así que al querer forzar a Venezuela a asumir la
lógica de un sistema político ajeno, la intervención de Emmanuel Macron, Angela
Merkel, Pedro Sánchez y Teresa May resulta ser igual de agresiva y extralegal
que la de Donald Trump.
El Presidente de Venezuela, Nicolás maduro. Foto: Especial
Además, Venezuela ya ha recurrido sistemáticamente al
mecanismo de elecciones anticipadas, al celebrar una Asamblea Nacional
Constituyente en 2017 y adelantar las elecciones presidenciales de 2018 como
resultado de las negociaciones celebradas con la oposición en la República
Dominicana.
La digna posición de los gobiernos de México y de Uruguay
implica una voz de cordura y de legalidad en la coyuntura actual. La Doctrina
Estrada se desarrolló precisamente con el fin de defender la soberanía de los
pueblos del sur frente a los embates imperialistas del norte, algo hoy más
vigente y necesario que nunca.
Si los mexicanos no hubiéramos derrotado en las urnas al
viejo régimen autoritario el pasado 1 de julio de 2018, el gobierno mexicano
hoy estaría encabezando la intervención dictatorial en Venezuela. La Cuarta
Transformación no solamente implica un respiro de aire fresco para la
democracia mexicana sino también empieza a rendir frutos a favor de la libertad
y la independencia de los pueblos del mundo.
John M. Ackerman
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM. Escritor y activista. Doctor en Sociología Política y Doctor en Derecho
Constitucional
