"Nunca me dijeron que era un experimento y
que se lo estaban poniendo. Nada, nunca me dijeron nada", cuenta Juan
Manuel Armenta, esposo de una paciente afectada.
En México, el Instituto Nacional de
Neurología y Neurocirugía está acusado de practicar experimentos en humanos que
sufren hidrocefalia. Aproximadamente a 500 personas se les colocó un implante
en el cerebro en fase experimental. Debido a que no existió consentimiento por
parte de los pacientes, los demandantes han considerado el caso como un
crimen de lesa humanidad. Sin embargo, el hospital lo niega y
asegura que las denuncias son falsas.
Los datos se conocen después de las pesquisas del doctor Rodolfo
Ondarza, quien se percató mientras trabajaba en el Instituto de que a
pacientes con hidrocefalia se les había colocado un implante cerebral en
fase experimental: el denominado 'sistema de derivación ventrículo-peritoneal
de flujo continuo', que fue creado por el exdirector del centro y doctor Julio
Sotelo. Él ha denunciado estos casos y, por ello, dice que fue amenazado
de muerte y sufrió una tentativa de homicidio.
"Nunca me dijeron nada"
Según Ondarza, Sotelo patentó el dispositivo sin investigación
previa en animales y lo colocó en humanos sin carta de consentimiento firmada
por los pacientes intervenidos. "Nunca me asistieron ni me dijeron que era
un experimento y que se lo estaban poniendo. Nada, nunca me dijeron nada",
cuenta a RT Juan Manuel Armenta, esposo de una paciente afectada.
Armenta asegura que a Yolanda, su
mujer, le colocaron el implante del doctor Sotelo y relata que, desde entonces,
ha sufrido un grave deterioro físico y mental, cambiando su vida para siempre.
"Todos los días tengo fuertes dolores de cabeza. Hay días que tengo mucha
depresión, pero le hecho ganas. Pero hay días que me quiero mejor morir",
dice entre lagrimas Yolanda, quien tiene que dormir semisentada para que el
implante funcione. Antes era deportista, pero ahora dificilmente puede caminar
o articular palabras.
Experimento impune
En cuanto a
su deseo, Yolanda lo tiene claro: "Quiero una vida mejor y que paguen
el delito que hicieron". En palabras de los afectados y quienes los
apoyan, existen pruebas que el caso fue documentado por diferentes organismos,
como la Procuraduría General de la República (PGR), pero nadie denunció los hechos.
"Este
es un dictamen de la PGR y este otro es un dictamen pericial de la Secretaría
de la Función Pública a través del órgano interno de control del mismo
Instituto Nacional de Neurología", cuenta Ondarza mostrando los
documentos. "En ambos está muy claro que existe mal praxis médica y que
este es un experimento que jamás debió llevarse a cabo en seres humanos",
añade.
Por su parte, el doctor Julio
Sotelo, hizo llegar a RT una carta en la cual afirma que ninguno de los pacientes referidos
formó parte de la investigación original, puesto que
fueron atendidos varios años después. Y , desde hace diez años, los
transcurridos cuando Ondarza fue cesado del Instituto, ha buscado pacientes en
estado grave para animarlos a demandar a médicos y autoridades. Además
sustenta que en la investigación participaron 32 enfermos y que los resultados
fueron detallados en una publicación médica de reconocimiento mundial.
