Gabriela Gutiérrez Diciembre 31, 2020
Usted quizá no lo sepa, pero hay reos en este
país que cuestan más al día que el salario diario del presidente. Sí. Usted
quizá no lo sepa, pero ese dinero no se destina a mejoras de seguridad, a
prevención del delito o a readaptación social. Va a parar a algunos de los
bolsillos más robustos de este país, como los de Carlos Slim y Olegario Vázquez
Raña.
Usted quizá no lo sepa, pero quien fraguó esos
contratos, que hasta la fecha nos han costado alrededor de 70,000 millones de
pesos, fue Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de Felipe
Calderón Hinojosa (2006-2012), quien hoy está siendo juzgado en una Corte de
Nueva York, acusado de haber dado protección al Cártel de Sinaloa.
Usted quizá no lo sepa, pero cuando anunciaron
que se construirían esos ocho nuevos penales fue porque Calderón pensaba que
iba a apresar a todos los delincuentes de este país y que entonces, las nueve
cárceles federales existentes en ese 2010 no se darían abasto. Si realmente lo
creyó, qué ingenuo, pero si no lo creía y solo lo dijo, qué corrupto.
Entonces, necesitaba de la ayuda de empresarios
para construir y manejar las cárceles, bajo la lógica de que la iniciativa
privada es más eficiente que el gobierno. Solo que en este caso, le importó
poco menos que un pepino, que ninguno de esos empresarios tuviera experiencia
en operar cárceles, porque, claro, hasta ese momento, en México no existían las
cárceles privadas.
Tampoco reparó que las empresas tienen un fin
lucrativo –tener ganancias–, el cual estaría por encima del objetivo de una
cárcel, que es la readaptación social, a través de programas bien diseñados y
seguimiento puntual.
Pero no. Las ocho cárceles privadas no son ni
más efectivas, ni están mejor equipadas, ni se les ofrecen a los internos e
internas mejores opciones para salir y no delinquir, como Cuestione ha
informado en Cárceles, un negocio multimillonario en manos de Slim y Vázquez
Raña (en 2019) y AMLO aumenta pagos a las cárceles concesionadas de Calderón
(en 2020).
Y no solo eso, Calderón y García Luna, incluso,
reservaron la información de esos contratos por 12 años (el plazo máximo de
reserva), bajo el argumento de que se trataba de información de seguridad
nacional. Sin embargo, Cuestione logró demostrar que la información comercial
de los contratos (montos de pagos, características del servicio, incluso
nombres oficiales de las empresas) eran de interés público y pudo acceder a
versiones públicas de los mismos, gracias al fallo del Instituto Nacional de
Información Pública y Datos Personales (INAI).
¿Y AMLO?
Calderón quería inaugurar las cárceles privadas
que mandó a hacer y aunque la idea era que se tardaran dos años en construir,
solo alcanzó a inaugurar dos antes de terminar su mandato, el Cefereso No.
11(Sonora) y el No. 12 (Guanajuato), ambos en octubre de 2012. Con él estuvo
García Luna.
Llegó la administración de Enrique Peña Nieto,
que no le movió un pelo a los contratos ni a los pagos a los empresarios. Y
continuó la que actualmente encabeza Andrés Manuel López Obrador desde hace dos
años.
El actual presidente dijo esta semana que esos
contratos se revisarán, pero ¿cuándo? Canceló el Nuevo Aeropuerto Internacional
de México (NAIM) casi de un plumazo y estos contratos que cuestan, en promedio,
15,000 millones de pesos cada año siguen intactos, e incluso, en 2019 fue
cuando más dinero recibieron (17,558 mdp).
Dos años. 14 meses. Más de 750 días han pasado
con el actual gobierno y esos contratos siguen sin ser revisados. Y lejos de
pensar en una renegociación, se sumó un jugador, el fondo de inversión
estadounidense BlackRock, cuyo presidente, Larry Fink, ha sido un aliado
cercano con López Obrador para tejer su relación con Estados Unidos.
Justo hace un año, cuando me encontraba
reporteando la primera entrega de nuestra investigación, tuve una breve
conversación con el entonces director de Prevención y Readaptación Social
(PyRS), Francisco Garduño, quien desde entonces dijo que los contratos se
revisarían.
Lo mandaron después a dirigir el Instituto
Nacional de Migración y no lo hizo. En este año pedí entrevista con José Ángel
Ávila Pérez, el actual director de PyRS, y me dejó en visto. ¿Realmente hay
interés en traer luz y revisar estos contratos?
Mientras tanto, las que han ido cayendo como
fichas de dominó son las cárceles federales que son manejadas por el gobierno,
que cuestan una quinta parte que las privadas. En total, cuatro Centros
Federales de Readaptación Social (Cefereso) que han dejado de operar
oficialmente en los últimos cuatro meses de este año: los de Jalisco, Tabasco,
Tamaulipas y Chihuahua.
Con excepción del de Tamaulipas, que no tenía
internos desde 2016, por estar en “mantenimiento preventivo y correctivo”,
entre los demás Ceferesos manejaban una población de casi 1,800 internos, que
debieron ser trasladados, en muchos casos, alejándolos de sus familiares, lo
cual va en contra de los derechos de las personas en reclusión.
A éstos, habría que sumar los 624 que fueron
trasladados o preliberados del penal de Islas Marías, que dejó de operar en
marzo de 2019.
Así es: pareciera que el gobierno federal
cierra cárceles manejadas por él mismo, que tienen igual o mejores resultados
que las públicas y cuestan menos dinero, mientras que las privadas continúan
operando y continuarán, si todo sigue igual, hasta la siguiente década.
https://cuestione.com/opinion/carceles-negocio-gobierno-slim-vazquez-ganancias/
