Por Sugeyry Romina
Gándara
@RomiinaGandara Twitter
SinEmbargo
noviembre 19, 2020
Casos como la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Calera y masacres como
Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán dejaron huella en el sexenio de Enrique Peña
Nieto. En la mayoría de ellos se ha documentado la participación del Ejército,
que durante los seis años del Gobierno federal a cargo del priista mexiquense
estuvo al mando del General Salvador Cienfuegos Zepeda.
El Ejército tiene una
cofradía de élite que “dobló” a AMLO por caso Cienfuegos: General Gallardo
Ciudad de México, 19 de
noviembre (SinEmbargo).- Víctimas y organizaciones defensoras de derechos
humanos exigieron que el General Salvador Cienfuegos Zepeda sea investigado,
procesado y enjuiciado por su responsabilidad en graves violaciones a derechos
humanos cometidas por el Ejército cuando estaba a cargo de dos regiones
militares durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y, luego, cuando
estuvo al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la
administración de Enrique Peña Nieto.
El General Cienfuegos
Zepeda fue entregado a México para ser investigado, después de que la Jueza de
la Corte del Distrito Este de Nueva York, Carol Bagley Amon, concedió a los
fiscales de Estados Unidos desestimar los cargos por narcotráfico y lavado de
dinero.
A pesar que el
Canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubón dijo que la decisión tomada por el
Departamento de Justicia de Estados Unidos “no es un camino a la impunidad”, el
General no fue detenido. A su arribo a México, a las 18:48 horas de ayer,
Cienfuegos Zepeda solo fue llevado a una sala privada en las oficinas del
hangar de la FGR donde le realizaron un dictamen pericial médico y le
informaron que ya es investigado en el país; luego el mando militar se retiró
de las instalaciones ubicadas en Toluca, Estado de México, a las 19:12 horas.
La liberación del
extitular de la Sedena generó indignación principalmente entre víctimas de
violaciones a sus derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil,
quienes consideraron que este hecho demuestra que la Fiscalía no tiene ningún
caso e investigación sólida en su contra.
Vidulfo Rosales,
abogado del caso Ayotzinapa, dijo que era de esperarse que Cienfuegos no sería
consignado, pues no había quedado claro bajo qué figura podría ser procesado en
México.
“Para nosotros es un
hecho lamentable. Ahí se corrobora que hubo un acuerdo político para el retiro
de cargos y ahora su liberación. Esto es una muestra de cómo el Gobierno
intervino para negociar su liberación”, expresó el defensor de derechos
humanos.
El Departamento de
Justicia de EU desestimó los cargos penales contra el General Salvador
Cienfuegos Zepeda, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional del
Gobierno de Enrique Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro.
Cuatro generales, un
soldado y un cabo declararon por Tlatlaya y la Fiscalía cerró el caso: El País
Lucía Chávez Vargas,
directora de Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
los Derechos Humanos (CMDPDH), organización civil que desde sexenios anteriores
ha documentado y denunciado graves violaciones a los derechos humanos, señaló
que el General Cienfuegos debe ser investigado no solo por los cargos que le
vinculó y ahora desestimó Estados Unidos, también por crímenes graves que
tienen que ver con tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada.
“Nosotros desde hace
varios años hemos proporcionado información a instancias internacionales y al
Gobierno mexicano sobre delitos que se cometieron durante el mandato de
Cienfuegos al frente de regiones militares y también cuando era secretario de
la Defensa Nacional. La verdad es que hay bastantes evidencias para vincular a
Cienfuegos y a otros militares que han ordenado, tolerado y ocultado estos
crímenes”, dijo la defensora a SinEmbargo.
Casos como la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Apatzingán, Calera y masacres
como Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán dejaron huella en el sexenio de Enrique
Peña Nieto. En la mayoría de ellos, se ha documentado la participación del
Ejército, en ese entonces a cargo del General Salvador Cienfuegos Zepeda.
Felipe de la Cruz,
vocero de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, recordó
que desde que Salvador Cienfuegos fue detenido en Los Ángeles, Estados Unidos,
demandaron a las autoridades mexicanas que se abriera una carpeta de
investigación en su contra por su responsabilidad como mando militar y por la
protección que dio para que no fueran investigados los elementos castrenses que
estuvieron involucrados en la desaparición forzada.
“Sorprendió al mundo
que Estados Unidos haya exonerado de cargos al General Cienfuegos, pero
esperemos que aquí en México la Fiscalía General de la República recabe todos
los elementos necesarios para que la carpeta de investigación que nosotros
exigimos se pueda abrir y judicializar. Él tiene que pagar por lo que pasó esa
noche en Iguala, porque para nosotros no está fuera de responsabilidades como
alto mando de las Fuerzas Armadas de México”, expresó en entrevista con este
diario digital.
Al menos 12 mil 338
quejas se han presentado en contra del Ejército ante la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) entre los años 2000 a 2018, de las cuales, 3 mil 311 se
registraron durante el periodo en que el General Salvador Cienfuegos Zepeda
estuvo a cargo de la Sedena.
Pero los señalamientos
no se reducen sólo a su periodo al frente del Ejército. La CMDPDH identificó
que en al menos siete casos graves de violaciones de derechos humanos –que
derivaron en recomendaciones de la CNDH en contra de la Sedena– ocurrieron
cuando el General estaba al mando de la I y la VII región militar,
respectivamente.
AYOTZINAPA
Los padres de los 43
normalistas de Ayotzinapa desde un principio han denunciado que el 27 Batallón
de Infantería participó en la desaparición de los jóvenes, pues militares de
ese regimiento habrían acudido a la comandancia de Iguala cuando los
normalistas eran atacados por integrantes de la policía.
El General Francisco
Gallardo, experto en seguridad y derechos humanos, incluso ha manifestado que
el ataque “se trató de una maniobra militar que responde a una política de
represión”.
Para los familiares de
los normalistas, la responsabilidad de Cienfuegos Zepeda recae en su posición
de alto mando al momento de los hechos, pero sobre todo porque protegió a los
elementos castrenses que participaron esa noche.
“Él [Salvador
Cienfuegos] en su momento dijo que no iba a permitir que sus muchachitos fueran
investigados, porque ellos supuestamente no hicieron nada, cuando hay evidencia
y pruebas de su participación. Por eso nuestra exigencia es que le abran una
carpeta y sea castigado conforme a su responsabilidad. Al Fiscal Gertz Manero,
como encargado de la FGR, le pedimos que haga su trabajo como debe de ser”,
insistió Felipe de La Cruz. Y añadió:
“El Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que habría ´cero
impunidades´, esperemos que cumpla con su palabra”.
Los padres de los 43
normalistas desaparecidos exigen que investiguen al General Salvador
Cienfuegos. Foto: Rebecca Blackwell, AP
Cuatro generales, un
soldado y un cabo declararon por Tlatlaya y la Fiscalía cerró el caso: El País
Vidulfo Rosales,
abogado de los padres de los 43, indicó que lo que sí es un hecho es la
negación expresa del General Salvador Cienfuegos en cuanto a la participación
del 27 Batallón de Infantería.
“Salvador Cienfuegos de
manera reiterada, por más de dos ocasiones, negó la participación de elementos
del Ejército y ahora los datos de prueba nos indican que sí hubo tal
participación y que además indican que hay personajes vinculados con la
delincuencia organizada como el Capitán José Martínez Crespo. Ahí el General
Cienfuegos solapó y encubrió”, dijo.
El abogado informó que
los padres de los 43 estaban inquietos desde la desestimación de los cargos en
Estados Unidos; temían que eso podría implicar su liberación y no se
equivocaron.
“Están preocupados. No
ven con buenos ojos lo que el Gobierno de México hizo. Tan no se ve con buenos
ojos, que el análisis de los padres es que el Ejército está dando manotazos y
están presionando al Gobierno federal para que eluda investigar a las Fuerzas
Armadas”, comentó.
TLATLAYA
En junio de 2014,
elementos del Ejército Mexicano asesinaron a 22 personas, 21 hombres y una
mujer menor de edad, en una bodega ubicada en la comunidad San Pedro Limón, en
Tlatlaya, Estado de México.
La versión oficial,
emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional, establecía que los hechos se
habían suscitado tras un enfrentamiento entre militares y presuntos
delincuentes. Además, aseguraba que supuestamente los civiles atacaron primero
a los soldados que patrullaban el lugar.
Después de la muerte de
las 22 personas, reporteros de AP visitaron y tomaron fotos de la bodega donde
fueron encontrados los cuerpos y hallaron poca evidencia de que hubiera
ocurrido un prolongado tiroteo. Había pocas marcas de disparos y ningún
casquillo.
Fue así como las
declaraciones de testigos de los hechos y la recomendación 51/2014 de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) echaron por tierra la versión
oficial del Gobierno de Peña Nieto, convirtiendo la masacre en Tlatlaya en uno
de los tantos casos de violencia que mancharon la gestión del Presidente Enrique
Peña Nieto, ahora conocida por brindar “verdades históricas”.
El caso Tlatlaya marcó
al Ejército. Foto: AP
La CNDH acredita que
elementos del Ejército torturaron a un detenido en Apatzingán, en 2014
El Centro Prodh, en
julio de 2015, luego de cumplirse un año de los hechos, hizo público un informe
donde reveló la Orden de Relevo y Designación de Mando. Dicho documento
consigna que la instrucción a los militares de la Base de Operaciones de San
Antonio del Rosario fue “abatir delincuentes en horas de oscuridad”. El
ordenamiento fue dirigido al Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez
Martínez, quien estaba cargo del personal de tropa, según el documento.
Desde entonces, el
Centro Prodh ha solicitado que los mandos jerárquicos de las tropas que
provocaron la masacre también sean investigados, pues de acuerdo con el
organismo, si la orden que motivó la intervención de la Base de Operaciones
incentivó graves violaciones a los derechos humanos, la responsabilidad de los
mandos debe de ser indagada.
Sin embargo, el caso
quedó en la impunidad. En octubre pasado, el diario español El País, informó
que cuatro generales, un soldado y un cabo declararon por el caso Tlatlaya en
este 2020, pero luego de que lo hicieron el proceso se cerró, pues no había
indicios para “ejercer acción penal” contra nadie.
APATZINGÁN
La Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) emitió en diciembre de 2018 una recomendación a la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), luego de acreditar que elementos de
dicha dependencia torturaron a una persona que fue detenida después de un
enfrentamiento armado, ocurrido el 5 de enero de 2014 en el municipio de
Apatzingán, Michoacán.
La víctima fue
aprehendida después del enfrentamiento en un tramo carretero entre la comunidad
de Las Anonas y El Naranjo de Chila, pertenecientes al municipio de Apatzingán.
La Sedena “tiene
indicios” de militares en desaparición de 7 jornaleros hallados muertos
“Tras recibir un
disparo de arma de fuego, dicha persona fue detenida y amarrada de manos y pies
por efectivos militares, quienes le colocaron en el cuello el cinturón que
portaba y lo comenzaron a arrastrar, al tiempo que le pegaron con la culata de
un arma y le propinaron un puntapié en nariz y boca. Luego de permanecer más de
cinco horas en la parte trasera de una camioneta del Ejército, donde lo
golpearon e insultaron, fue conducido a las instalaciones de la Procuraduría
General de la República (PGR), donde se ordenó llevarlo a un hospital ante la
gravedad de las lesiones que presentaba”, detalló la CNDH en su momento.
El organismo explicó
que encontraron evidencia suficiente para acreditar violaciones al derecho a la
integridad personal por actos de tortura en agravio de la víctima después de
analizar los hechos.
CALERA
Cinco hombres y dos
mujeres fueron desaparecidos el 7 de julio de 2015 en Calera, Zacatecas. Un
informe del Centro de Derechos Humanos Agustín Prodh, documentó que elementos
del 97 Batallón de Infantería de la 11 Zona Militar sacaron de sus hogares a
las personas, que estuvieron desaparecidas hasta que sus cadáveres fueron
encontrados once días después con huellas de tortura y con tiro de gracia.En
ese mismo año, la 11 Zona Militar informó en un comunicado que tenía indicios
de una probable participación de personal militar”.
De acuerdo con los
datos de la organización, la Procuraduría de Justicia Militar sometió a proceso
a cuatro elementos castrenses; sin embargo, a la fecha, el caso sigue impune.
OPERATIVO CONJUNTO
CHIHUAHUA Y OTROS
La CMDPDH también
apunta alguna posible responsabilidad del General Salvador Cienfuegos en los
agravios que cometió la milicia durante el Operativo Conjunto Chihuahua,
durante el sexenio de Felipe Calderón.
“Si bien el General
Cienfuegos no estaba a cargo del Operativo Conjunto Chihuahua, sí estaba a
cargo de las unidades que actuaron en el operativo, es decir, aunque él no era
el jefe del Operativo Conjunto, la responsabilidad de mando no se diluye,
entonces él sigue siendo responsable de las acciones de esas unidades que
también a él le debían reportar”, explicó Chávez.
De acuerdo con
información proporcionada por la organización, mientras Cienfuegos estuvo al
mando de la I región militar en los años de 2007 a 2009, los batallones a su
cargo fueron delegados a operaciones en Chihuahua, “operativo en donde hemos
documentado además una serie de crímenes que pueden ser crímenes de lesa
humanidad”, detalló Lucía Chávez.
La CNDH ha emitido al
menos 134 recomendaciones a Sedena por violaciones a los derechos humanos.
Foto: Omar Martínez, Cuartoscuro
La duda es si la
justicia resistirá a Salvador Cienfuegos en un país con un Ejército tan
poderoso
Por otro lado, de
acuerdo con la defensora, cuando estuvo al mando de la VII región militar,
durante 2010 a mayo de 2011, se documentaron cuatro recomendaciones de la CNDH
relacionadas con actos de tortura y ejecuciones arbitrarias cometidos por
unidades adscritas a esa región militar.
“Hay que señalar
también que los crímenes que hemos analizado y que están documentados en las
recomendaciones de la CNDH no pueden ser considerados casos aislados, sino que,
obedecen a un patrón sistemático de cómo se cometieron y también obedecen a una
política del más alto nivel de cometerlos”, afirmó.
https://www.sinembargo.mx/19-11-2020/3896046
