Por editora TV DOMINGO 11 ABRIL 2021, 09:09:00
Desde diciembre hay al
menos 15 muertos por enfrentamientos en Zitácuaro, Michoacán, entre indígenas
armados y el grupo criminal Los Cristaleros, que les intenta extorsionar; los
pobladores acusan a la fiscalía local de estar coludida con los delincuentes.
Michoacán.- Elena tejía una servilleta en su sillón cuando empezó la balacera. Eran cerca de las 16:00 horas cuando cientos de detonaciones rompieron la tranquilidad de aquel domingo 17 de enero. Afuera se escuchaba un tableteo constante de disparos que era respondido por balazos pausados y secos.
Sicarios de Los
Cristaleros habían emboscado a los pobladores indígenas de Zitácuaro,
Michoacán, que pretendían sacarlos de su pueblo.
Los primeros llevaban
armas de uso exclusivo del Ejército; los otros, se defendían con fusiles del
siglo pasado. Elena pensó que el enfrentamiento duraría poco, pero después de
dos horas el ruido no cedía. Saldo final: 12 muertos. Cuando vio a sus vecinos
asesinados se le bajó la presión. No pudo asistir al velorio colectivo.
Elena dice con voz
firme: “El poquito dinero que tenemos para comer lo gastamos para usar armas”.
Es una mujer indígena mazahua de la comunidad Donaciano Ojeda. Tiene 51 años,
pero las grietas de su piel, que se ven en su rostro semicubierto por un
rebozo, hacen que parezca mayor.
Sostiene entre sus
manos un rifle que contrasta con el rosa salmón de su suéter. A pesar del frío,
viste una falda lisa gris y unos zapatos bajos que se han cubierto de tierra
durante su guardia nocturna en la barricada que le ha tocado cuidar.
Detrás de ella, unos 40
vehículos con hombres armados aguardan pacientes a que termine de hablar. Son
comunidades indígenas que se han alzado en armas para combatir a Los
Cristaleros.
Desde el 14 de
diciembre pasado, pobladores y pequeños productores de aguacate de tres
comunidades indígenas al norte de este municipio (Donaciano Ojeda, Crescencio
Morales y Francisco Serrato) advirtieron que extraños habían ingresado a sus
pueblos para vender cristal —una droga que se ha popularizado entre los jóvenes
de la región— y para extorsionarlos. Decidieron armarse y expulsarlos. Los
nombres de los entrevistados han sido modificados por seguridad.
Los Cristaleros
pertenecen a Cárteles Unidos, una organización criminal de remanentes de La
Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Le disputan el control al
Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán.
Su método era sencillo:
llegar a los pueblos y ofrecer la droga a los jóvenes, engancharlos y después
darles trabajo en la organización. Luego comenzaron a tener más presencia en
las tres comunidades —que presentan altos grados de marginación— y empezaron a
secuestrar y a extorsionar a los pobladores. Les exigían 12 mil pesos por cada
hectárea de aguacate, un producto que ellos venden a los intermediarios a 12
pesos el kilo, pero que en la Ciudad de México se comercializa hasta seis veces
más caro.
Sólo en el segundo
semestre de 2020, las exportaciones de aguacate aumentaron 12% respecto al año
anterior.
El punto crítico de la
violencia se registró entre el 17 y 18 de enero, cuando 12 personas murieron en
una balacera que duró varias horas, sin que la policía municipal de Zitácuaro
ni la Guardia Nacional, con un cuartel a 15 minutos, hicieran algo para
evitarlo, a pesar de que los pobladores fueron a solicitar su apoyo para buscar
a Los Cristaleros.
Horas después, Silvano
Aureoles, gobernador de Michoacán, declaró que “hay informes que los ataques
fueron por una confusión entre los habitantes, que respondieron a una falsa
alarma de que había ingresado un grupo criminal al lugar”.
Los pobladores son
claros: no fue una confusión, sino un ataque perpetrado por Los Cristaleros,
del que tuvieron que defenderse. Acusan que la Fiscalía General de Michoacán
sólo registró nueve muertos en la zona, sin contar otros tres. Se solicitó
entrevista con la fiscalía, pero no hubo respuesta.
Desde diciembre, los
enfrentamientos entre las autodefensas y Los Cristaleros han dejado alrededor
de 15 muertos en la zona.
Michoacán: punto
estratégico
A lo largo de 2020 se
registraron en Michoacán mil 976 homicidios dolosos, según cifras oficiales, y
la violencia alcanzó a las comunidades indígenas que se ubican a dos horas de
la capital.
Falko Ernst, experto en
crimen organizado, explica a EL UNIVERSAL que en Michoacán existen diversos
mini poderíos de grupos pequeños que, aunque ya no participan de manera
importante en el mercado internacional de drogas, han diversificado sus
actividades criminales.
“Ahora se concentran
más en mercados locales, en la extracción de recursos y en la extorsión, como
ocurre con los productores de aguacate.
“Primero buscan
controlar el territorio, luego comienzan a vender drogas, sobre todo cristal, y
después buscan qué recursos pueden extraer de ahí. Si es una zona aguacatera,
extorsionan a los campesinos”, afirma.
Michoacán, dice, es un
punto fundamental porque cuenta con el importante puerto de Lázaro Cárdenas,
además de minas de hierro, grandes regiones aguacateras y limoneras y extensos
bosques con maderas preciosas.
En el caso de las
comunidades de Zitácuaro, 30% del territorio está destinado a la producción de
aguacate y 70% pertenece al bosque que forma parte del Núcleo de la Reserva de
la Biósfera de la Mariposa Monarca, un territorio que a principios de la década
del 2000 tuvieron que defender de los talamontes.
En ese entonces, las
comunidades se armaron, organizaron rondas permanentes de vigilancia y
reforestaron lo destruido.
“Aquí hay tres
comunidades que han ganado el Premio Nacional al Mérito Forestal. Las
comunidades ya están en otro proceso, no sólo de conservación y de cuidado,
sino de protección de sus bosques”, cuenta Rubén, cuidador del bosque.
Esta experiencia es el
antecedente de los actuales grupos de autodefensa. Aunque no se autodenominan a
sí mismos de esa manera, han exigido durante meses el reconocimiento de sus
guardias comunitarias y presupuesto público para formalizar su policía de
pobladores.
“La fiscalía de
Zitácuaro y el director policial nos han propuesto unirnos a un grupo de
supuestos productores, que en realidad eran miembros de un grupo delictivo”,
explica Luis, un poblador que dedica sus noches a cuidar los puntos de
vigilancia. Los habitantes también exigen que los asesinatos de los últimos
meses sean investigados con justicia.
Señalan a Francisco
Herrera Franco, fiscal regional de Zitácuaro, de estar involucrado con grupos
delictivos.
Mujeres armadas
En las barricadas de
las entradas a las comunidades hay mujeres de todas las edades, como Catalina,
mazahua de 60 años. Fue la primera en integrarse a las guardias nocturnas.
“Mis compañeras tienen
miedo. Yo también, pero estoy decidida a luchar por mi comunidad, por las
comunidades vecinas y quiero ponerles el ejemplo que como mujer también
nosotras podemos”, asegura.
“Ya estuvo bien de toda
la delincuencia que hay. Mis hijos ya son grandes, pero quiero luchar para los
que vienen detrás de mí, para la nueva generación. Quiero luchar para mis
nietos”, dice.
Después de que Catalina
se integró a las barricadas, otras mujeres siguieron su ejemplo. Una de ellas
es Concepción, quien lleva 34 años viviendo en Zitácuaro y también se dedica a
la producción de aguacate.
Afirma que nunca se
había presentado una situación tan grave de violencia en su comunidad: “Las
personas que tenemos armas aquí nos ha costado.
“No quiero que cuando
vean a los hombres con armas, la policía michoacana o la Guardia Nacional se
las quite. Nos estamos defendiendo”, argumenta.
Además de buscar que su
policía comunitaria sea reconocida, los pobladores de estas comunidades tienen
en la mira el reconocimiento de la autonomía indígena: “Estamos solicitando la
autonomía, el reconocimiento y la asignación de un presupuesto para poder
cuidarnos.
“Se hicieron peticiones
a la Guardia Nacional, a la policía municipal y a la de Michoacán. Ninguna
acudió, por eso la policía comunitaria”, explica Ricardo, uno de los
representantes comunitarios de Donaciano Ojeda, una localidad con
aproximadamente 600 hectáreas de aguacate y cerca de mil 700 de bosque.
Ernst define el
surgimiento de los grupos de autodefensa como expresiones de desesperación en
situaciones de vulnerabilidad.
“Es una alternativa
compleja porque ese poder comunitario se puede convertir en una estructura sin
rendición de cuentas, donde puede haber abuso de poder. En Cherán y Ostula sí
les ha funcionado [para defenderse del narco] porque se han desecho de los
partidos políticos que eran entrada a intereses criminales”.
En una de las
barricadas, compuesta por decenas de personas armadas iluminadas por un
reflector, Luis, sin soltar su rifle, resume lo que buscan:
“Andrés Manuel López
Obrador decía: ‘No queremos balazos, queremos abrazos’. La comunidad no quiere
abrazos ni balazos, queremos respeto”.
Con información de El Universal
