5 de septiembre de 2021

SILENCIO ELOCUENTE


TEXTO IRREVERENTE

3 SEPTIEMBRE, 2021

Por Andrés Timoteo

Hablando de la Fiscalía General, ésta igualmente se ha mantenido silenciosa ante los asesinatos de GRODETZ RÍOS ANDRADE Y JOSÉ ESCAMILLA AGUILERA, quienes eran cercanos al alcalde electo de Córdoba, Juan Martínez Flores, y que formarían parte de su equipo en el ayuntamiento, el primero ocuparía una dirección y el segundo sería regidor. También están callados todos en el organigrama estatal, incluido el gobernante García Jiménez tan asiduo a prometer justicia cuando ocurren asesinatos de políticos.

Tuvo que pasar una semana del primer asesinato, el de Ríos Andrade, para que a duras penas y a insistencia de los reporteros el secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros afirmara escuetamente: “vamos a dar con los responsables como en todos los casos (sic)”. Obvio eso mueve a la risa, pero también a la duda pues Cisneros agregó que no sucederá “como en el pasado cuando se buscaba una persona y se generaban culpables (otro sic)”. Al parecer el subconsciente lo traicionó porque habla de ‘chivos expiatorios’ y ‘fabricación de culpables’ cuando la pregunta iba en otro sentido.

El rústico funcionario de plano deslizó lo que harán en los casos de Ríos Andrade y Escamilla Aguilera. No dijo más, solo pidió “no especular”, lo que también es indicativo. ¿Por qué el silencio oficial y la reticencia para tocar el tema? Los observadores y bien enterados afirman que es para no ‘batir’ más el mensaje del crimen organizado sobre la próxima administración municipal de Córdoba y también porque el alcalde electo, Martínez Flores no es del agrado ni del gobernante García Jiménez ni de la corriente morenista que representa.

Es más, es conocido su enfrentamiento con el favorito de palacio, el titular de la Secretaría de Educación, Zenyazen Escobar y el distanciamiento con el delegado partidista que respalda la administración estatal, Esteban Ramírez Zepeta. Por eso han dejado solo a Martínez Flores tanto en la investigación judicial por ambos crímenes como en la protección ante el embate de la delincuencia organizada al ayuntamiento que presidirá. Vaya, la tirria que le tienen llega a tal grado que ni siquiera el pésame le dieron. El silencio del cuitlahuismo es elocuente.

MENTES CRIMINALES

Y una más para cerrar el tema de la violencia del crimen organizado y el silencio o complicidad del aparato estatal – y a reserva de retomar el tema en otro texto pues su gravedad lo amerita-. En días pasados, el colectivo “Buscando a nuestros desaparecidos y desaparecidas”, reveló que en las fosas clandestinas del predio “La Guapota” en el municipio de Úrsulo Galván se localizaron alrededor de 25 casquillos de bala junto a los restos humanos. Son, por supuesto, pruebas forenses del o las armas usadas para esos homicidios.

Lo preocupante, dicen algunas fuentes del ministerio público, es que el personal legista adrede hizo perdidizas muchas otras vainas de proyectil pues al revisarlas científicamente podría corroborarse que habrían provenido de pistolas al servicio de la policía estatal, ya sea en tiempos del duartismo cuando la encabezaba Arturo Bermúdez Zurita -el actual ‘héroe’ del cuitlahuismo- o en esta gestión de Gutiérrez Maldonado. Sea una cosa u otra, todo indica que hay la orden de atajar y desaparecer cualquier evidencia que confirme la colusión o responsabilidad directa de agentes estatales en los asesinatos de quienes terminaron en las fosas de “La Guapota”. Una historia digna de la serie televisiva “Mentes criminales”.

*Envoyé depuis Paris, France.

FUENTE: NOTIVER

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-125/

29 de agosto de 2021

PIDEN INTERVENCIÓN DE AMLO CON RESPECTO A LOS MAGNICIDIOS POLÍTICOS OCURRIDOS EN CÓRDOBA, VERACRUZ

Nota que llega a nuestro correo electrónico : desarmadorpolitico@hotmail.com.ar


por Jesús Alfaro Rodríguez

28 de agosto del 2021

Al Presidente de la República Mexicana 

Licenciado Andrés Manuel López Obrador :

En uso de nuestros Derechos Políticos, de nuestras Garantías Individuales, estipuladas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dirigimos a usted en un contexto mínimo de seguridad.

Exigimos a los tres poderes de gobierno que hagan cumplir la Ley y el Estado de Derecho. Magnicidios políticos son los que han estado ocurriendo en Córdoba, Veracruz.

Nuestro Municipio se ve rebasado en la procuración y administración de Seguridad Pública la muerte de nuestros compañeros Maestro Grodetz Ríos Andrade y Lic. José Escamilla Aguilera, son desgraciadamente, pruebas dolorosas del horror que impera en la histórica ciudad.

En el marco de la conmemoración de los 200 años de la Independencia de México se montó un blindaje de seguridad social y política. Posteriormente a la fecha del 24 de agosto del 2021 nuevamente se vive el horror de la violencia.

Sabiendo que estamos en la 4 Transformación exigimos la presencia de las fuerzas federales y su inteligencia para dar con los responsables, intelectuales y materiales de los hechos de asesinato de nuestros compañeros políticos.

Seguimos siendo la Esperanza de México.

Atentamente

Jacinto Jesús Alfaro Rodríguez.

https://www.facebook.com/jacinjuan.ome

28 de agosto de 2021

POR QUÉ VERACRUZ ES EL ESTADO MÁS PELIGROSO DE MÉXICO EN HOMICIDIOS DE POLÍTICOS



3 JUN 2021

POR MAX RADWIN Y CHRIS DALBY

Postularse a un cargo de elección popular en México es una actividad de alto riesgo. Pocos días antes de las elecciones locales del 6 de junio, habían sido asesinados al menos 89 candidatos políticos durante la actual campaña.

Según un informe actualizado sobre violencia política en México, realizado por el grupo de análisis de riesgos Etellekt, en la campaña de 2021 se han registrado 782 actos de violencia tanto contra candidatos en busca de reelección como contra sus opositores, lo que supera el récord de 774 en 2018.

El estado de Veracruz, al este del país, ha sido el epicentro de esta crisis. Desde septiembre, se han registrado allí 117 actos de violencia, lo que incluye el asesinato de 16 políticos (casi la quinta parte del total de muertes), pese a ser el octavo estado más violento del país en términos del total de homicidios. Oaxaca tiene el segundo mayor número de ataques con 68, casi la mitad de Veracruz.

En este artículo, InSight Crime analiza por qué Veracruz ha sido especialmente vulnerable a los intentos del crimen organizado por intimidar o asesinar políticos.

LA MANO INVISIBLE DEL CJNG

El 16 de mayo, se encontró el cuerpo de José Alfredo Gaspar Gutiérrez en un basural. Había sido secuestrado tres días antes. Tenía señales de tortura.

Gutiérrez estaba en campaña por la alcaldía de Misantla, una población de unas 30.000 personas en el centro de Veracruz. Esta población tiene una ubicación estratégica para el tráfico y la producción de narcóticos, a poca distancia en auto de la capital del estado, y cerca de autopistas en dirección norte, hacia Tampico y la frontera con Estados Unidos.

La ciudad está controlada por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que tiene allí una instalación de producción para la elaboración de metanfetaminas, según una investigación de Televisa.

Desde allí, las drogas se despachan hacia el puerto de Veracruz para su venta en el exterior, o bien directamente hacia Estados Unidos.

El CJNG parece tener especial interés en mantener el control de Misantla. Después de que se denunciara la muerte de tres miembros del grupo a manos de la policía en marzo de 2019, otros de sus integrantes organizaron bloqueos a lo largo de la importante vía de Córdoba hacia Veracruz, quemaron camiones y dispararon contra la policía, dejando un saldo de al menos un muerto.

La ciudad se ganó a un alto precio. Misantla era anteriormente un centro de operaciones de importancia para Los Zetas, antes de que estos fueran expulsados de Veracruz por el CJNG de manera violenta.

Aunque nadie se ha atribuido la autoría del homicidio de Gutiérrez, varios homicidios ocurridos este año han sucedido en poblaciones controladas por el grupo.

En marzo, el candidato a la alcaldía José Melquiades Vázquez Lucas fue asesinado a las afueras de un edificio municipal en La Perla, Veracruz. El gobernador del estado culpó de la muerte al crimen organizado, pues el CJNG tiene un amplio control en La Perla, donde incluso distribuyó paquetes con alimentos durante la pandemia del COVID-19.

En febrero, la exalcaldesa de Cosoleacaque Gladys Merlín y su hija, Carla Enríquez Merlín, quien planeaba postularse para la alcaldía del municipio, fueron abaleadas en su casa. Como en el caso anterior, la zona ha sido base de operaciones del CJNG.

Y los criminales parecen tener poco temor a las represalias. Gran parte de la violencia ha incluido ataques sorpresa por parte de pistoleros enmascarados al volante de autos o motocicletas, quienes disparan a los políticos a plena luz del día.

Es difícil culpar de estas acciones al CJNG solamente. Veracruz se ha convertido en un campo de batalla en los últimos años, debido al conflicto entre el cartel más poderoso de México y Los Zetas Vieja Escuela, una disidencia de Los Zetas que intenta reclamar el territorio que controlaban.

El centro y sur de Veracruz, donde el CJNG y Los Zetas Vieja Escuela se han estado disputando el control, representa la abrumadora mayoría de homicidios de políticos. InSight Crime halló que, de los candidatos y funcionarios en campaña de reelección muertos en Veracruz desde 2019, todos fueron asesinados en ciudades con presencia directa registrada del CJNG, o cerca de las zonas bajo su control.

MEJOR COLABORAR QUE MORIR

Por supuesto, como lo mostró el informe de Etellekt, la mayoría de los candidatos no son asesinados, sino más bien amenazados. Un candidato en el municipio de Carlos A. Carrillo, Onán Hernández López, dijo que recibió mensajes en los que le advertían que se retirara de la contienda. En otros municipios, hombres enmascarados han disparado al frente de las casas de los candidatos.

“El crimen organizado ha tenido una influencia decisiva en el proceso electoral por medio de la violencia y las amenazas, hasta el punto de que muchos candidatos han dejado de hacer campaña o se han retirado”, declaró en un comunicado el Partido de la Revolución Democrática (PRD) el pasado mes de mayo.

Y para quienes siguen en campaña, es obviamente provechoso cooperar con los grupos criminales en lugar de oponerse a ellos. Por largo tiempo, las autoridades han advertido sobre la influencia política que detentan el CJNG y otros grupos criminales en Veracruz.

"Hoy en día, la mayor parte [de Veracruz] está bajo el control del CJNG [...]. Ellos tienen todos los comandantes de policía a su disposición y obviamente esta estructura va a financiar candidatos", dijo el investigador sobre el crimen Ricardo Ravelo en una entrevista con los medios mexicanos en abril pasado.

Sin nombrar a ningún funcionario en específico, grupos de derechos humanos y periodistas han señalado a los gobiernos locales de Coatzacoalcos, Papantla, Poza Rica, Las Choapas, Tezonapa y Córdoba de tener vínculos con el CJNG y grupos ligados a Los Zetas.

El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, anunció que se están tomando medidas para mejorar la seguridad, incluido el fortalecimiento de la vigilancia en las jurisdicciones que celebran elecciones. Pero hay 212 alcaldías que serán tomadas en Veracruz en estas elecciones de mitad de mandato, además de 50 diputados, y se está viendo que es prácticamente imposible protegerlos a todos.

Es más, a menos de una semana del pronunciamiento de García Jiménez sobre la violencia, enmascarados en Chalma emboscaron al candidato a la alcaldía Fernando Argüelles, y lo golpearon tanto que él y su conductor debieron ser llevados al hospital.

VERACRUZ, OBJETIVO PRIMORDIAL DEL CRIMEN

Cuando los grupos criminales mexicanos persiguen a candidatos políticos, por lo general tratan de intimidarlos para que trabajen con ellos o, si eso no funciona, sacarlos de la contienda. Aunque eso está sucediendo en cierta medida en todos los estados del país, Veracruz es especialmente propicio para esto por diferentes razones.

En primer lugar, el estado tiene un atractivo especial por su ubicación geográfica para ejercer operaciones criminales. Es largo y estrecho, y toca otros siete estados que conectan el sur de México con Tamaulipas, la parada final antes del ingreso de narcóticos, contrabando y migrantes a Estados Unidos. Sus sólidas industrias de café y ganado, entre otros sectores agrícolas, ofrecen oportunidades de lavado de dinero y extorsión de residentes. Y sus puertos marítimos traen cargamentos internacionales de mercancías legales, además de químicos precursores para la producción de drogas sintéticas.

En segundo lugar, es corriente que grupos criminales y políticos hagan acuerdos a puerta cerrada para poder operar. El problema se remonta a comienzos de la década de 2000, cuando la administración del entonces gobernador Fidel Herrera le permitió el ingreso al estado a un grupo criminal (que con el tiempo llegaría a convertirse en Los Zetas), si estos acordaban hacer contribuciones a las campañas de algunos candidatos.

Su sucesor, Javier Duarte, ayudó a cerrar nuevos acuerdos con Los Zetas y a obstruir numerosas investigaciones sobre homicidios y secuestros. Duarte, quien pasaría a ser un fugitivo de fama mundial, supervisó la destrucción sistemática del gobierno de Veracruz, hasta convertirlo en una operación criminal que, entre otras cosas, malversó millones de dólares.

Sus sucesores en la gobernación han intentado darle la vuelta a la corrupción, para lo cual han creado incluso una "Comisión de la Verdad" que documente los delitos cometidos durante las administraciones de Herrera y Duarte, a la vez que refuerzan la rendición de cuentas de los futuros gobiernos. Pero no han logrado erradicar el problema a nivel local, lo que lleva a que la policía municipal, entre otros servidores públicos, sigan trabajando de la mano de los grupos criminales. Eso podría explicar por qué la mayor parte de la violencia ha arrastrado a candidatos municipales. Los grupos criminales deben asegurarse de que quien llegue al poder esté dispuesto a mantener el estado de cosas.

En tercer lugar, años de corrupción han contribuido a fomentar la fragmentación política, lo que les facilita a los grupos criminales apoderarse de gobiernos débiles, y que los gobiernos busquen la ayuda de los grupos criminales.

Durante años, Veracruz fue una plaza fuerte del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Pero desde la destitución de Duarte en 2016, la gobernación del estado ha rotado entre el PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) y Morena. Los partidos están cada vez menos dispuestos a colaborar entre sí, lo que implica que se hayan fragmentado los diferentes ámbitos del gobierno y no siempre coordinen sus esfuerzos contra el crimen organizado.

En 2016, aunque el estado pasaba por una crisis presupuestal causada por el desfalco de Duarte, el gobierno federal rechazó darle auxilio financiero, pues adujo que el estado era responsable de su situación financiera. Mucho de ese dinero puedo haber reemplazado los millones de dólares que Duarte robó a los gobiernos municipales que los grupos criminales intentan intimidar hoy.

Lo peor es que estas luchas intestinas en la política ponen a los candidatos en mayor riesgo de ser atacados.

Es muy fácil culpar a los narcos

Sin embargo, aunque el análisis de los homicidios políticos en Veracruz apunta a una fuerte participación del CJNG, esa no es la historia completa.

De los 16 homicidios ocurridos en Veracruz, y registrados por Etellekt, 11 fueron de partidos opositores al gobierno estatal. Ocho eran opositores, no candidatos a reelección, y no tenían ningún cargo político al momento de su asesinato.

En un nuevo proyecto lanzado en junio de 2021, titulado "Elecciones y violencia en México", Noria Research busca entender mejor los motivos detrás de la violencia política. La introducción del proyecto declara que la mayoría de los estudios explican la violencia política y electoral exclusivamente "mediante un modelo de incentivo criminal", y dejan de lado "la participación activa o pasiva, la protección, la colaboración o el patrocinio de políticos […] fuerzas armadas, así como otros actores públicos o privados".

Es difícil señalar con exactitud por qué los homicidios en Veracruz fueron perpetrados exclusivamente por grupos criminales o cuál puede haber sido la participación de funcionarios del gobierno local.

Pero algunos de los muertos tenían conexiones familiares muy firmes con la política de Veracruz, que se extendía a varias décadas, administraciones y partidos políticos. Se han conocido muchas teorías sobre los homicidios, en febrero pasado, de Gladys Merlín Castro, exalcaldesa de Cosoleacaque, y de su hija, Carla Enríquez Merlín, quien estaba contemplando lanzarse a las elecciones por la alcaldía local.

Los Merlín Alor habían tenido poder e influencia en Cosoleacaque, al sur de Veracruz, durante décadas, a lo largo de las cuales ocuparon cargos políticos importantes, presidieron el sindicato local de ganaderos y fueron dueños de importantes empresas. Heliodoro Merlín Alor, padre y abuelo de las dos víctimas, era considerado un cacique, la cabeza de un grupo conocido como “La Banda de los Merlín". La familia ha soportado una serie de atentados y secuestros.

A lo largo de la historia, "los principales actores en la violencia electoral eran profesionales, peleadores callejeros, policías (sobre todo los municipales), activistas prosindicatos, pistoleros y soldados. Su función era garantizar la victoria del candidato favorito", como escribía Paul Gillingham en un compendio reciente sobre la violencia política en México.

ENLACE Y FUENTE: https://es.insightcrime.org/noticias/veracruz-estado-mas-peligroso-mexico-homicidios-politicos/?fbclid=IwAR1dc_sHt9A4fzE1Now_PdfOmVEMzoKKstFttBSva57uDbIX5crXlH09ctQ

LOS QUE VIVIMOS EN VERACRUZ CONFIRMAMOS A DIARIO LA ESPIRAL DE VIOLENCIA CONTRA EL PUEBLO TRABAJADOR.


LOS QUE VIVIMOS EN VERACRUZ CONFIRMAMOS A DIARIO LA ESPIRAL DE VIOLENCIA CONTRA EL PUEBLO TRABAJADOR. 

Por periodistasdigitales –

27 Agosto 2021 

Quienes vivimos en Veracruz, confirmamos a diario que la espiral de violencia contra los desposeídos es interminable, a pesar de los discursos triunfalistas y de buenos deseos de funcionarios y políticos de oficio la realidad es inocultable, lo comprueba la ejecución extrajudicial de trabajadores de la comunicación, los restos óseos encontrados en las fosas clandestinas, la prisión por motivos políticos y las violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de las diferentes corporaciones policíacas y militares. 

La presencia de la Guardia Nacional en la entidad y su coordinación con la Fuerza Civil y la policía municipal es para intimidar a los ciudadanos, se amparan en la ley y en sus armas para actuar de manera prepotente contra todo aquel ciudadano que corre la mala fortuna de caer en sus manos en los retenes que colocan por toda la geografía del estado, eso, aunque se niegue es militarización. 

Los abusos de la Fuerza Civil en la entidad veracruzana son reales, no existe día sin que se transgredan los derechos de la población, aunque el Ejecutivo estatal diga que son pueblo uniformado, en los hechos son sujetos desclasados con uniforme al servicio de un gobierno que cada vez se aleja de los intereses del pueblo que dice defender. 

Es una corporación policíaca conformada por hombres y mujeres enfundados en uniforme para intimidar al ciudadano, durante este gobierno con facilidad reprimen a quien protesta a quien defiende sus derechos y libertades políticas o por el simple hecho de ser visto como “sospechoso” es motivo para ser detenido o tratado en su lógica como “delincuente”. 

Un caso que ejemplifica eso, es el asesinato de dos adolescentes de 14 y 13 años de edad en La Patrona, municipio de Amatlán, por elementos de la Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz el pasado 2 de julio del año en curso. La corporación policíaca argumentó un enfrentamiento con supuestos grupos de gente armada, que dejó dos muertos: los niños que limpiaban una camioneta en el patio de su vivienda. 

Las denuncias de los familiares y la comunidad refutan esa versión, señalan que los menores de edad fueron abatidos con saña por elementos de la Fuerza Civil, dispararon sin ningún miramiento por el simple hecho de parecerles sospechosos. El hecho comprueba que los crímenes de estado y de lesa humanidad tienen su origen en las estructuras del Estado. 

El gobierno de Veracruz convalidó la versión de un “enfrentamiento” sin escuchar las demandas de los familiares con ello criminaliza a los menores de edad y les da el trato de delincuentes. Eso denota la indolencia y desprecio hacia la vida del pueblo trabajador, quien es el que todos los días sortea la violencia institucional. 

La versión que da el gobernador de la entidad no tiene diferencia alguna con la que vertían los gobiernos panistas y priistas, quienes argumentaban supuestos enfrentamientos de los cuerpos policíacos y militares con la supuesta delincuencia organizada; los muertos los pone el pueblo, de ahí las supuestas bajas colaterales o muertes de inocentes, todo con tal de combatir al supuesto enemigo interno. Hoy se continúa con el mismo argumento, lo que comprueba que lo sucedido es práctica y política de gobierno, sexenio tras sexenio se comete contra el pueblo en general y en específico contra el pueblo organizado. 

La violencia tiene diferentes expresiones, otra de ellas es el reciente asesinato del trabajador de la comunicación Jacinto Romero en el municipio de Ixtaczoquitlán, quien fue abatido a balazos al interior de su automóvil, días anteriores había sido amenazado por denunciar abusos de la policía municipal. El cometido del crimen expresa la política de gobierno contra las voces críticas al régimen, la característica de ésta es la selectividad de sus víctimas como una forma de contener el descontento popular. 

A la ejecución extrajudicial del trabajador de la comunicación suman cuatro periodistas más asesinados en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. El 9 se septiembre de 2020 asesinaron en el municipio de Tezonapa, Julio Valdivia, del Diario el Mundo, fue decapitado y presentaba huellas de tortura; el 30 de septiembre de 2020 fue asesinada la periodista Elena Ferral Hernández, periodista y corresponsal en Papantla del Diario Xalapa; en agosto de 2019, fue asesinado Jorge Celestino Ruiz Vázquez en el municipio de Actopan; crímenes de Estado cometido contra trabajadores de la comunicación en una administración morenista que se jacta de respetar los derechos humanos, entre ellos, la libertad de expresión y manifestación de ideas. 

El hallazgo de fosas clandestinas es otro botón de muestra de que la violencia institucional tiene continuidad en la actual administración morenista; el hallazgo de éstas en diferentes partes del estado habla del cometido de múltiples crímenes de lesa humanidad como son la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial. Delitos graves que no pueden ser olvidados, tampoco perdonados con un falso perdón. 

Las fosas ubicadas en la localidad Campo Grande, municipio de Ixtaczoquitlán por el colectivo de familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, son una muestra de que el cometido de graves violaciones a los derechos humanos no cesa en esta administración; los mismos familiares señalan que hay cuerpos que datan por lo menos de hace tres años, lo que indica que el cometido de ellos fue en esta administración morenista, misma que ha señalado terminar con la violencia que azota los miles de hogares proletarios, no obstante, ésta sigue su curso con el cometido de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. 

La prisión por motivos políticos se suma a esta ola de violencia, las cárceles albergan a nuevos luchadores sociales, es el caso del compañero Higinio Bustos Navarro, detenido de manera arbitraria el pasado 4 de mayo en el municipio de Chicontepec, Veracruz. Los delitos que le imputan son falsos, fueron fabricados en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna, quienes tenían por política crear al por mayor falsos culpables. Lo perverso es que la actual administración morenista le dé continuidad a esa política y en sus discursos oficiales diga que en su gobierno no hay represión ni violaciones a los derechos humanos. 

Nuestro compañero es preso político de la actual administración morenista de Cuitláhuac García Jiménez; es detenido de manera arbitraria e injusta por pertenecer al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), defender el legítimo derecho a la posesión de la tierra y luchar por el socialismo en México. 

Los casos antes expuestos son botones de muestra de que en el estado de Veracruz la violencia no cesa, tiene continuidad y varias son sus expresiones, desde abusos policíacos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y prisión por motivos políticos, violaciones a los derechos humanos que contradicen los discursos institucionales de “respetar los derechos del pueblo”. 

Mientras persista la violencia institucional y sus diferentes expresiones laceren los hogares proletarios, las actividades políticas y jornadas nacionales de lucha tendrán razón de ser, razón por la que realizamos diversas actividades de protesta en el norte, centro y sur de la entidad veracruzana del 23 al 30 de agosto, en el marco del Día internacional de las víctimas de desaparición forzada para denunciar la existencia de la represión contra el pueblo organizado y exigir al gobierno mexicano: 

1.      Presentación con vida de los detenidos desaparecidos, en específico la de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Edmundo Reyes Amaya y la de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz. 

2.      Libertad a los compañeros Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar, Asunción Gómez Sánchez, Leobardo Reyes Meza e Higinio Bustos Navarro, presos políticos de la actual administración morenista. 

3.      Alto a la persecución política de los compañeros la Licenciada en psicología Noemia Calles Ríos, el Licenciado en economía y profesor José Armando Falconi Borraz y el profesor de educación primaria José Manuel Mendoza Vázquez. 

4.      Alto a la represión contra integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) 

5.      Audiencia con la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) 

ATENTAMENTE 

¡POR LA UNIDAD OBRERA, CAMPESINA, INDÍGENA Y POPULAR! 

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO

FUENTE: PLUMAS LIBRES

https://plumaslibres.com.mx/2021/08/27/los-que-vivimos-en-veracruz-confirmamos-a-diario-la-espiral-de-violencia-contra-el-pueblo-trabajador/?fbclid=IwAR3yEzt-X_o35frWhyr9cSzVugMzPhWBuZoRIWdbYMBWzF87qo8Ku20Y_SI

24 de agosto de 2021

SE MANIFIESTAN EN XALAPA Y SE MOVILIZAN EN OAXACA POR ASESINATO DE LÍDER DEL FPR


Xalapa, Enríquez, Ver. 

Integrantes del Frente Popular Revolucionario se instalaron en Plantón y mitin frente de palacio de gobierno en la Cd. de Xalapa capital del Estado de Veracruz para exigir justicia por el asesinato cometido contra Tomás Martínez Pinacho, dirigente social y miembro del comité estatal del Estado de Oaxaca. Esta actividad se lleva a cabo en todo el país en donde hay presencia del FPR y también debido a que estará el primer mandatario en la ciudad capital. También en Orizaba Veracruz se llevó un mitin, acto de propaganda y agitación para que este asesinato no quede impune. 

Se efectuo movilización de la organizacion en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y posterior marcha hacia el centro de la ciudad de Oaxaca, es principalmente para exigir justicia para el activista del FPR, Tomás Martínez Pinacho, asesinado hace un año – el 24 de agosto de 2020 – en el municipio de Ánimas Trujano. 

Además de la protesta en la capital del estado, el líder del FPR detalló que se realizan movilizaciones y bloqueos carreteros en otros municipios de Oaxaca: bloqueos carreteros en la Sierra Sur, rumbo a Villa Sola de Vega; en Santiago Juxtlahuaca, en Huajuapan de León y en Asunción Nochixtlán, en la Mixteca. Mientras que en San Juan Bautista Tuxtepec se realizó una marcha y se tomarán las instalaciones de la Vicefiscalía regional de la Cuenca del Papaloapan, al igual que en Huajuapan de León. 

En Miahuatlán de Porfirio Díaz se colocó una ofrenda floral en la tumba de Tomás Martínez y después se develó un busto en su honor. 

https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/fpr-exige-justicia-un-ano-del-asesinato-de-tomas-martinez-pide-mesa-de-alto-nivel-con-murat

TRAS MUCHOS AÑOS DE EXPLOTACIÓN Y DESPOJO, PUEBLO YAQUI TENDRÁ DISTRITO DE RIEGO 018 PARA USO Y DISFRUTE COLECTIVO


https://www.gobernantes.com/ 

En un acto de justicia al pueblo yaqui, perseguido y despojado durante muchos de infinidad de tierras que ocupaban, se prevé que el 28 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador firme el decreto para la creación del distrito de riego 018, que será transferido a esa comunidad para su administración, uso y disfrute colectivo, propuesta avalada por las autoridades tradicionales de los ocho pueblos de esta comunidad. 

De acuerdo al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el derecho al agua para uso agrícola es una demanda histórica de los ocho pueblos yaquis y será la primera vez en la historia de México en que un pueblo indígena tendrá facultades para administrar y operar un distrito de riego de manera sustentable, a través de un organismo que estará regido por sus propias formas de organización comunitaria, conformado por representantes de las comunidades yaquis, explica. 

Esto fue un acuerdo derivado de que en las dos cabeceras municipales de ese pueblo, en Vícam Pueblo y Pótam, se realizó un proceso de consulta libre, previa e informada, respecto a la creación del distrito de riego, agregó el INPI en un comunicado. Detalló que el proyecto de decreto presidencial aprobado tiene como finalidad que el pueblo yaqui ejerza el derecho al agua para uso agrícola, establecido en el Acuerdo Presidencial de 1937 y en la resolución presidencial emitida por el general Lázaro Cárdenas del Río. 

El distrito de riego estará integrado por los ocho pueblos yaquis que son Vícam, Pótam, Tórim, Ráhum, Huírivis, Belem, Bácum y Cócorit. Se abastecerá de la presa Álvaro Obregón (Oviachic), tendrá una superficie total de 126 mil 259 hectáreas ubicadas en el margen derecho e izquierdo del río Yaqui y contará con capacidad inicial de 673 millones de metros cúbicos, que permitirán regar una superficie potencial de 61 mil 223 hectáreas de cultivos. Estará bajo la administración y control de un organismo indígena comunitario, integrado por los ocho pueblos yaquis a través de sus autoridades tradicionales, quienes definirán mecanismos de funcionamiento, la participación de las localidades y los requisitos para proporcionar el servicio de riego, a fin de garantizar el desarrollo sostenible y la más alta productividad hidroagrícola, en beneficio de usuarios y de la población en su conjunto. 

https://www.gobernantes.com/

24 DE AGOSTO

DESARMADOR POLÍTICO EN LA HISTORIA

24 de agosto de 2021

Por María Antonia Jiménez Estrada 

Nuestra historia es muy triste, pero no se pongan a llorar. Nuestro mestizaje fue producto de la violación de muchos españoles sobre nuestras antecesoras, hermosas y limpias mujeres originarias de nuestras tierras. Así de lastimeros han sido innumerables sucesos de lo que hoy conforma nuestra historia. La madrugada del 16 de septiembre de 1810 Miguel Hidalgo, el Padre de la Patria, fue el criollo que proclamó: ¡Muera el mal gobierno!, pero también amaba la continuidad de la monarquía, porque también gritó: "¡Viva Fernando VII!". 

Se enfrentó con fiereza al ejército realista, y también lo hicieron quienes continuaron su labor independentista como José María Morelos y Vicente Guerrero. 

Agustín de Iturbide, el emperador criollo y traidor al pueblo de México, llamado "El Dragón de Hierro", asesino sanguinario y fiero perseguidor de los independentistas, de los indígenas y mestizos y afrodescendientes, firma un 24 de agosto de 1821 los comúnmente conocidos como "Los Tratados de Córdoba" en esta nuestra bella y única ciudad con una historia muy sui generis. Esa firma denota un hecho paradójico con un "triunfo" que en realidad serían dos, uno de estos pírrico para el grueso de los mexicanos y el segundo, alentador para la continuidad de los planes de los conservadores realistas que el 19 de julio de 1824 verían sus anhelos y trabajos rotos en búsqueda de la continuidad de la monarquía con el fusilamiento del Emperador Agustín de Iturbide. ¿Inicia con el fusilamiento del emperador la última fase de la independencia de México? 

Somos un gran país mestizo con una gran historia y con robustas riquezas culturales, económicas y ambientales, somos un cuerno de la abundancia con riquezas materiales que se han quedado en aproximadamente unas sesenta manos de los oligarcas mexicanos y de abundantes saqueadores extranjeros. 

A 200 años de esa firma, y a 197 años del fusilamiento del Emperador Agustín de Iturbide: "Tengo un sueño"; un sueño ardiente y fervoroso que surge en las ideas y se enreda en el corazón, sueño que un día podamos entre todos, sin importar colores partidistas, raza, religión, hacer independiente a este país del analfabetismo y la ignorancia para juntos construir una Patria que no sea solo para unos cuantos y segura estoy que es el sueño que comparto con muchos mexicanos..

Autor: María Antonia Jiménez Estrada