3 JUN 2021
POR MAX RADWIN Y CHRIS DALBY
Postularse a un cargo de elección popular en México es una
actividad de alto riesgo. Pocos días antes de las elecciones locales del 6 de
junio, habían sido asesinados al menos 89 candidatos políticos durante la
actual campaña.
Según un informe actualizado sobre violencia política en
México, realizado por el grupo de análisis de riesgos Etellekt, en la campaña
de 2021 se han registrado 782 actos de violencia tanto contra candidatos en
busca de reelección como contra sus opositores, lo que supera el récord de 774
en 2018.
El estado de Veracruz, al este del país, ha sido el epicentro
de esta crisis. Desde septiembre, se han registrado allí 117 actos de
violencia, lo que incluye el asesinato de 16 políticos (casi la quinta parte
del total de muertes), pese a ser el octavo estado más violento del país en
términos del total de homicidios. Oaxaca tiene el segundo mayor número de
ataques con 68, casi la mitad de Veracruz.
En este artículo, InSight Crime analiza por qué Veracruz ha
sido especialmente vulnerable a los intentos del crimen organizado por
intimidar o asesinar políticos.
LA MANO INVISIBLE DEL CJNG
El 16 de mayo, se encontró el cuerpo de José Alfredo Gaspar
Gutiérrez en un basural. Había sido secuestrado tres días antes. Tenía señales
de tortura.
Gutiérrez estaba en campaña por la alcaldía de Misantla, una
población de unas 30.000 personas en el centro de Veracruz. Esta población
tiene una ubicación estratégica para el tráfico y la producción de narcóticos,
a poca distancia en auto de la capital del estado, y cerca de autopistas en
dirección norte, hacia Tampico y la frontera con Estados Unidos.
La ciudad está controlada por el Cartel Jalisco Nueva
Generación (CJNG), que tiene allí una instalación de producción para la elaboración
de metanfetaminas, según una investigación de Televisa.
Desde allí, las drogas se despachan hacia el puerto de
Veracruz para su venta en el exterior, o bien directamente hacia Estados
Unidos.
El CJNG parece tener especial interés en mantener el control
de Misantla. Después de que se denunciara la muerte de tres miembros del grupo
a manos de la policía en marzo de 2019, otros de sus integrantes organizaron
bloqueos a lo largo de la importante vía de Córdoba hacia Veracruz, quemaron
camiones y dispararon contra la policía, dejando un saldo de al menos un
muerto.
La ciudad se ganó a un alto precio. Misantla era
anteriormente un centro de operaciones de importancia para Los Zetas, antes de
que estos fueran expulsados de Veracruz por el CJNG de manera violenta.
Aunque nadie se ha atribuido la autoría del homicidio de
Gutiérrez, varios homicidios ocurridos este año han sucedido en poblaciones
controladas por el grupo.
En marzo, el candidato a la alcaldía José Melquiades Vázquez
Lucas fue asesinado a las afueras de un edificio municipal en La Perla,
Veracruz. El gobernador del estado culpó de la muerte al crimen organizado,
pues el CJNG tiene un amplio control en La Perla, donde incluso distribuyó
paquetes con alimentos durante la pandemia del COVID-19.
En febrero, la exalcaldesa de Cosoleacaque Gladys Merlín y su
hija, Carla Enríquez Merlín, quien planeaba postularse para la alcaldía del
municipio, fueron abaleadas en su casa. Como en el caso anterior, la zona ha
sido base de operaciones del CJNG.
Y los criminales parecen tener poco temor a las represalias.
Gran parte de la violencia ha incluido ataques sorpresa por parte de pistoleros
enmascarados al volante de autos o motocicletas, quienes disparan a los
políticos a plena luz del día.
Es difícil culpar de estas acciones al CJNG solamente.
Veracruz se ha convertido en un campo de batalla en los últimos años, debido al
conflicto entre el cartel más poderoso de México y Los Zetas Vieja Escuela, una
disidencia de Los Zetas que intenta reclamar el territorio que controlaban.
El centro y sur de Veracruz, donde el CJNG y Los Zetas Vieja
Escuela se han estado disputando el control, representa la abrumadora mayoría
de homicidios de políticos. InSight Crime halló que, de los candidatos y
funcionarios en campaña de reelección muertos en Veracruz desde 2019, todos
fueron asesinados en ciudades con presencia directa registrada del CJNG, o
cerca de las zonas bajo su control.
MEJOR COLABORAR QUE MORIR
Por supuesto, como lo mostró el informe de Etellekt, la
mayoría de los candidatos no son asesinados, sino más bien amenazados. Un
candidato en el municipio de Carlos A. Carrillo, Onán Hernández López, dijo que
recibió mensajes en los que le advertían que se retirara de la contienda. En
otros municipios, hombres enmascarados han disparado al frente de las casas de
los candidatos.
“El crimen organizado ha tenido una influencia decisiva en el
proceso electoral por medio de la violencia y las amenazas, hasta el punto de
que muchos candidatos han dejado de hacer campaña o se han retirado”, declaró
en un comunicado el Partido de la Revolución Democrática (PRD) el pasado mes de
mayo.
Y para quienes siguen en campaña, es obviamente provechoso
cooperar con los grupos criminales en lugar de oponerse a ellos. Por largo
tiempo, las autoridades han advertido sobre la influencia política que detentan
el CJNG y otros grupos criminales en Veracruz.
"Hoy en día, la mayor parte [de Veracruz] está bajo el
control del CJNG [...]. Ellos tienen todos los comandantes de policía a su
disposición y obviamente esta estructura va a financiar candidatos", dijo
el investigador sobre el crimen Ricardo Ravelo en una entrevista con los medios
mexicanos en abril pasado.
Sin nombrar a ningún funcionario en específico, grupos de
derechos humanos y periodistas han señalado a los gobiernos locales de
Coatzacoalcos, Papantla, Poza Rica, Las Choapas, Tezonapa y Córdoba de tener
vínculos con el CJNG y grupos ligados a Los Zetas.
El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, anunció
que se están tomando medidas para mejorar la seguridad, incluido el
fortalecimiento de la vigilancia en las jurisdicciones que celebran elecciones.
Pero hay 212 alcaldías que serán tomadas en Veracruz en estas elecciones de
mitad de mandato, además de 50 diputados, y se está viendo que es prácticamente
imposible protegerlos a todos.
Es más, a menos de una semana del pronunciamiento de García
Jiménez sobre la violencia, enmascarados en Chalma emboscaron al candidato a la
alcaldía Fernando Argüelles, y lo golpearon tanto que él y su conductor
debieron ser llevados al hospital.
VERACRUZ, OBJETIVO PRIMORDIAL DEL CRIMEN
Cuando los grupos criminales mexicanos persiguen a candidatos
políticos, por lo general tratan de intimidarlos para que trabajen con ellos o,
si eso no funciona, sacarlos de la contienda. Aunque eso está sucediendo en
cierta medida en todos los estados del país, Veracruz es especialmente propicio
para esto por diferentes razones.
En primer lugar, el estado tiene un atractivo especial por su
ubicación geográfica para ejercer operaciones criminales. Es largo y estrecho,
y toca otros siete estados que conectan el sur de México con Tamaulipas, la
parada final antes del ingreso de narcóticos, contrabando y migrantes a Estados
Unidos. Sus sólidas industrias de café y ganado, entre otros sectores
agrícolas, ofrecen oportunidades de lavado de dinero y extorsión de residentes.
Y sus puertos marítimos traen cargamentos internacionales de mercancías
legales, además de químicos precursores para la producción de drogas
sintéticas.
En segundo lugar, es corriente que grupos criminales y
políticos hagan acuerdos a puerta cerrada para poder operar. El problema se
remonta a comienzos de la década de 2000, cuando la administración del entonces
gobernador Fidel Herrera le permitió el ingreso al estado a un grupo criminal
(que con el tiempo llegaría a convertirse en Los Zetas), si estos acordaban
hacer contribuciones a las campañas de algunos candidatos.
Su sucesor, Javier Duarte, ayudó a cerrar nuevos acuerdos con
Los Zetas y a obstruir numerosas investigaciones sobre homicidios y secuestros.
Duarte, quien pasaría a ser un fugitivo de fama mundial, supervisó la
destrucción sistemática del gobierno de Veracruz, hasta convertirlo en una
operación criminal que, entre otras cosas, malversó millones de dólares.
Sus sucesores en la gobernación han intentado darle la vuelta
a la corrupción, para lo cual han creado incluso una "Comisión de la
Verdad" que documente los delitos cometidos durante las administraciones
de Herrera y Duarte, a la vez que refuerzan la rendición de cuentas de los
futuros gobiernos. Pero no han logrado erradicar el problema a nivel local, lo
que lleva a que la policía municipal, entre otros servidores públicos, sigan
trabajando de la mano de los grupos criminales. Eso podría explicar por qué la
mayor parte de la violencia ha arrastrado a candidatos municipales. Los grupos
criminales deben asegurarse de que quien llegue al poder esté dispuesto a
mantener el estado de cosas.
En tercer lugar, años de corrupción han contribuido a
fomentar la fragmentación política, lo que les facilita a los grupos criminales
apoderarse de gobiernos débiles, y que los gobiernos busquen la ayuda de los
grupos criminales.
Durante años, Veracruz fue una plaza fuerte del Partido
Revolucionario Institucional (PRI). Pero desde la destitución de Duarte en
2016, la gobernación del estado ha rotado entre el PRI, el Partido Acción
Nacional (PAN) y Morena. Los partidos están cada vez menos dispuestos a
colaborar entre sí, lo que implica que se hayan fragmentado los diferentes ámbitos
del gobierno y no siempre coordinen sus esfuerzos contra el crimen organizado.
En 2016, aunque el estado pasaba por una crisis presupuestal
causada por el desfalco de Duarte, el gobierno federal rechazó darle auxilio
financiero, pues adujo que el estado era responsable de su situación
financiera. Mucho de ese dinero puedo haber reemplazado los millones de dólares
que Duarte robó a los gobiernos municipales que los grupos criminales intentan
intimidar hoy.
Lo peor es que estas luchas intestinas en la política ponen a
los candidatos en mayor riesgo de ser atacados.
Es muy fácil culpar a los narcos
Sin embargo, aunque el análisis de los homicidios políticos
en Veracruz apunta a una fuerte participación del CJNG, esa no es la historia
completa.
De los 16 homicidios ocurridos en Veracruz, y registrados por
Etellekt, 11 fueron de partidos opositores al gobierno estatal. Ocho eran
opositores, no candidatos a reelección, y no tenían ningún cargo político al
momento de su asesinato.
En un nuevo proyecto lanzado en junio de 2021, titulado
"Elecciones y violencia en México", Noria Research busca entender
mejor los motivos detrás de la violencia política. La introducción del proyecto
declara que la mayoría de los estudios explican la violencia política y electoral
exclusivamente "mediante un modelo de incentivo criminal", y dejan de
lado "la participación activa o pasiva, la protección, la colaboración o
el patrocinio de políticos […] fuerzas armadas, así como otros actores públicos
o privados".
Es difícil señalar con exactitud por qué los homicidios en
Veracruz fueron perpetrados exclusivamente por grupos criminales o cuál puede
haber sido la participación de funcionarios del gobierno local.
Pero algunos de los muertos tenían conexiones familiares muy
firmes con la política de Veracruz, que se extendía a varias décadas,
administraciones y partidos políticos. Se han conocido muchas teorías sobre los
homicidios, en febrero pasado, de Gladys Merlín Castro, exalcaldesa de
Cosoleacaque, y de su hija, Carla Enríquez Merlín, quien estaba contemplando
lanzarse a las elecciones por la alcaldía local.
Los Merlín Alor habían tenido poder e influencia en
Cosoleacaque, al sur de Veracruz, durante décadas, a lo largo de las cuales
ocuparon cargos políticos importantes, presidieron el sindicato local de
ganaderos y fueron dueños de importantes empresas. Heliodoro Merlín Alor, padre
y abuelo de las dos víctimas, era considerado un cacique, la cabeza de un grupo
conocido como “La Banda de los Merlín". La familia ha soportado una serie
de atentados y secuestros.
A lo largo de la historia, "los principales actores en
la violencia electoral eran profesionales, peleadores callejeros, policías
(sobre todo los municipales), activistas prosindicatos, pistoleros y soldados.
Su función era garantizar la victoria del candidato favorito", como
escribía Paul Gillingham en un compendio reciente sobre la violencia política
en México.
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