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La organización presenta en su más reciente reporte un análisis del sexenio en temas como la libertad de expresión, transparencia y corrupción, problemas que, lejos de desaparecer, como lo prometió López Obrador, se han agudizado.
Por Gloria Leticia Díaz
Martes, 9 de julio de 2024
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
A pesar de ser reconocido como un gobierno que llegó a cambiar el régimen, el de Andrés Manuel López Obrador “no fue capaz de revertir” algunos resabios del autoritarismo, como “la violencia contra la prensa, la discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial y la falta de garantías para el derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad”, sostiene la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19.
En el más reciente reporte, a unos meses de que concluya el gobierno de López Obrador, “Derechos pendientes. Informe sexenal sobre libertad de expresión y derecho a la información en México”, la organización con sede en Londres, Inglaterra, hace una exhaustiva revisión en materia de transparencia y acceso a la información para comunidades indígenas; derecho a la verdad, violencia contra la prensa, derechos digitales y el funcionamiento de las instituciones del Estado mexicano responsables de garantizar los derechos humanos.
Para Artículo 19, “la amenaza, el hostigamiento, la violencia y la impunidad ya no son prácticas heredadas del pasado, sino una realidad lacerante del gobierno que termina”, de manera que en el sexenio de López Obrador “los compromisos respecto a la lucha contra la impunidad y la reducción de la violencia son promesas incumplidas”.
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La organización contabilizó 3 mil 408 agresiones contra la prensa durante la administración de López Obrador, del 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2024, es decir, “un promedio de una agresión cada 14 horas a lo largo del sexenio, e incluye los asesinatos de al menos 46 periodistas y la desaparición de cuatro”.
En su informe, Artículo 19 destaca que si el gobierno de Enrique Peña Nieto, “legó al país un panorama desolador”, con un balance de 2 mil 502 agresiones a la prensa, 47 periodistas asesinados y cuatro desaparecidos, lo que se advierte al concluir la actual administración es que “la violencia no pudo detenerse, por el contrario, hubo un incremento porcentual de 62.13% en las agresiones contra la prensa”.
De las 18 categorías en las que Artículo 19 clasifica las agresiones a la prensa, tres tipos acumulan 58.1% del total, siendo éstas, primero, la intimidación y el hostigamiento, con 880 casos, que representan 25.82% de los registros, y dentro de ésta la subcategoría “campañas de desprestigio”, que alcanzó los 248 casos; segundo, amenazas, con 632, es decir 20.01% del total, dentro de la que aparecen 284 como “amenazas de muerte”; y tercero, uso ilegítimo del poder público, con 432, el equivalente a 12.68%.
A esas agresiones le siguen 342 casos de bloqueo o alteración del contenido (10.04%), 295 ataques físicos (8.66%) y 164 de privación de la libertad (4.81%).
Como sello distintivo del gobierno que concluye, en materia del uso ilegítimo del poder, resalta “la agresión mediante la comunicación oficial”, con 224 casos, que representan 6.57% del total, siendo “una constante que se ha adoptado como algo ‘común’, lo que ha traído consigo una normalización de la violencia”, agudizada cuando “los ataques ocurren de forma constante y cotidiana, y provienen en principio de la tribuna presidencial, pero los repiten todos los niveles de gobierno”.
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En cuanto a los perpetradores, el informe sexenal resalta que se mantiene la dinámica de gobiernos anteriores, de que son funcionarios públicos, conservando el primer lugar, con mil 559 agresiones, que equivalen a 45.75% del total. Por tipo de autoridad, en mil 077 casos, los perpetradores fueron personas funcionarias públicas civiles; en 432, integrantes de fuerzas de seguridad civiles y 45, elementos de fuerzas las armadas.
Le siguen como agresores a individuos o empresas, con 673 casos; integrantes de la delincuencia organizada, con 280 registros; partidos políticos, con 148 casos documentados; en tanto que en 748, Artículo 19 “pudo certificar una agresión contra un integrante del gremio periodístico, pero no fue posible corroborar con certeza quién fue el perpetrador”.
La organización alerta que “si bien el crimen organizado tiene porcentajes de agresión más bajos en comparación con las autoridades, es imprescindible reconocer alianzas entre distintos grupos de poder legal e ilegal para ejercer violencias de manera directa contra las personas periodistas”, lo cual se pudo identificar en los estados de Sinaloa y Yucatán, “donde es claro lo sutil que puede ser la línea para identificar a quienes agreden a la prensa y cómo se entrecruzan los poderes políticos e institucionales con los poderes fácticos”.
En la clasificación de las coberturas de los periodistas agredidos, Artículo 19 alerta de que en este sexenio continuó la tendencia de que quienes cubren corrupción y política son los más violentados, con mil 703 casos, al igual que quienes dan seguimiento a seguridad o nota roja, con 776 agresiones.
Las siguientes fuentes
violentadas fueron derechos humanos, con 379 ataques; protesta y movimientos
sociales con 363; sector privado, 117 agresiones, así como tierra y territorio
con 70 periodistas violentados.
ESTADOS AGRESORES
En el caso de Puebla, donde 37.34% de las agresiones contra la prensa fueron contra mujeres periodistas, el análisis indica que entre las razones que explican la violencia contra la prensa es “por la presencia de grupos de delincuencia organizada y el robo de hidrocarburos”, y que, “con Miguel Barbosa como gobernador, se incrementaron las agresiones y las campañas de desprestigio”, según la opinión de Samantha Páez, de la Red de Periodistas de Puebla, incluida en el informe sexenal, en el apartado “Puebla: violencia al alza”.
En el caso de Quintana Roo, apartado titulado “La prensa, entre la espada y la pared”, Artículo 19 destaca que de 2017 a la fecha “las agresiones a la prensa se incrementaron 500%”, siendo los principales tipos intimidación el hostigamiento y amenazas, en que los principales señalados son autoridades municipales y estatales, seguidos del crimen organizado y particulares, situación que evidencia “el horror que se vive en la entidad debido a los grupos de poder fáctico que agreden a la prensa casi con la misma regularidad que las fuerzas de seguridad encargadas de protegerla”.
De Veracruz, apartado titulado “La prensa frente a la impunidad”, el informe destaca que durante la actual administración cinco de los asesinatos y una desaparición de periodistas ocurrieron en esa entidad, donde “prevalece la permisibilidad para agredir a la prensa”, siendo las coberturas “de alto riesgo no sólo cuando se documentan temas de nota roja, sino también de gobierno”, a decir del fotógrafo independiente Félix Márquez.
SUELDOS PRECARIOS
De la revisión de las condiciones económicas de los periodistas agredidos, la organización resalta que lejos de la versión presidencial de que “hay periodistas que ganan millones de pesos”, Artículo 19 sostiene que lo que prevalece en la prensa es la precariedad, sobre todo entre periodistas agredidos.
En cuanto a las mujeres periodistas que, en el sexenio de López Obrador, fueron agredidas en 979 casos, “enfrentan violencias como la segregación horizontal, salarios menores, techos de cristal, discriminación por funciones como el de cuidadoras, hostigamiento y acoso sexual”.
La organización aborda la situación de la impunidad en las investigaciones sobre agresiones a periodistas, al señalar que la Fiscalía General de la República “afronta graves desafíos para su función de investigar y perseguir delitos contra la liberad de expresión”, y que, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), “se ha mostrado incapaz de hacer investigaciones exhaustivas y diligentes, dejando a los periodistas vulnerables y sin acceso a la justicia”.
Se resalta que “de mil 726 indagatorias de la FEADLE desde su creación a abril de 2024, sólo se reportan 187 sentencias y otras formas de resolución a favor de las víctimas (acuerdos reparatorios, procedimientos abreviados, suspensión condicional del proceso)”, lo cual ha derivado en “impunidad en 89.1% de los casos de violencia contra la prensa”.
Cabe destacar que “la
mayoría de estas sentencias y formas de terminación anticipada se concentran en
autores materiales de los delitos”, sin tomar en cuenta a autores
intelectuales.
TRANSPARENCIA OBSTACULIZADA
El documento destaca que
lejos de la autodenominación del gobierno de López Obrador de ser “de la transparencia”,
durante esta administración el Senado obstaculizó los trabajos del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), al “omitir el nombramiento de tres personas comisionadas”.
Aunado a ello se incrementó
de manera exponencial “el número de impugnaciones por negativas de información
y los recursos de revisión en materia de seguridad nacional (RRSN) interpuestas
por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal contra resoluciones del INAI”.
Prueba de ello son las cien
RRSN en que la Consejería Jurídica de Presidencia interpuso contra el
ordenamiento del INAI para entregar información sobre la compra y autorización
de vacunas contra covid-19, adquisición de software espía, cuestiones del
sector eléctrico y hasta documentos enviados a la Oficina del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) por el Ejecutivo
Federal”.
El informe incluye datos
del INAI que refieren que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto las
dependencias federales “recibieron 42 mil 631 impugnaciones por sus respuestas,
mientras que en el mismo lapso, el actual gobierno recibió 92% más
impugnaciones (82 mil 147)”.
Entre los temas que aborda
el documento, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas, tiene una relevancia sustancial ante la persistencia de
“desafíos y malas prácticas en materia de análisis de riesgo y ejecución de
medidas”, a pesar de tener un crecimiento presupuestal.
Se resalta que “de un
universo de 700 personas beneficiarias, tanto periodistas como defensores de
derechos humanos, en marzo de 2024 se tenía más de 2 mil (un crecimiento de
185.71% de personas beneficiarias)”, situación para la que “a pesar del
crecimiento presupuestal, los fondos de la institución son insuficientes”.
PROMESAS INCUMPLIDAS
En el capítulo “La política
del olvido”, la organización aborda la estrategia del gobierno de Andrés Manuel
López Obrador para ir “diluyendo” del discurso presidencial, y peor aún, de la
atención a víctimas, temas en los que se comprometió como candidato y en el
poder, como el de las desapariciones de personas, tanto de la llamada Guerra
Sucia, como a partir de la declarada “guerra contra el narcotráfico”.
El apartado titulado
“Desapariciones: de las promesas a la negación”, el informe recuerda la promesa
que hizo López Obrador con familiares de personas desaparecidas de colocar el
tema como una de sus prioridades de gobierno, en cuanto a “esfuerzos y los
recursos financieros en materia de acceso a la verdad”, pero al final del
sexenio “hoy prevalece un discurso de negación de la magnitud, continuidad y
agudización de la crisis de desaparición de personas, así como de la crisis
forense”.
Al señalar que “en los
hechos este gobierno se ha caracterizado por tener los mayores índices de
desaparición de personas y por una profundización de la impunidad”, siendo el
periodo en el que “más personas buscadoras han sido asesinadas y
desaparecidas”, Artículo 19 alerta que, “además de la política de negación, se
ha maquinado una de olvido que muestra claros retrocesos en los pequeños
avances obtenidos con la creación de instituciones como la Comisión Nacional de
Búsqueda (CNB) y la publicación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas
y No Localizadas (RNPDNO), entre otras, ante un gobierno que desestima la
relevancia, urgencia y complejidad que implica encontrar a todas las personas
desaparecidas y los cambios estructurales para no ser víctima de desaparición”.
Al resaltar que a abril de
2024, el RNPDNO contabilizaba más de 116 mil registros de personas
desaparecidas desde 1965, de las cuales 44 mil 073 casos ocurrieron durante el
actual gobierno, el informe resalta que a las deficiencias en la aplicación de
la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, en cuanto a la
transparencia, “la CNB está en el ojo del huracán por la manipulación del
RNPDNO, así como la falta de transparencia de las fiscalías, tanto la federal
como las locales, que no han informado sobre sus acciones ni de los resultados
en materia de identificación forense”, sin que a la fecha pueda consultarse el
Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), bajo responsabilidad de la Fiscalía
General de la República (FGR).
Así, el informe cuestiona
el censo tras hacer eco de las manifestaciones de colectivos de familiares de
desaparecidos como el Comité Eureka y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos
en México (MNDM), de “la falta de espacios de participación para las familias”,
Artículo 19 menciona como uno de los retrocesos el “nuevo censo de personas
desaparecidas y la manipulación de los datos” de víctimas, así como el
desmantelamiento del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), con la renuncia de la
comisionada Karla Quintana, el nombramiento de Teresa Reyes, una persona que no
tiene experiencia en búsqueda, como marca la legislación en la materia, la
desaparición del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) y la
cancelación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF).
De acuerdo con Artículo 19,
el censo ordenado por el presidente “careció de transparencia, no se hizo
pública su metodología ni hubo una consulta a las familias y la sociedad,
además de que lo hicieron instituciones que no cuentan con las facultades de
ley para la búsqueda de personas desaparecidas en el país: la Secretaría de
Bienestar y la Secretaría de Gobernación”, aunado a que “se efectuó en un
contexto electoral, lo que se interpreta como un intento de manipular las
cifras de personas desaparecidas, minimizar la gravedad de la situación y
desmentir que el sexenio de López Obrador tiene los mayores índices de
desaparición”.
El censo, presentado en
diciembre de 2023 en una conferencia matutina, sostenía que de las 110 mil 965
personas desaparecidas que en junio del año pasado eran consideradas en el
RNPDNO, “sólo 12 mil 377 estaban confirmadas como desaparecidas”, mientras que
el resto fueron reclasificadas en grupos que no están considerados en la Ley
General en la materia como “no hay información para a búsqueda” (36 mil 022),
“carecen de datos para la identificación” (36 mil 0090), “personas ubicadas”
(17 mil 843) y “personas localizadas” (16 mil 681).
Artículo 19 retoma palabras
de Ana Enamorado, madre de un desaparecido que no aparece en el censo, en el
sentido de que “el mal manejo de los datos contribuye a la revictimización; en
cambio, para el presidente de la República es una forma de demostrar que en su
gobierno no aumentaron los casos de personas desaparecidas”.
Tras abordar el tema de los
más de 52 mil cuerpos sin vida resguardado por instituciones estatales, sin que
exista una coordinación para su identificación, Artículo 19 resalta que durante
el gobierno de López Obrador, al mes de marzo de 2024, se habían documentado
“17 personas buscadoras asesinadas y una desaparecida”, siendo los estados más
riesgosos para las personas buscadoras, por la frecuencia de casos, Guanajuato
(siete), Michoacán y Sonora (tres cada uno), Sinaloa (dos), Puebla, Zacatecas,
Baja California, Morelos, Hidalgo y Guerrero (uno en cada estado).
El informe también da
cuenta de los mecanismos extraordinarios de verdad y memoria creados durante
esta administración, como ocurre con la Comisión para la Verdad y el Acceso a
la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ), en diciembre de 2018, y la Comisión para
el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impuso a la Justicia
de las Violaciones Graves a Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990 (CoVEH),
en octubre de 2021.
En ambos casos, en los
decretos presidenciales que les dieron vida se instruye a todas las
dependencias a proporcionar a los integrantes de las comisiones información
necesaria para llegar a la verdad. Sin embargo, con lo que se han topado los
investigadores y las víctimas es con la negativa de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) y de organismos de seguridad, como el Centro Nacional de
Inteligencia (CNI), para entregar información.
AYOTZINAPA
En el caso de Ayotzinapa,
el documento cita información publicada por la revista Proceso, el 31 de mayo
de 2024, que revela que la dependencia “siguió una estrategia que confirma el
pacto de silencio e impunidad para ocultar la información sobre lo ocurrido con
los 43 normalistas en la llamada Noche de Iguala”, el 26 de septiembre de 2014.
En cuanto al CoVEH,
Artículo 19 recuerda que dos informes preliminares emitidos tienen que ver con
las dificultades para obtener información de la Sedena y del CNI, situación que
“infringe los marcos legales en la materia”.
La organización reconoce
que si bien este sexenio se distinguió por destinar un monto muy importante de
recursos públicos a programas sociales e incluirlos en la Constitución como
derechos desde 2020, contrario al discurso “primero los pobres”, la
transparencia no acompañó esa política asistencial.
En su informe, Artículo 19
revisa uno de los programas emblema de la Secretaría del Bienestar, el de
Sembrando Vida (PSV), que recibió “la segunda mayor partida del presupuesto”,
con un monto superior a los 139 mil 475 millones de pesos en los primeros cinco
años de gobierno, alertando en los portales de internet oficiales, “opacidad de
la Secretaría de Bienestar en el suministro de información amplia sobre
distintos aspectos del programa (...) contraviniendo el principio de máxima
publicidad establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública”.
AYOTZINAPA. AÚN SIN JUSTICIA.
El documento incluye el balance que hizo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de este programa, aplicado entre los años 2019 a 2022, detectando “algunas ausencias, vacíos y sesgos metodológicos en el diseño y ejecución del programa”, lo que coincide con las consideraciones de Artículo 19 de que documentos básicos como las reglas de operación no están disponibles, como tampoco “los requisitos que deben cumplir las personas beneficiarias”; la documentación que está subida en las páginas es muy técnica y redactada en español, por lo que las comunidades indígenas “dependen de la llegada de funcionarios públicos para obtener información de primera mano y en lenguas originarias”; no hay forma de tener “conocimiento sobre la demanda y capacidad de atención del PSV”, ni siquiera cuáles son los criterios de selección de los beneficiarios.
Aunado a ello, el PSV “promueve la deforestación y la erosión del suelo”, ya que “con su aplicación se han perdido alrededor de 72 mil 830 hectáreas, porque para acceder a los beneficios algunos propietarios deforestan sus terrenos para cumplir los requisitos”.
En su informe sexenal, Artículo 19 hace también una revisión de la política ambiental destacando “la falta de actualización periódica de la información sobre planes, acciones y seguimiento de los instrumentos en materia de cambio climático”, pese a los convenios internacionales firmados por México en la materia.
Asimismo, la organización analizó el tratamiento en materia de “prevención, respuesta de auxilio, reconstrucción y funcionalidad del sistema de riesgos, en relación con el derecho a la información y la capacidad de atención del gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales” en los casos de los huracanes Eta (Chiapas, 2020), Agatha (Oaxaca, 2022) y Otis (Acapulco, Guerrero, 2023)
El amplísimo documento, de casi 250 fojas, aborda también temas como “La batalla por el control del internet”, en el que desmiente la versión oficial de que 94.7% de la población “ya contaba con cobertura de internet”, persistiendo una “brecha digital” motivada por altos costos, falta de acceso a dispositivos, ignorancia sobre su funcionamiento o el despliegue de infraestructura deficiente o insegura”.
Asimismo se aborda “la
erosión institucional”, referida al desdibujamiento del “esquema institucional
del Estado mexicano encargado de la atención a víctimas de delitos y
violaciones a derechos humanos” durante este sexenio, de manera que “continúan
viejas prácticas y prevalece la falta de justicia para las víctimas, cuya
realidad es similar a la padecida durante los gobiernos anteriores”,
registrándose un proceso de “debilitamiento, la cooptación y erosión de las
instituciones”.
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